Una plaza de parking por 185.000 euros: la disparatada oferta de una inmobiliaria en Palma

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Los garajes a cubierto ya tienen un valor parecido en Palma que una vivienda familiar situada en una capital de provincia de la España vaciada y, por tanto, mucho menos turística. Basta un rastreo rápido por las webs de los principales portales inmobiliarios para comprobarlo. Hay, en concreto, una plaza en la capital mallorquina que cuesta lo mismo que un piso de 110 metros cuadrados en el centro histórico de Cáceres: 185.000 euros.
Ese es el precio de un anuncio que está colgado en el cristal de la oficina de una inmobiliaria situada en la Plaça des Fortí: hasta hace una década, el epicentro de un barrio de clase media, y, desde entonces, uno de los puntos de fricción entre la Palma turística y la residencial. Aunque su término es grande (200 kilómetros cuadrados, más del doble que la isla de Formentera), en el cogollo del octavo municipio más grande del país nada está demasiado lejos. La plaza de garaje que se anuncia en el escaparate de la inmobiliaria queda a un cuarto de hora a pie. Concretamente, en Jaume III, “frente al Corte Inglés” y en “un edificio de alto standing”.
Desde que se abrió al tráfico en la posguerra, esta avenida con nombre de rey ha sido un bastión de la alta burguesía palmesana. Una gran vía. Cualquier mallorquín sabe que es la milla de oro de su capital insular. A cualquier forastero al que le guste observar tampoco le costaría demasiado esfuerzo constatarlo. Además de los grandes almacenes más famosos de España, boutiques, franquicias, y placas de despachos de arquitectura, bufetes de abogados, notarías. Sin embargo, la plaza no encuentra comprador pese a estos supuestos atractivos, tal y como ha comprobado elDiario.es.
El anuncio ya estaba colgado en febrero y, de momento, ninguna fortuna ha creído razonable pagar los 9.893 euros por metro cuadrado (la plaza tiene algo menos de veinte) que pide el vendedor por un garaje que permite aparcar sin rayones “coches grandes, estilo Porsche Cayenne o Mercedes GLA”. En la oficina prefieren “no dar detalles de los planes del vendedor, por confidencialidad”.
Menos de 10.000 euros, sólo aparcamientos para motos
Este caso no es una excepción, sino el más llamativo de una burbuja que también está convirtiendo en un lujo el aparcamiento bajo techo. En la periferia de la capital de Balears, los garajes a la venta superan los 20.000 euros. Si una plaza llama la atención por valer menos de la mitad hay que fijarse en la letra pequeña: los dobles dígitos son para un coche; los dígitos simples, para una moto.
El precio de los garajes aumenta poco a poco según el rastreo va acercándose a las avenidas que delimitan el antiguo casco amurallado de Palma. Intramuros, el valor del aparcamiento subterráneo se multiplica exponencialmente. La norma que dicta el mercado es que, en pleno centro palmesano, una plaza cueste más de 100.000 euros. Una zona de algo más de dos kilómetros cuadrados que, desde el 1 de enero y hasta 2030, irá restringiendo cada vez más la circulación y el estacionamiento de vehículos a motor.
El efecto en unos barrios cada vez más exclusivos también podría notarse en los garajes, tan escasos al tratarse de fincas muy antiguas (muchas, construidas hace más de un siglo) que apenas se ofertan en alquiler. Para arrendar una plaza las opciones llevan a los barrios que rodean las avenidas de Palma y, allí, el coste mensual no baja de los 200 euros. Varios anuncios animan a invertir entre medio millón y un millón y algo en grandes cocheras (treinta, cuarenta, cincuenta plazas) porque el negocio es evidente.
La DGT aportó en 2023 un dato que puede relacionarse con especulación rampante de los parkings: en las Illes Balears hay actualmente 986 vehículos por cada 1.000 habitantes. Casi un diez por ciento del parque móvil, es la flota legal de alquiler, que ha crecido en paralelo al número de turistas. Actualmente, más de 18 millones cada año: aproximadamente, la misma cantidad de personas que visitó el archipiélago entre 1960 y 1973, la década larga del boom turístico. Una avalancha humana que, además de abrir una brecha insalvable entre quien posee garaje y quien no, se ha convertido en tema de conversación.
El problema para aparcar
El verano pasado, una canción de dos músicos mallorquines –la banda Xanguito y Tomeu Penya, veterano del country catalán– pusieron de moda unos versos que describen qué le ocurre de mayo a octubre a quien conduce desde los pueblos de la Part Forana hasta el centro de la ciudad: “Duc mitja hora fent voltes per Palma, i encara no he trobat aparcament” (que tiene una traducción fácil y literal al castellano: llevo media hora dando vueltas por Palma, y todavía no he encontrado aparcamiento).
Los garajes, por tanto, se han convertido en la prolongación de la avaricia inmobiliaria que ahoga a un porcentaje cada vez más grande de la ciudadanía balear. Uno de los últimos estudios –el barómetro elaborado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos– constató que el archipiélago sigue siendo la comunidad autónoma donde los alquileres son más caros. Casi 1.650 euros de media: más de tres cuartas partes de los ingresos de un ciudadano tipo se van a pagar el alquiler si vive solo y no dispone de ayuda familiar. Lo mismo que en Barcelona, algo más que en Madrid. El efecto de los capitales extranjeros sobre Menorca, Mallorca, Eivissa y Formentera son evidentes: de cada tres transacciones inmobiliarias, una la firma una persona que no tiene pasaporte español (alemanes, británicos, daneses, suecos, holandeses…). El doble que la media nacional.
Esos datos se conocieron a principios de abril, días después de que apenas 3.500 personas se manifestaran en Palma para reclamar que el derecho a un hogar digno (recogido en la Constitución) se cumpla en Balears y días antes de que el Parlament rechazara –votos en contra de PP y VOX, votos a favor del resto de grupos– una moción presentada por Unides Podem para declarar todos los municipios de las cuatro islas como zona tensionada. En la misma sesión parlamentaria, el Govern de Marga Prohens sacó adelante un decreto que permitirá recalificar como urbanos las parcelas rústicas que se encuentren en la periferia de la quincena de municipios de las Illes Balears que tienen más de 20.000 habitantes. El apoyo de los diputados de ultraderecha fue esencial para permitir que se siga construyendo en un territorio finito que, en lo que va de siglo, ha aumentado un tercio su población mientras se desplomaba el PIB per cápita.
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