El Gobierno afronta otra votación al límite para aprobar las medidas antiaranceles tras el portazo del PP

El Gobierno volverá a echar cuentas hasta el último minuto y cruzará los dedos para que no extravíe ningún voto este jueves en el Congreso, cuando la mayoría de la Cámara debe convalidar el real decreto de ayudas económicas frente a los aranceles de Donald Trump. En concreto, un plan de 14.000 millones de euros destinado a dotar de herramientas al tejido productivo español para amortiguar las consecuencias de la guerra comercial emprendida por Estados Unidos. A pesar del llamamiento de Pedro Sánchez, que este lunes tendió la mano a la oposición y pidió al conjunto de grupos “que den la cara por su país, por sus empresas y por sus trabajadores”, el portazo del PP aboca al Ejecutivo a sustentarse, una vez más, en el alambre de su mayoría de investidura.

Después de semanas de negociación entre el Ministerio de Economía y el principal partido de la oposición, el presidente volvió a apelar a los de Feijóo en un último intento de acercamiento. “Hasta ahora no hemos contado con una oposición constructiva. Veremos si el jueves es diferente. De hecho, el Gobierno de España quiere trabajar para que eso sea así”, dijo Sánchez durante su intervención en el Cercle d'Economia de Barcelona. Pero la expectativa de un acercamiento acuerdo se difuminó pronto.

Porque el PP rompió su habitual estrategia y anunció su posición en la votación con varios días de antelación. Los de Feijóo gustan de esconder el sentido de su voto para no facilitar al Gobierno reunir los apoyos que necesita, pero esta vez optaron por marcar distancia con el Ejecutivo y pasar al ataque a cuenta de dos sucesos consecutivos que ponen el foco sobre la gestión gubernamental: el apagón de hace una semana y el caos ferroviario de este domingo.

El encargado de anunciarlo fue el vicesecretario económico, Juan Bravo, este lunes. “Si el Gobierno no quiere aceptar las propuestas que hace el PP, evidentemente no va a contar con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo”, dijo en una rueda de prensa en la que tanto él como el portavoz nacional, Borja Sémper, arremetió contra el Gobierno por su gestión del apagón y del caos ferroviario.

Bravo se reunió la semana pasada con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y ya entonces dejó caer que el PP no iba a apoyar al Gobierno en la convalidación del decreto, aunque dejó la puerta abierta a la abstención. Desde el primer partido de la oposición se ha exigido que el Ejecutivo asuma su propio plan arancelario para apoyar los 14.000 millones que recoge el decreto del Gobierno. “Después de 23 días nos llamaron y el Gobierno decidió que nuestras propuestas no le parecían adecuadas”, se lamentó Bravo.

Un plan, el de Feijóo, sin apenas novedades: bajar impuestos y cotizaciones sociales a las empresas. Pero, además, el PP introdujo una cuestión relativamente ajena al asunto de los aranceles, o al menos sin relación directa clara: la prolongación de la vida de las centrales nucleares.

La defensa de la energía nuclear forma parte del ADN del PP, y de hecho lo ha planteado en múltiples ocasiones en diferentes iniciativas parlamentarias, alguna de las cuales ha recibido amplios apoyos de otros grupos. Pero la apuesta se ha redoblado tras el apagón del 28 de abril, cuando Feijóo pidió cancelar el calendario de cierre de las centrales alimentadas con uranio. “Necesitamos energía de respaldo”, dijo, para “no solo depender de la energía renovable”. “Las centrales nucleares son verdes, de cero emisiones y ningún país las está cerrando”, zanjó.

En mitad de las críticas por el apagón o por el sabotaje ferroviario que afectó a 30 trenes y unos 10.700 viajeros y tras el portazo al decreto, el PSOE calificó al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “carroñero” por tratar de “aprovecharse” de los cortes del servicio del tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. “El carroñero político es una especie que siempre aparece para aprovecharse de los males ajenos y tratar de mejorar su triturada imagen pública”, señalaron en un comunicado.

La postura de los socios

En su día, el PSOE ya cerró con Junts una disposición adicional en el texto del decreto para garantizar que las ayudas serían proporcionales al volumen de exportaciones de las empresas. Algo que le sirvió al Gobierno para atar esos siete votos y a los de Puigdemont para apuntarse el polémico tanto de que corresponderían a Catalunya una cuarta parte del montante total de 14.000 millones. Pero la duda quedó, entonces, en la postura que pudiera adoptar Podemos.

Los de Ione Belarra despejaron ya esa incógnita este lunes y confirmaron que “como mínimo” se abstendrán en la votación del real decreto del Gobierno para proteger a las empresas españolas ante la amenaza de los aranceles de Estados Unidos, aunque lo hace entre duras críticas tanto al Ejecutivo como al propio plan. 

“El Gobierno presenta un decreto de aranceles que no sirve para nada, que no será útil para proteger nuestro tejido productivo, ni a los trabajadores y trabajadoras. Al contrario, cumpliendo con el rearme que ordena Trump hacen a España más dependiente de EEUU”, criticó la secretaria general del partido, Ione Belarra, en un mensaje en sus redes sociales. 

El paso de la abstención al ‘sí’ parece un camino más difícil de transitar a tenor de la exigencia de Podemos, que anuncia que apoyarían el texto solo en el caso de que el Gobierno expropie las viviendas de los fondos buitre norteamericanos en España, “para darle a Trump donde le duele -en su dinero- y empezar a resolver el problema real de nuestro país: la vivienda”.

En cualquier caso, la abstención de Podemos facilita las cosas al Ejecutivo para sacar adelante el Plan, que sin el apoyo del PP debe reunir los votos de todo el bloque de investidura. De ese bloque falta por confirmar, tan solo, el sentido del voto del Bloque Nacionalista Galego, cuyo voto a favor resulta imprescindible. Aunque los de Néstor Rego, en conversaciones con el PSOE, aseguran que aún discuten de puertas hacia adentro cuál será su postura, nadie en las filas del Ejecutivo espera que ni el escaño del BNG ni el de José Luis Ábalos (en el Grupo Mixto desde su ruptura con los socialistas por el escándalo del 'caso Koldo'), pongan en riesgo la viabilidad de las medidas.

Según cifras del Ejecutivo, el Plan alcanza la cifra de los 14.100 millones de euros en ayudas, de los que 7.400 serán de nueva financiación y 6.700 de instrumentos ya existentes. Oficialmente, el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial busca “ofrecer una red de seguridad e impulsar la transformación industrial y la internacionalización de nuestras empresas”. Un escudo con tres ejes.

El primero, “una red de protección” con una línea ICO de avales, de 5.000 millones, que se activa “para que fluya el crédito a través de las entidades financieras” a los sectores afectados por la guerra comercial. Esta primera parte suma una línea ICO de financiación, por 1.000 millones, la renovación del Plan MOVES III por 400 millones, la creación del fondo de inversión industrial productiva por 200 millones y el mecanismo RED.

El segundo eje activa “instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización por 720 millones”. Además, diseña coberturas de 2.000 millones a través de las instituciones CESCE y CARI. Por último, despliega el plan ICEX de internacionalización con fondos del Plan Recuperación (5.000 millones).

El tercer eje es “la dimensión UE”, con la respuesta arancelaria, de la que este lunes se conocieron algunos detalles. El impulso de un nuevo fondo europeo, financiado con los propios aranceles. Y, por otro lado, el ministro de Economía ha incidido en el apoyo a negociaciones comerciales para reforzar nuevos mercados, “con prioridad en Mercosur, China o India, y, al mismo tiempo, para impulsar el mercado interno.