Oleada de inspectores en los restaurantes okupas que el Ayuntamiento quiere echar de sus dos edificios junto a Callao

El Ayuntamiento de Madrid espera el desalojo de los locales que impiden lanzar un proyecto público sobre dos enormes edificios municipales situados en pleno centro de Madrid. Los dos inmuebles de la plaza María Soledad Torres Acosta deberían formar parte ya del patrimonio público, pero la negativa de cuatro negocios a abandonarlos después de que haya expirado su concesión está complicando esta operación.

Los cuatro negocios (dos restaurantes, un bazar y una papelería) resisten en la plaza sin abonar ni un euro de alquiler al consistorio, como confirmó el Gobierno de Almeida a finales del año pasado. Esta okupación empresarial se extiende ya nueve meses y de momento no parece tener visos de finalización.

Mientras tanto, el área de Urbanismo ha intensificado las inspecciones a los locales okupas. El Buda Feliz, uno de los que se resiste a dejar el local de propiedad pública, recibió una inspección por seguridad alimentaria el pasado 9 de abril. Cinco días después llegó al lugar otra inspección de Sanidad y Consumo, de las que aún no se conoce la resolución.

El otro restaurante implicado, El Lugar de Martina, ha decidido cerrar antes de estas visitas de técnicos municipales, aunque no ha entregado aún las llaves al Ayuntamiento. Por el momento ha dejado carteles en su exterior avisando de que la clausura tiene que ver con “reformas de mejora en el local”, sin avisar fecha de reapertura. Hace unos meses, el restaurante sufrió un procedimiento de disciplina urbanístico y su terraza de 8 mesas y 28 sillas quedó suspendida por las obras en la plaza.

Las inspecciones se han extendido al bazar chino del edificio de enfrente, que ocupa también varios locales ahora municipales que suman 650 metros cuadrados pese a que el 30 de julio pasado perdió el permiso para poder hacerlo. El lugar recibió sendas inspecciones de obras y actividades a cargo de la Agencia de Actividades los días 7 y 8 de abril. Antese había acudido a este espacio una inspección de Sanidad y Consumo los días 20 y 28 de febrero de este mismo año.

También se produjeron inspecciones similares en locales de restauración cercanos a los situados en los edificios municipales, que operan legalmente en otros inmuebles de la zona.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha explicado a Somos Malasaña que el pasado 30 de julio, cuando venció la concesión, el Ayuntamiento hizo una recepción parcial de la concesión. Lo gestionó así al detectar que seguía la ocupación de los locales, por lo que también exigió la entrega de los edificios libres de cargas a la concesionaria, que mantuvo la explotación de este espacio durante más de 50 años.

“El concesionario presentó un recurso contencioso administrativo contra el acta de recepción parcial por entender que no le correspondía a él el desalojo de los edificios”, asegura una portavoz del área, indicando que esta es la razon por la que, pese a los requerimientos, no se ha producido todavía la reversión. “Por tanto, se está a la espera del desalojo de los locales, sin perjuicio de la exigencia de la compensación de los daños y perjuicios que está provocando esta situación”, añade.

El Ayuntamiento de Madrid recibió durante los últimos años una cantidad muy baja por la explotación de los dos edificios que SAMA, la concesionaria, ejercía sobre ambos inmuebles, que suman 10.000 metros cuadrados: solo abonaba 383 euros al mes, como desveló Somos Malasaña en 2022. En los bajos de uno de los edificios se encuentra además la comisaría de Centro Norte de la Policía Municipal, por la que el Ayuntamiento de Madrid no pagaba ningún importe a la anterior concesionaria.