Voto a los 16. ¿Esperar a qué?

Mientras algunos insisten en mirar hacia atrás, la juventud empuja hacia adelante. Y lo hace en un tiempo histórico donde las semillas políticas de la ira han echado raíces profundas. A nivel internacional, asistimos a un preocupante retroceso de derechos, al cuestionamiento de consensos democráticos básicos que parecían inquebrantables desde la Segunda Guerra Mundial. El autoritarismo se expande, y con él, los discursos del miedo, la exclusión y la resignación. Un tipo con apariencia de bufón, pero con método, somete al mundo a sus caprichos con el único objetivo de comerse, junto a sus amigos, más trozo de la tarta. 

En ese contexto, algunos debates pueden parecer menores, pero cualquier avance que amplíe los derechos no es solo un elemento legal; es una declaración política, de principios. La futura Ley de Juventud, en la que trabaja el Ministerio de Juventud e Infancia, quiere ser una herramienta para garantizar derechos, fortalecer la participación democrática y reconocer el papel clave que tiene la juventud, las juventudes como suele citarlas la ministra Sira Rego, en la transformación de nuestras sociedades. 

Hoy, las personas jóvenes están situando en el centro de la mesa los grandes debates globales: la lucha contra el cambio climático, las desigualdades estructurales, la reivindicación de la salud mental como derecho, la exigencia de una política que mire al presente sin hipotecar el futuro (aunque en su día ya decíamos aquello de “Juventud sin Futuro”). 

Frente a quienes desacreditan en las redes —y en los bares— el compromiso juvenil tildándolo de inmadurez, es necesario recordar cosa que parece obvia: si con 16 años se puede trabajar, cotizar, asumir responsabilidades laborales y educativas, también se debe poder votar. La demanda de rebajar la edad de voto a los 16 no es una ocurrencia, es una cuestión de coherencia, de madurez. Y también es una reivindicación histórica de Izquierda Unida. 

Pero esta ley va más allá del sufragio. Hablamos de construir mecanismos estables de participación juvenil, de dar poder real a quienes tantas veces han sido tratados como sujetos pasivos. Las instituciones tienen el deber de abrir espacios de deliberación, de escuchar, de incorporar la mirada joven a las políticas públicas. Porque si queremos una democracia plena, necesitamos que esté habitada por todas las voces, también —y sobre todo— por las de quienes construirán el futuro, desde el presente. Por eso es relevante la incorporación del llamado derecho de las generaciones futuras. Un derecho que proclama que todo diseño político necesita de una planificación a futuro, de una garantía de que su impacto va a ser positivo, una garantía de que dejamos un legado habitable a las futuras generaciones. 

La gente joven está reclamando con fuerza su lugar en el tablero político. La próxima Ley de Juventud, complementaria a leyes como la Ley de Juventud de Euskadi del 2022, debe ser el reflejo de esa exigencia y el compromiso firme del Estado con una generación que no acepta menos que una sociedad más justa, más verde, más libre, más feminista. 

Una democracia fuerte necesita actualizarse, rejuvenecerse. Y eso implica garantizar derechos, no recortarlos; ampliar la participación, no limitarla. En tiempos de retroceso, defender las cuestiones más obvias como pueden ser la libertad o la igualdad puede parecer algo radical. Empecemos por la raíz dando voz y reconociendo el voto a las personas jóvenes.

Por tanto, la mejor respuesta a aquellos que nos dicen que esto no toca o que toca esperar es el impulso de nuevos derechos. Es tiempo de ampliar la base.