La PAH València reclama más vivienda pública: “Queremos que se acojan al derecho del tanteo y retracto”

La PAH ha vuelto a concentrarse frente a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para denunciar un nuevo caso de desahucio “injusto y con una presencia policial desproporcionada” contra Miguel y Marcia, que se suma a los 206.000 registrados en el territorio valenciano desde 2008, según la plataforma. “No han dado ninguna solución a la solicitud de la moratoria hipotecaria de la ley 1/2013, a pesar de que cuentan con un certificado de vulnerabilidad. No han encontrado vivienda asequible en el mercado y no les han ofrecido una residencia del parque público”, ha reclamado Eugeni Albert, miembro de la Asociación Vecinal de Benimaclet y del espacio asociativo CaRevolta.

El pasado 8 de abril un fondo buitre les arrebató el hogar a este matrimonio de 62 y 72 años, quienes residían desde hace más de 30 años en el barrio de Benimaclet. Este último caso de desahucio, agrava, una vez más la problemática estructural de la vivienda en la capital del Túria. Durante la época de la crisis económica, a Marcia la despidieron de su trabajo y con ello, la hipoteca se convirtió en un gasto desorbitado e inasumible. Como consecuencia, tuvieron que negociar con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para no perder su casa a cambio del pago de un alquiler. Posteriormente, el banco Sabadell compró la CAM y vendió su hogar a un fondo buitre de capital extranjero, la CAM9, quien ha adquirido la deuda del matrimonio dejándolos sin un techo. El ictus que sufrió Miguel le hizo perder el trabajo, lo que complicó aún más todo su escenario residencial. “Hemos estado luchando por si nos daban una vivienda en alquiler. No nos han dado una solución. No se puede hacer nada estando en la calle”, ha explicado el afectado a los medios presentes.

Asimismo, desde la plataforma solicitan que la Generalitat expropie forzosamente la banca rescatada y que asuma la titularidad de contratos de alquiler para que se puedan subrogar las familias: “Constatamos como el Gobierno valenciano se niega rotundamente a afrontar la emergencia habitacional”, han manifiestado. Con ello, el secretario autonómico de vivienda, Sebastián Fernández Miralles, les ofreció un albergue donde estaba prohibido traer sus pertenencias y posteriormente se propuso una plaza en una residencia de personas mayores, “la gestión de la cual tardará meses”, según les han trasladado.

José Luis González, portavoz de la PAH, también ha puesto el foco en el derecho de tanteo y retracto al que se pueden acoger los ayuntamientos y la Generalitat, una norma introducida por el consell de Ximo Puig que permite que la Generalitat Valenciana pueda adquirir viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca o edificios completos que fueran a venderse, por ejemplo, a empresas privadas para especular. Una fórmula que siempre ha tenido la negativa del Ejecutivo de Catalá, pero a la que se acogieron para realojar a los vecinos afectados del incendio de Campanar. Una doble vara de medir. “Instamos al Ayuntamiento y a la Generalitat a que se queden con las viviendas con derecho al tanteo y retracto, y si no lo tuvieran, obligar a los grandes tenedores hacer contratos de alquiler, cumpliendo con el artículo 13 de la Ley 3/2023, de 13 de abril, de viviendas colaborativas de la Comunitat Valenciana”, ha destacado el portavoz.

Entre las medidas propuestas, la PAH ha exigido que se paralicen todos los desahucios próximos, que se renueven los contratos de alquiler, y que se deje de mercantilizar con la vivienda, un bien que supone “un derecho, no un privilegio”. Además, también han puesto el foco en la necesidad de ampliar el parque público de viviendas, con medidas como el derecho al tanteo y rectracto y la incorporación de las viviendas de la Sareb: “Queremos que se prioricen las personas por encima del capital”.

“Venimos a denunciar que necesitamos vivienda pública y que no queremos que la Conselleria ayude a que los fondos buitres se queden con nuestras casas y que se impliquen en esta lacra que suponen 11 desahucios al día en el País Valencià, ha asegurado González, quien ha cifrado en 3.610 desahucios el año pasado en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, el portavoz ha manifestado que las promesas de la cartera de vivienda no se han cumplido en ningún momento: “Se reunieron con el secretario autonómico y les dijeron que iban a hacer gestiones con la Conselleria y con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). Sin embargo, no les han ofrecido alternativa y están malviviendo en las casas de quien les acoge. Los servicios sociales y el ayuntamiento les ofrece un albergue, pero eso no es una opción digna. Queremos viviendas públicas para la gente en esta situación”.

El secretario autonómico de vivienda ha dedicado unos minutos para hablar con la plataforma, a quienes les ha ofrecido una sala de máximo ocho personas para reunirse. Sin embargo, el portavoz de la plataforma le ha recordado que ya se han reunido en muchas ocasiones y que siempre terminan sin alternativas, a lo que el segundo titular de la vivienda ha respondido: “Hablamos dentro”. Tras estas palabras, Miralles se ha retirado hacia el edificio de la Conselleria bajo gritos de los afectados quienes le reclamaban que dialogara con ellos en el momento de la concentración.