El IVC elimina el servicio de documentación de À Punt y obliga a los trabajadores a centrarse en digitalizar los archivos de la extinta Canal 9

Declaraciones de Mazón, el apagón nacional sin precedentes o conexiones en directo que no han salido a la luz son algunos de los materiales audiovisuales que desde el pasado 15 de abril no se han podido catalogar ni analizar por el servicio de documentación de À Punt, una especie de hemeroteca digital e histórica que nació en 1988, un año antes de la creación de la ya extinta RTVV, conocida popularmente como Canal 9, la cadena valenciana cerrada por el que fue presidente del Consell en 2013, Alberto Fabra.

El equipo que forma parte de esta área encargada de preservar el patrimonio audiovisual y sonoro valenciano trabajan en las instalaciones del la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (Cacvsa) en Burjassot bajo un convenio de colaboración entre el Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), caducado desde 2022, que les permitía digitalizar los archivos históricos de la RTVV y clasificar los materiales de À Punt.

“Se iba a prorrogar otros cuatro años más, pero desde el IVC han puesto siempre pegas”, confiesan los propios empleados, quienes dependen de este organismo y cuyo contrato les permitía seguir ocupando el espacio de la televisión autonómica.

Ahora, el director del IVC, Álvaro López-Jamar Caballero, ha recortado parte de la plantilla, dejando 8 de los 15 documentalistas, “con la excusa de que son compañeros que han estabilizado sus plazas y que deben estar en sedes oficiales del IVC”, considerando así que À Punt no lo es, tal y como explican desde el equipo de documentación.

“Las directrices que nos han mandado es que nos centremos en la digitalización del archivo de Canal 9 y dejemos de catalogar los de À Punt”, concretan. En este sentido, añaden que no entienden por qué han tenido que reducir empleados y asignarlos en tareas no especializadas, como bibliotecarios o recepcionistas, “cuando el 40% de los archivos de Canal 9 siguen sin catalogarse”, tarea en la que quieren que se centren exclusivamente.

Y es que, aunque haya archivos que entran de forma automática en los servidores, el papel de los documentalistas es clave a la hora de catalogar y analizar estos fondos para poder montar una pieza informativa en la que los periodistas necesiten “planos específicos o declaraciones de algún dirigente político” en una fecha determinada y con las palabras exactas que se necesiten. Una tarea que será difícil de asumir ahora que este servicio ha sido suprimido a petición del IVC. “Lo que hoy es noticia, mañana es historia”, recuerdan.

Según fuentes de Cultura consultadas por este medio, los siete trabajadores “han estabilizado su plaza”, lo que les obliga a incorporarse a su puesto de trabajo en el IVC. Además, insisten en que el trabajo de los documentalistas es “la gestión del archivo histórico de Canal 9”, recalcando que los fondos audiovisuales de À Punt, “en tanto no disponga otra cosa el Consell del Audiovisual,” son competencia exclusiva del propio medio público. A su vez, achacan al gobierno del Botànic la no ampliación del convenio en 2022 entre el IVC y la CVMC y “la sustitución por otro”, y confirman estar “explorando todas las vías” para mantener los archivos“.

El fantasma de la gestión de Canal 9

“Es un desastre que los que mandan no sean conscientes que hay que dedicar recursos materiales a un medio de comunicación que crea patrimonio audiovisual y sonoro. Sin estas personas que cataloguen, analicen o planifiquen no tiene sentido”.

Así lo manifiesta Lola Alfonso, exresponsable de Documentación y Archivo d'RTVV, en una entrevista con elDiario.es. Jubilada desde el pasado 20 de diciembre, la experta que ha trabajado 36 años en la antigua televisión pública valenciana, y dos más en À Punt, se muestra indignada por el trato con el que los dirigentes políticos tratan a los técnicos que sostienen estas empresas públicas y velan por la conservación de unos fondos materiales de valor histórico para las futuras generaciones.

En línea similar, Soriano recuerda que en su momento, tuvieron que “pelearse” con la dirección antigua de Canal 9 para tener un equipo de documentación: “En el ERO pudimos salvarnos”. A ello, añade que la situación de los documentalistas está “desamparada”. “Hay materiales que se han creado gracias a archivos de la televisión antigua, como el documental de Guillem Agulló. Ahora hay un 50% de archivos en cita y vídeo pendiente de digitalizar, y en el caso de la radio las cifras aumentan”, destaca, y a su vez, agrega: “Hay aproximadamente más de 70.000 horas de trabajo realizado. 280.000 cintas de vídeo, la mayoría de ellas Betacam, hacen aproximadamente 8km lineales”.

Asimismo, la que fue responsable de este servicio concreta que el 75% del fondo pertenece a la RTVV, mientras que el 25% restante es de la cadena valenciana actual: “Hay 1.9000.000 documentos audiovisuales en el sistema, y 280.000 cintas Betacam. Cada año se descargan casi 6000 horas de imágenes de archivo”.

Preguntada por la posible pérdida audiovisual de la DANA, Soriano asegura que está todo salvaguardado, y que hay cerca de cuatro mil horas registradas de la trágica riada, por lo que no afecta a la causa judicial aún abierta. Sin embargo, la documentalista considera que, sin la descripción de las imágenes, será complicado localizar grabaciones concretas- como un libro o un disco enfangado- cuando los periodistas las soliciten, por ejemplo, “para un tema de cultura”. “El material cuenta ahora con unas características técnicas que en un futuro no podrán leerse sin un equipo que continúe digitalizando y transfiriendo los archivos del pasado a los nuevos formatos”, explica.

En palabras de Soriano, sin ordenadores capaces de almacenar grandes cantidades de datos, y sin un equipo detrás, los fondos audiovisuales de la gota fría y de los meses posteriores a la tragedia- cuando las instituciones autonómicas intentaban eludir sus responsabilidades- “no habrían podido ser archivados”.