Las congregaciones religiosas al cargo de las 'cárceles' franquistas para chicas pedirán perdón a las mujeres internadas

Hace catorce años que Consuelo García del Cid Guerra (Barcelona, 1958) dedica las 24 horas de sus días a investigar y denunciar la existencia del Patronato de Protección a la Mujer. “Me robó media vida y la otra media la he dedicado a contar lo que allí nos hicieron, para que se sepa y sobre todo para que no se repita. Ha sido dificilísimo, hubo momentos en que estuve a punto de tirar la toalla”. Pero no lo hizo. Y aquella adolescente de 17 años, a la que privaron de libertad –sin juicio, sin sentencia, sin condena– en varios reformatorios, ha cumplido la promesa que le hizo a sus compañeras: “El día que yo me despedí les dije ‘Os juro que, aunque pasen 40 años, yo seré escritora y España entera se va a enterar de lo que nos han hecho’”.

En 2020 ya exigía “un perdón público” por lo que ocurrió en esta institución franquista que entre 1941 y 1985 encerraba en centros regentados por congregaciones religiosas a jóvenes que no habían cometido ningún delito. “Excepto pensar por sí mismas o proceder de familias desfavorecidas, ser huérfanas o pobres”, decía Consuelo, que inmediatamente después añadía: “En España esto es impensable. Yo creo que me moriré sin ver ese perdón”. Consuelo se equivocaba. A sus 66 años, va a recibir las disculpas de las órdenes religiosas femeninas que regentaron los centros donde se internó a miles y miles de niñas y adolescentes como ella. Hasta ahora, nunca nadie lo había hecho.

La Conferencia Española de Religiosos (Confer), institución que agrupa a las congregaciones religiosas en España, celebrará el próximo 9 de junio un acto de “reconocimiento y petición de perdón a las supervivientes del Patronato de Protección de la Mujer”. Será a las 18.30 en la Fundación Pablo VI de Madrid, según se ha anunciado después de que las religiosas suspendieran la anterior fecha con motivo del fallecimiento del papa Francisco.

“Por fin se enterará toda España. Es el triunfo y la victoria de tantos años de lucha”, asegura Consuelo García del Cid Guerra. A ella la internaron en esta institución que, según su decreto fundacional de 1941, perseguía “la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para prevenir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica”. “Era un sistema penitenciario oculto para menores de edad”, resume al hablar de un organismo que actuaba sobre niñas y adolescentes de entre 16 y 25 años que transgredían el modelo único de mujer impuesto por el franquismo.

Así era, al menos, sobre el papel. La realidad era distinta. A Consuelo la encerraron con 15 años. Había empezado a manifestarse contra el régimen y sospecha que su familia, de la burguesía barcelonesa, contrató a alguien para que la siguiera. “Un día, muy temprano, se abrió la puerta de mi habitación. Entraron mi madre y el médico de la familia, que era del Opus Dei. Me dijeron que me iban a poner una vacuna contra la gripe”. Despertó en una habitación desconocida. En el interior, una cama, un crucifijo y su maleta repleta de ropa para distintas estaciones. Tras los barrotes de la ventana, el exterior: “Me asomé y vi que la matrícula de todos los coches era M, M, M, M”. Estaba en el reformatorio de las Adoratrices de la calle Padre Damián, 52. Estaba en Madrid. Era 1975.

Trabajos forzados, internamientos psiquiátricos y test ginecológicos

Unos años antes, Mariona Roca Tort (Barcelona, 1952) había sido encerrada en el mismo centro, denunciada por sus progenitores por “fuga del hogar paterno”. Tenía 17 años y, durante su internamiento, fue obligada a confeccionar abrigos que, les decían, eran vendidos a El Corte Inglés. Nunca le pagaron por su trabajo. Su internamiento no acabó tras los muros del Patronato de Protección a la Mujer. Para rebelarse contra su destino, dejó de comer. Entonces, la ingresaron en la clínica psiquiátrica San Miguel. Aquellas que osaban sublevarse contra la estricta disciplina del reformatorio o quienes eran pilladas manifestando “comportamientos homosexuales u otras anomalías de orden mental” eran trasladadas a un psiquiátrico. En la mayoría de los casos, a Ciempozuelos o al de Arévalo, en Ávila. “Querían que lo que no había acabado de hacer el Patronato, lo consiguiera la psiquiatría”, remarca Mariona. Para prevenir las pérdidas de memoria provocadas por los electroshocks y los shocks de insulina, comenzó a escribir en un diario. El 9 de julio anotó: “Postal del tiet Antoni. Visita con el Doctor Vallejo Nájera”.

El cura del pueblo de María Forns empujó a sus padres a encerrarla en uno de estos centros, pero antes abuso sexualmente de ella y, más tarde, se dedicó a extender el rumor de que la habían internado por ser una enferma mental.

Mariona forma parte del Grup de Suport a les Represaliades pel Patronato, en el que comparte espacios y activismo con otra superviviente del organismo, Maria Forns Roca (les Franqueses, Barcelona, 1956). En 1972, con 16 años, fue confinada en un centro de las Adoratrices en Barcelona, que a día de hoy continúa en manos de la congregación. Con el tiempo ha descubierto que el cura de su pueblo empujó a sus padres a encerrarla, después de que Maria se alejara de su manto protector. Antes de que la trasladaran al reformatorio, ejerció abuso de poder y sexual sobre ella y, más tarde, se dedicó a extender el rumor de que la habían internado por ser una enferma mental. En 2024, el obispo de Terrassa le entregó un documentó en el que reconoce los abusos y le pide disculpas en nombre de la Iglesia, mientras que el Ayuntamiento de les Franqueses ha iniciado los trámites para retirar póstumamente la medalla de honor que concedió al párroco en 2017.

Pilar Dasí Crespo (València, 1951) también estuvo encerrada con 19 años en un convento de las Religiosas Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad, que en la actualidad participan en diversos programas sociales de ayuda a mujeres vulnerables, actividades por las que desde 2021 han sido subvencionadas con fondos públicos que ascienden a 18 millones de euros, según comprobó elDiario.es. En su caso, el internamiento tuvo lugar entre 1970 y 1971 en dos reformatorios de la ciudad de València: Madre Sacramento, en la calle Hernán Cortés, y el Centro de Observación y Clasificación de la avenida del Puerto. Pilar nunca dejó de acudir a su puesto de trabajo como secretaria en una empresa de ascensores, aunque las monjas se quedaban con su salario. 

Durante décadas, había borrado de su memoria una imagen que ahora se le presenta de forma recurrente: “Estoy tumbada sobre la mesa del despacho de mi jefe. Un hombre mirando mi coño ante la mirada de otro hombre. Me hicieron una prueba de virginidad. Eso sí eran malas costumbres, degradación y maldad hacia las mujeres”. A pesar de que era habitual que se practicaran exámenes ginecológicos a las internas para averiguar si estaban “completas” o “incompletas”, en la escasa página que compone el expediente de Pilar –que ha conseguido encontrar hace apenas unas semanas– no consta este episodio, que ella describe como “cruel, humillante y peligroso; obsceno”. No consta casi nada, en realidad. Quien escribiera aquellas líneas consideró que aquella adolescente mostraba “una conducta irregular” al “desenvolverse en un ambiente quizá superior al que le corresponde socialmente”, llegaba “muy tarde a casa” y “trataba con chicos melenudos de la nueva ola”. Cuando Pilar lo cuenta hoy, afirma: “Me gustaba leer e ir al cine”.  

Cruces con la lengua en el suelo y múltiples fugas

Otra de las congregaciones religiosas con mayor presencia en el Patronato de Protección a la Mujer fueron las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. En el orfanato Virgen del Perpetuo Socorro de Carabanchel, regentado por estas monjas, pasó Mariaje López Laderas (Getxo, 1957) cuatro años y medio de su recién estrenada vida: desde los ocho hasta los trece. Recuerda cómo la obligaban a desatrancar váteres con las manos, las horas de limpieza y trabajo ensobrando cromos de futbolistas y ciudades de plástico, las extrañas maneras de caminar de una compañera a la que restregaron ortigas en la entrepierna como castigo por mearse en la cama o las hasta 150 cruces que aquellas que hablaban en una fila o decían una palabrota eran obligadas a hacer en el suelo con la lengua.

“Yo me he escapado de todos los reformatorios”, sentencia orgullosa Paca Blanco Díaz (Madrid, 1949). Razón no le falta. La intentaron retener en las Adoratrices de Zamora, en el Centro de Observación y Clasificación de las Trinitarias de la calle Marqués de Urquijo de Madrid o en el Colegio Virgen de la Almudena de Collado-Villalba. Siempre encontraba la manera de fugarse. De este último, que describe como el más duro, huyó en dos ocasiones. La primera vez aprovechó una visita de Pilar Arechavaleta, fundadora de las Religiosas Misioneras de María Ianua Coeli, orden que dirigía el centro: “Para que yo me volviera más buena y más católica, me organizaron una entrevista con ella, junto con otra compañera que estaba encerrada porque la había violado su padre. Según como estábamos hablando con la fundadora, que estaba arrugaíta, cogí una silla, rompí el cristal de la sala y nos fuimos”.

Las pillaron y a Paca la encerraron en una celda de castigo en la que “no podías tumbarte ni ponerte de pie”. Cambió de estrategia y organizó una fuga con unas treinta compañeras. Pero, conforme se aproximaba la fecha marcada, algunas internas “empezaron a ponerse los rulos, a teñirse los pelos y lavarse la ropa que más les gustaba”. “Les dije que nos íbamos en ese mismo momento. Yo salí corriendo la primera y las demás me siguieron. Nos soltaron a los perros y a alguna la engancharon”, reconstruye. Cuando en 1968 se quedó embarazada la llevaron “al infierno”: el reformatorio para madres solteras y embarazadas Nuestra Señora de la Almudena, conocido como Peñagrande. Allí, Paca asegura que fue testigo de múltiples “tejemanejes” para el robo de bebés. Decidió escaparse, una vez más, cuando escuchó como una monja le espetaba a una parturienta que se quejaba de los dolores del parto: “Pecadora, reza. Tú te has buscado este sufrimiento, tienes que parir con dolor y luego a ver qué le dices a tu hijo”.

Suicidios y robó de bebés

Aunque a Paca el Patronato de Protección a la Mujer continuó vigilándola tras regresar a su casa, nunca consiguieron quitarle a su hija. Otras supervivientes no corrieron la misma suerte. Desde que en el verano de sus 13 años su tía la encerrara en las Oblatas de Alicante, Chelo Alfonso Femenía (Dénia, Alicante, 1960) pasó por un total de seis reformatorios del Patronato de Protección a la Mujer. Entre ellos, el Santo Celo, popularmente conocido como la Casa del Pecado Mortal y en la actualidad propiedad de la Universidad Católica de València. Allí la trasladaron desde las Oblatas cuando estaba embarazada de tres meses. Dio a luz en la clínica La Cigüeña, donde la registraron con un nombre falso: Josefa Vives Mateu. Tras el parto, afirma que una monja le comunicó: “Es un niño. Está bien”. Nunca lo vio. Lleva años buscándolo, remata.

Cuando estaba a punto de cumplir los 15 años, a Loli la trasladaron a Peñagrande, donde dio a luz a su hija fruto de las violaciones de su progenitor. A su llegada, se enteró de que el día anterior una interna se había suicidado.

“Yo siempre digo que no fui una niña robada, pero a mí me robaron a mi madre”, repite sin descanso Patricia Morini Gozalbo (Madrid, 1971), nacida en la maternidad de Peñagrande. “Yo no tengo muy claros los tres primeros años de mi vida. A mi madre no hay forma de sacarle nada. No habla del tema, bajo ningún concepto”, lamenta Patricia, que descubrió, ya adulta, su verdadero lugar de nacimiento. Con la llegada de Internet, creó una web y aprovechó las redes sociales para poner en contacto a hijos adoptivos que desconocían sus orígenes y madres que buscaban a sus criaturas. De hecho, fue ella, junto con María García, fundadora de Isadora Duncan –asociación de madres solteras creada en 1989– quien facilitó una gran cantidad de documentación a Consuelo García del Cid Guerra y la animó a escribir su primer libro, Las desterradas hijas de Eva.

Con toda la información recopilada, Consuelo comenzó a escuchar los testimonios de otras supervivientes. Recuerda a la perfección la primera entrevista: “Era por la noche. Hablábamos en voz bajita, para que no nos escucharan en nuestras casas. Cuando terminamos, abrí la ventana. Fuera nevaba, porque yo entonces vivía en Salzburgo (Austria). Empecé a gritar y solté todo lo que llevaba tanto tiempo dentro”. Al otro lado de la línea, Loli Gómez Benito (Torrelavega, Cantabria, 1966) la había hecho partícipe de su historia. Cuando estaba a punto de cumplir los 15 años, la trasladaron a Peñagrande, donde dio a luz a su hija, fruto de las continuas violaciones de su progenitor. A su llegada, se enteró de que el día anterior una interna se había suicidado. Meses después del parto, las Cruzadas Evangélicas, orden secular a cargo de este y otros centros del Patronato que todavía no ha confirmado su presencia en el acto del 9 de junio, autorizaron la salida de Loli para pasar la Semana Santa con su padre. Volvió a violarla. Volvió a quedarse embarazada. Nadie preguntó. No hacía falta.

Presionada, firmó los papeles que autorizaban la adopción de sus bebés. Pero puso una condición: que no les separaran. Respetaron su voluntad. Loli permaneció en Peñagrande hasta el desmantelamiento del centro en 1983. Desde dos años antes, se venía produciendo un cambio en la gestión del organismo –pasó de depender del Ministerio de Justicia a los gobiernos autonómicos– que fue imperceptible para las muchachas tuteladas por la institución. Entonces ni siquiera fueron conscientes, pero hoy saben que el traspaso de funciones a la Xunta de Galicia fue firmado por José Elías Díaz García y Mariano Rajoy Brey, como secretarios de la Comisión Mixta.

En 1985, se anunció la disolución definitiva del Patronato de Protección a la Mujer. Franco llevaba muerto y enterrado –con honores– diez años. Una década en la que nada había cambiado para los miles de niñas y adolescentes que seguían encerradas en reformatorios por haber cometido un pecado. Consuelo García del Cid Guerra tiene muy claro que el Acto de Reconocimiento y petición de Perdón a las Supervivientes “no es un punto y final”, sino que “es el principio; una brecha en el muro de silencio con el que llevamos años chocándonos”. Ella, sostiene, no va a parar hasta conseguir la reparación por parte del Estado que merecen sus compañeras: “Por mis hermanas. Por las que aún no se han atrevido a contarlo. Por las que nos han dejado en mitad de la lucha”. Y por Consuelo, también por Consuelo.