Los últimos nombramientos del Poder Judicial consolidan el dominio de los conservadores

Después de 28 años de presidentes conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la renovación del pasado verano con una exigua mayoría progresista abría la puerta a un reequilibrio en la correlación de fuerzas en las cúpulas de los tribunales a favor de la izquierda. Sin embargo, los nombramientos realizados en este primer medio año de mandato han apuntalado el dominio de la principal asociación de la derecha judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, ha logrado 34 de las 88 designaciones, el 39% del total. En la mitad de esos nombramientos no se presentaron más aspirantes que los de la APM. En todo caso, son más de los que han conseguido las otras tres asociaciones juntas.

Juezas y Jueces para la Democracia, progresista y tercera en número de asociados, ha situado a 18 de sus afiliados. Por contra, los jueces no asociados, que suponen el 42% de la judicatura, se han hecho con solo 25 plazas. La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, ha accedido únicamente a cuatro. Y Foro Judicial Independiente, cuarta en representación, a dos. Todas estas designaciones son fruto del acuerdo por unanimidad de los dos bloques del órgano, partido a la mitad entre diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar, a los que se suma una presidenta, Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue elegida el pasado septiembre. Los nombramientos requieren 13 votos. 

Ese consenso unánime se rompió esta semana, cuando el órgano constató la imposibilidad de sacar adelante la renovación de las presidencias de las salas más delicadas del Tribunal Supremo: la de lo Penal, que es la que juzga a los aforados; y la de lo Contencioso-Administrativo, que es la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. Se celebraron cuatro votaciones consecutivas que evidenciaron la división entre los bloques, con los diez progresistas apoyando las candidaturas de Ana Ferrer (Penal) y Pilar Teso (Contencioso-Administrativo) y los conservadores las de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente. La presidenta votó en blanco. 

Este último pleno también evidenció las fisuras existentes en el bloque progresista después de que la presidenta y un vocal elegido a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaran junto al bloque conservador y en contra del resto de vocales progresistas tres puestos de carácter técnico. Este movimiento generó un enorme malestar con ambos entre el resto de vocales del ámbito progresista. Preciado defiende que se ha alineado con el resto del grupo en los nombramientos realizados hasta la fecha por unanimidad y critica que se le ha “excluido” de las negociaciones de unos nombramiento que ha apoyado “sin dejar de ser crítico con la estrategia negociadora” y con “los magros resultados obtenidos por el sector progresista”. 

Esos nombramientos por unanimidad son los que han permitido situar a candidatos de la APM en prácticamente la mitad de los puestos que se han renovado. Vocales consultados admiten que ha sido el bloque progresista el que ha asumido principalmente esa “pluralidad” de la carrera, proponiendo a magistrados de otras asociaciones distintas a Juezas y Jueces para la Democracia, así como a “no asociados con muy buenos currículos”. Según estas fuentes, los vocales conservadores proponen principalmente a vocales de la APM —a la que pertenecen siete de ellos—, mientras que el 40% de los propuestos por el bloque progresista están afiliados a Juezas y Jueces para la Democracia y el 60% restante son perfiles no asociados o vinculados a la Asociación Francisco de Vitoria. 

La APM, que representa al 26% de los jueces con 1.412 asociados, ha accedido a 34 nombramientos, el 39% del total. La asociación que preside la jueza María Jesús del Barco sale especialmente bien parada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, una instancia judicial muy relevante porque es la que revisa los recursos contra las decisiones del Ejecutivo. Se han renovado 14 plazas, de las que seis han recaído en magistrados vinculados a esta asociación. Asimismo, pertenecen a la APM el nuevo presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, Ignacio Sancho, y otro de los nuevos magistrados de esta sala, así como otros dos miembros de la Sala de lo Social. Los ascensos al alto tribunal son especialmente relevantes porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación. 

El dominio de la asociación conservadora también es muy evidente en los tribunales superiores autonómicos. Se han renovado las presidencias de nueve de ellos y en siete resultaron elegidos jueces vinculados a la APM: Asturias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. Además, de las 26 presidencias de sala de TSJ que se han renovado, cinco están vinculadas a esta asociación. 

Llama la atención especialmente la situación de la Audiencia Nacional, donde una mayoría abrumadora de excargos del PP y otros jueces conservadores optaron a sus puestos clave. Finalmente, de los cinco puestos renovados tres han sido para candidatos de la APM, incluido su presidente, Juan Manuel Fernández, que durante el anterior mandato fue vocal del CGPJ a propuesta del PP. Además, la Sala de lo Penal la presidirá el veterano Alfonso Guevara, un magistrado considerado conservador que no está asociado.

Por otro lado, de las 22 presidencias de audiencias provinciales que se han renovado, nueve pasarán a estar ocupadas por jueces de la asociación conservadora durante los próximos cinco años, que es la duración que tienen este tipo de cargos gubernativos. Es el caso de La Rioja, Ávila, Barcelona, Teruel, Burgos, Araba-Álava, Toledo, Valladolid y Huelva. En siete de los casos los aspirantes de la APM no tuvieron rivales. 

La asociación progresista sitúa a 18 jueces

Teniendo en cuenta su nivel de representación en la carrera, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia es la que mejor parada sale en los nombramientos. Representa a un 8% de la carrera —tiene 436 afiliados, según los últimos datos facilitados por el CGPJ— y ha sido la segunda en nombramientos. Un total de 18 jueces vinculados a este colectivo de carácter progresista han sido nombrados por el nuevo CGPJ, el 20% de las designaciones. 

Una de sus asociadas, Concepción Ureste, ha sido nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Supremo, la encargada de examinar en última instancia los conflictos laborales. A esta sala se sumarán otros tres jueces de esta asociación. La misma cifra se sumará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Otra magistrada vinculada a esta asociación presidirá la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y también habrá presidentes progresistas en el TSJ de Catalunya y en las audiencias provinciales de Girona, Murcia, Zaragoza, Zamora y Palencia. Otros cuatro miembros de Jueces y Juezas para la Democracia presidirán salas en tribunales superiores autonómicos. 

En contraposición, la Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados con 933 —el 17% de la carrera—; apenas ha accedido al 5% de los nombramientos, con un total de cuatro. Uno de sus afiliados ha sido nombrado para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y otros dos presidirán sendas salas en tribunales autonómicos. Además, otra jueza vinculada a esta asociación fue elegida como presidenta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Esta asociación, que se autodefine como independiente, criticó recientemente en un comunicado lo que consideran un “rechazable reparto de cromos” entre los bloques conservador y progresista.

Foro Judicial Independiente, cuarta en número de asociados con 342 —el 6% del total—, ha obtenido solo dos nombramientos, lo que representa apenas el 2% del total de designaciones realizadas. En un comunicado reciente, esta asociación que también se autodefine como independiente, lamentaba la politización del CGPJ, la falta de una representación plural en los nombramientos y apuntaba a la existencia de un “circuito privilegiado” para llegar a los altos cargos de la magistratura. 

El actual CGPJ inició su mandato con el reto de renovar un centenar de plazas de las cúpulas de los tribunales tras los casi cinco años de bloqueo a los que el Partido Popular sometió al ente que decide los principales ascensos de la judicatura. Hasta ahora, se han nombrado por unanimidad desde el pasado noviembre un total de 88. Pero sigue habiendo otros que se atragantan, como la renovación de las presidencias de las dos salas claves del Supremo.