El Ayuntamiento de Madrid tarda cuatro años en actuar contra Aldama por beneficiarse de un contrato vulnerando la normativa legal

Víctor Aldama, el conseguidor que saltó a la fama tras el estallido del caso Koldo y los presuntos manejos corruptos para la compra de material sanitario por el Ministerio que dirigía el socialista José Luis Ábalos, campó a sus anchas en Madrid gracias a una adjudicación del equipo de Ana Botella con la que acabó haciendo un gran negocio vulnerando la normativa legal. El gobierno de José Luis Martínez Almeida ha tardado, oficialmente, cuatro años en descubrir y penalizar.

El pelotazo consistió en alquilar a un tercero sin autorización municipal previa la explotación de los dos restaurantes que en 2013 se había adjudicado a dedo y por 40 años a una de las empresas capitaneadas por Aldama, Businesscity SL. El contrato de alquiler obligaba al inquilino –la mercantil Tría Restaurante Cuatro Torres SL– a abonar a Aldama el triple del dinero que el conseguidor estaba obligado a desembolsar cada año en concepto de canon municipal por la concesión de un bien público. Aldama pagaba 90.000 euros al Ayuntamiento pero realquilaba esa concesión por 240.000 euros.

El consistorio madrileño no activó los mecanismos para revocar la adjudicación hasta que a comienzos de 2025 empezó a recibir peticiones de información sobre el expediente relativo a la concesión de los dos restaurantes, situados el uno frente al otro en el Paseo de la Castellana y dentro del potente distrito financiero de la capital. La adjudicación llevaba la firma de José Antonio González de la Rosa, un concejal que cuatro años más tarde se convirtió en socio transitorio de Aldama a través de una nueva compañía privada –Crisis Resolution SL– que, según ha asegurado el antiguo edil a este medio, se limitó a “la compra de un piso” de un familiar de Aldama para destinarlo al alquiler.

Fue en julio de 2021 cuando la gestión de los dos restaurantes –cuya concesión a Businesscity SL establecía el pago anual de un canon de 91.000 euros– quedó en manos de un tercero. Aunque sin fechas precisas, el traspaso del negocio de hostelería a la mercantil Tría Restaurante Cuatro Torres SL aparece en un informe de la UCO incorporado al sumario del caso Koldo. Emitido en noviembre de 2022, el informe de la unidad de investigación de la Guardia Civil no contiene ningún dato sobre las condiciones inherentes a tal concesión municipal ni, por tanto, sobre el incumplimiento flagrante de las cláusulas establecidas. Pero, como ha verificado elDiario.es mediante documentos obtenidos por distintas vías, el traspaso de los restaurantes se produjo en virtud de un contrato de arrendamiento firmado por Aldama y por la administradora de Tría Restaurante Cuatro Torres SL el 15 de julio de 2021.

Cuatro veces el canon municipal

El contrato aseguraba al gran conseguidor del caso Koldo hacerse con rentas de alquiler cuyo importe triplicaba el canon municipal de 91.000 euros a cuyo pago venía obligado desde ocho años antes. Traducido a números, Tria Restaurante Cuatro Torres SL se comprometía a abonar a Businesscity SL 240.000 euros cada uno de los tres primeros ejercicios y 300.000 a partir del cuarto. Las cláusulas de la concesión efectuada en 2013 prohibían de forma taxativa el subarriendo de los dos kioscos-restaurantes levantados en suelo público salvo que mediase autorización previa del consistorio.

Tal autorización nunca existió. Pero cuando el pasado 24 de febrero el Ayuntamiento comunicó a Businesscity SL el inicio de los trámites para revocarle la concesión de los dos restaurantes por haberlos subarrendado, fue Aldama quien ofreció al Ayuntamiento una respuesta insólita: que el cambio de manos de ambos restaurantes se conocía desde que se produjo. Y que aquel episodio no había tenido consecuencias. Así consta en el último lote de documentos facilitados por Transparencia tras varios meses de solicitudes.

Incorporada al escrito de alegaciones frente al procedimiento municipal para revocar la concesión, en la respuesta literal de Aldama se lee lo que sigue: “En el presente caso, la cesión para la explotación a Tria Restaurantes SL se produjo una vez expirado con creces el plazo señalado anteriormente [la quinta parte del periodo de concesión] y reuniendo dicha mercantil las condiciones exigidas en el precepto anteriormente citado del pliego [solvencia del arrendatario]. Dicha cesión, pública y notoria, no generó intervención alguna por parte del Ayuntamiento, encontrándose tácitamente autorizada”.

Aldama daba por hecho hasta tal punto que el Ayuntamiento permitía su decisión de traspasar los restaurantes, o cuando menos la toleraba, que el 18 de abril de 2024, mes y medio después del estallido del caso Koldo, dio un paso para preservar sus ingresos como casero de lujo y rentabilizar así el poder que desde 2013 ejercía sobre un bien público: su abogado, José Antonio Choclán, pidió al juez que en esa causa mantiene imputado a Aldama el desbloqueo parcial de una determinada cuenta bancaria de Businesscity SL para “percibir en dicha cuenta las rentas del arrendamiento del restaurante Tría Restaurante Cuatro Torres SL”. El 7 de mayo, el magistrado accedió a la solicitud y así lo ha corroborado elDiario.es al acceder a los documentos del caso Koldo.

Pero hubo algo más que reforzó la idea de que Aldama nada temía del Ayuntamiento de Madrid: al notificársele el 3 de marzo de este año cómo el hecho de que los dos restaurantes estuviesen cerrados constituía el segundo motivo para revocar la concesión, Aldama se defendió así: “La situación de cierre deriva del procedimiento judicial que la mercantil adjudicataria [Businesscity SL] ha tenido que iniciar contra el arrendatario Tria Restaurantes SL como consecuencia del impago de las rentas”. El procedimiento judicial mencionado buscaba, sin matices, el desalojo de Tria Restaurante Cuatro Torres SL.

El pasado 20 de diciembre, la jueza de primera instancia que tramitó la demanda de desahucio confirmó en un auto que las dos partes –Businesscity y Tria Restaurante– habían llegado a un acuerdo.

El Ayuntamiento “no disponía de información”

Los intentos de este medio por obtener la versión de Aldama a través de un cuestionario remitido a su letrado han resultado fallidos.

El Ayuntamiento de Madrid sí ha contestado a algunas de las preguntas formuladas. En la respuesta escrita facilitada por portavoces del equipo de gobierno destacan estos tres puntos: primero, que “el ayuntamiento no disponía de información respecto a la transmisión [de la concesión], pues todas las comunicaciones las ha mantenido con la entidad adjudicataria”. Es decir, con Businesscity SL.

En segundo lugar, el consistorio agrega lo que sigue: “Se tiene conocimiento del arrendamiento de los locales a un tercero, empresa Tria Restaurantes Cuatro Torres S.L., como consecuencia de un acta de policía sobre el ejercicio de la actividad, motivo que ha servido para la revocación de la concesión, unida a la comprobación material del cierre de los establecimientos”. Ni la fecha de la visita policial ni el acta han sido facilitados pese a las repetidas solicitudes de acceso a cualquier expediente relacionado con la concesión de los dos restaurantes a Businesscity.

El equipo de Almeida finaliza su relato describiendo la situación actual: “Ante la resolución del acuerdo de inicio del procedimiento, Businesscity presentó un recurso potestativo de reposición que ha sido desestimado y notificado en abril de 2025. Contra dicha desestimación cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. Transcurrido dicho plazo, continuará la tramitación del expediente y se acordará la revocación de la concesión”.

En lo que concierne a los inquilinos de Aldama, Tria Restaurante Cuatro Torres SL, su representante ha declinado ofrecer su versión y responder a la pregunta de cuándo la Policía Municipal de Madrid o los inspectores municipales que en distintas fechas visitaron los establecimientos tuvieron constancia de que ya no era Businesscity la que gestionaba los restaurantes. Originalmente, y como publicitó el equipo de la alcaldesa Ana Botella en un acto donde ella misma y el concejal responsable de la adjudicación posaron junto a Aldama, los dos grandes kioscos de cristal alzados en Castellana 259 nacieron bautizados como Welow y Befour. La empresa que los gestionó a partir de julio de 2021 les cambió el nombre. Pasaron a llamarse Tria Restaurante y La Pulpería.

El exconcejal que firmó la adjudicación defiende la limpieza del proceso

En prisión preventiva por otro caso de corrupción –el del presunto fraude fiscal a gran escala de la trama de los hidrocarburos y del supuesto desvío multimillonario de 73,9 millones a Portugal, China y Colombia–, Aldama recuperó la libertad cuando en noviembre anunció que aportaría datos sobre la implicación de distintos miembros del Gobierno en operaciones corruptas. Pero su negocio de hostelería en el madrileño Paseo de la Castellana había comenzado mucho antes de que Aldama se transformase en la figura que venía a reforzar las posibilidades de desmoronar al Gobierno mediante la aportación de pruebas todavía pendientes de entrega.

La concesión municipal de los dos restaurantes acristalados y con terraza que Businesscity levantaría en una explanada pública se otorgó exactamente el 11 de noviembre de 2013. La logró sin competidores: la licitación convocada un año antes había quedado oficialmente desierta pese a que en la zona conocida como las Cuatro Torres de la Castellana –los rascacielos que dominan el llamado distrito financiero, al norte de la ciudad– ya se contabilizaban en 2014 más de 10.000 trabajadores.

Que nadie se había interesado por aquella oferta lo afirmó públicamente el entonces concejal delegado del distrito Fuencarral-El Pardo, José Antonio González de la Rosa, firmante del decreto de adjudicación. Edil del PP, González de la Rosa se mudó en 2015 a la Asamblea de Madrid como asesor del grupo parlamentario de su partido. Y en 2017, cuando ejercía de gerente de la Fundación Madrid por el Deporte, propiedad del Gobierno autonómico, se enlazó mercantilmente con Aldama a través de una nueva sociedad –Crisis Resolution SL– dedicada entonces al sector inmobiliario.

En conversación telefónica, González de la Rosa asegura que la única actividad de Crisis Resolution SL mientras fue socio de Aldama –el conseguidor se marchó en 2021– consistió en la compra de un piso localizado en la zona de Barajas, propiedad de un familiar del empresario: lo destinaron al alquiler para azafatas y lo vendieron “tras la pandemia”, agrega quien también fue presidente del PP del distrito de Moratalaz y al que hoy, “desvinculado del PP” y “alejado de la política” le produce “pena la corrupción”.

El exedil, que defiende la limpieza de su actuación y remacha que de las adjudicaciones públicas del distrito municipal Fuencarral-El Pardo se ocupaban los funcionarios, aunque la firma final fuese la suya, ve una ausencia total de incompatibilidad entre su alianza mercantil con el jefe de Businesscity y el hecho de que cuando la sellaron en 2017 él mismo era gerente de la fundación pública del Gobierno regional Madrid por el Deporte. Según González de la Rosa, no fue Aldama sino un socio suyo –“se llamaba Sergio”– quien acudió con una oferta para hacerse con la concesión de los dos restaurantes. La convocatoria lanzada en 2012 –enfatiza– había quedado desierta “por los problemas que generaba la ausencia de parking en la zona”. Adjudicada la concesión, Aldama participó en el acto institucional donde Ana Botella y José Antonio González de la Rosa publicitaron la próxima apertura de los dos restaurantes. “Hace un año me preguntaron por esto grandes medios pero no publicaron nada porque vieron que no había nada”, apostilla el exconcejal.