El Gobierno da 10 días a las comunidades del PP para actualizar cifras de menores migrantes tras otra reunión fallida

El pronóstico se cumplió y la reunión de este lunes por la tarde de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia entre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y los consejeros responsables de la materia en las comunidades autónomas ha mostrado el desacuerdo patente entre los Gobiernos regionales del PP y el Ejecutivo central para pactar un reparto de los menores extranjeros no acompañados por el territorio del país. “Han traído cero propuestas”, ha afeado Rego al término del encuentro, y además ha emplazado a las comunidades reacias a actualizar las cifras de menores que acogen a que lo hagan en el plazo de 10 días.

El real decreto-ley con el que el Gobierno modificó la Ley de Extranjería, convalidado por el Congreso a principios de abril con la oposición de PP y Vox, “está vigente y se va a aplicar”, dijo Rego, por mucho que las comunidades del PP aduzcan que es inconstitucional.

Las expectativas de llegar a un acuerdo eran bajas, y más tras oír a la consejera madrileña, Ana Dávila, que antes de entrar en la reunión, ejerciendo de portavoz de los gobiernos de los populares, marcó distancias con el Ejecutivo estatal en términos muy bruscos. Todo es una “treta” de Pedro Sánchez y el “prófugo” Carles Puigdemont, únicos beneficiarios, a su entender, del cambio legal. Dávila y el PP entienden que los datos según los cuales Catalunya ha realizado un mayor esfuerzo que otras comunidades —Madrid entre ellas— y, por tanto, no debiera ser ahora de las que asuma la acogida de un número proporcionalmente mayor de niños es “inventado”.

“En este momento tenemos la oportunidad, porque [este] es un espacio de colaboración y de diálogo”, había rogado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, antes de entrar en la reunión. Pero tras cuatro horas de sesión ha expresado su frustración porque el debate hubiese sido meramente procedimental, “pero sin entrar en materia”.

Así y todo, la ministra ha dicho que está abierta a convocar una nueva conferencia en la que sí se planteen modificaciones de los criterios del decreto-ley que permitan alterar “ligeramente” los que figuran en la norma, pero ha insistido: “Vamos a tener 10 días para tener las cifras y en 10 días en el Ministerio vamos a establecer la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de cada uno de los territorios y a partir de ahí podremos hacer una propuesta que, extrapolando a los criterios que están vigentes, [...] nos va a dar el número de niños y niñas que deberán ir a cada territorio [...] La cosa no se para”.

Se sabía que las cifras concretas sobre las que se debía discutir en el encuentro de hoy la iban a cuestionar los gobiernos del PP. El debate se anticipaba complicado, además, tanto por la complejidad de la fórmula para el cálculo como por la falta de datos actualizados y precisos sobre el número máximo de menores extranjeros atendidos por cada comunidad y sobre las plazas que conforman sus respectivos sistemas de acogida. Pero en la práctica no se ha llegado a hablar de cifras.

Este patente rechazo verbal se suma al legal, pues varias de las comunidades gobernadas por el PP han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto que modificó el reglamento y las que no lo han hecho están a punto de hacerlo, según la consejera madrileña.

El PP criticó por “ilegal” incluso la convocatoria de la misma conferencia, por haberse realizado por vía extraordinaria, un extremo que molesta a Rego, quien, también antes de entrar en la reunión, achacó los desacuerdos a la falta de “voluntad política”, más que a la ausencia de información sobre cifras y calendarios. En ese sentido, señaló que el Gobierno sigo pensando que los primeros trasladados se realizarán en verano y que no caben retrasos por hipotéticos defectos de forma. “El reglamento de la propia conferencia sectorial contempla la posibilidad de hacer convocatorias extraordinarias y, lógicamente, todo esto está avalado por el cuerpo jurídico del gobierno”, insistió.

Después de más de un año de negociación política infructuosa entre partidos para pactar un reparto, fracasados los intentos de consensuar fórmulas voluntarias y ante el vaivén de cifras entre administraciones, la ministra expresó frustración con las pegas del PP, al que cree condicionado por la aritmética de sus pactos con Vox. “Da la sensación de que el vínculo o la relación que pueda tener el Partido Popular con la extrema derecha está condicionando profundamente la posibilidad de desatascar el trabajo y poner una solución”, ha censurado, si bien ha reiterado que mantiene “la mano tendida” para introducir matices a los criterios actuales.

Tal y como establece la norma modificada, la cantidad de niños que corresponderá a cada región dependerá de criterios poblacionales y económicos —número de habitantes, renta per cápita, porcentaje de paro, insularidad o territorio fronterizo, etcétera—, pero también de lo que el Gobierno central llama el “esfuerzo previo de acogida”. Y, para calcularlo, no contará el porcentaje de ocupación de su actual sistema de acogida, sino la proporción de las plazas ocupadas en comparación con el número ideal de camas con el que “debería” contar el sistema de acogida autonómico, establecido por el Gobierno en función de la población. Actualmente, ese ratio estaría en una plaza por 2.500 habitantes, según la última proyección del Ministerio de Infancia. 

Canarias lamenta el “paso atrás”

La crisis de acogida que experimenta Canarias supone que el Gobierno insular tenga menos ánimo conciliador que el estatal, según ha dejado de manifiesto la consejera de Bienestar, Candelaria Delgado. “Nos ha dejado preocupados que la ministra haga referencia a que se va a hacer una nueva convocatoria [...] Eso significa unos dos meses por si procede aprobar nuevos criterios aparte de los que están aprobados en el real decreto. A mí eso me deja una sensación de que no hemos avanzado nada. De que hoy [...] hemos dado un paso atrás”, ha lamentado.

La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo, no quiso entrar, por su parte, en analizar los “exabruptos” y el “ruido” de los gobiernos que “ponen palos en las ruedas de un reparto ágil, automático y justo” que dé una respuesta a los 5.000 menores que [...] están en unas condiciones que no son adecuadas“ en Canarias, pero sí defendió, en contra de las dudas que plantea Madrid, que los datos de acogida de la Generalitat están ”corroborados“.