Un segundo juzgado imputa a ex altos cargos de Ayuso por los “protocolos de la vergüenza” de las residencias madrileñas

Un Juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso directamente implicados en la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid, según ha comunicado Marea de Residencias y ha confirmado elDiario.es de fuentes judiciales.
De nuevo, Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del Covid, y su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, han sido citados como investigados. Estos dos profesionales sanitarios ya estaban citados a declarar el pasado lunes 26 de mayo como imputados en la causa abierta por el Juzgado 3 de Madrid. Esa declaración fue suspendida, ya que los investigados alegaron que no se les había dado traslado de las actuaciones y no podían defenderse.
Después de cinco años, era la primera vez que iban a declarar como imputados altos cargos del Gobierno de Ayuso. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial.
En la nueva investigación, conocida este viernes, esos dos ex altos cargos tendrán que declarar también en el juzgado de Leganés; junto a ellos, comparecerá Pablo Busca, quien era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia.
Siempre según Marea de Residencias, el procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. Ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
En el marco de dicho procedimiento, está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio, a partir de las 10.00 horas. Entre ellos destaca Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y quien desde el primer momento denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.
El mismo día testificarán otras cuatro personas: Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid; Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes.
Reyero explicó en una entrevista en RNE este lunes que le costaba “pensar que una decisión de ese calado”, en alusión a los protocolos que impidieron la derivación de ancianos, “la tome un director general por su cuenta”, eximiendo a Mur de ser el responsable final de aquella estrategia sanitaria.
La investigación de lo sucedido en las residencias durante la pandemia es una demanda que los familiares de fallecidos en los centros de mayores llevan reivindicando cinco años. Una vez que han conseguido que exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tengan que dar explicaciones sobre los protocolos que impidieron la atención sanitaria, la presidenta madrileña ha optado por vincular esta decisión judicial con Pedro Sánchez.
“Esto se archivó hace tres años, ahora lo reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de estado contra mí, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno”, respondió este miércoles la mandataria al ser preguntada por la imputación de tres personas que formaron parte de su equipo durante la pandemia. De forma velada Ayuso también ha aludido a la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado en una causa abierta por la filtración del correo con el que el abogado de la pareja de la mandataria confesó haber defraudado 350.000 euros.
Este viernes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que prevé que las dos nuevas causas judiciales abiertas contra tres ex altos cargos autonómicos por la gestión de las residencias de mayores en la primera ola del Covid-19 “volverán a ser archivadas” como las “60 causas” anteriores, según declaraciones recogidas por Europa Press.
Más Madrid considera que las imputaciones conocidas este viernes demuestran “que se ha abierto una vía jurídica para que haya justicia y verdad para las víctimas de los protocolos de la vergüenza”. “La gran pregunta ahora es si los mandos de nivel intermedio van a asumir la culpa de lo que sucedió o van a señalar a los mandos políticos que estaban al frente: el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, e Isabel Díaz Ayuso”, ha apuntado Manuela Bergerot, portavoz de la formación madrileña.
Desde el PSOE-M piden “humanidad” a la presidenta madrileña. “Se acabó engañar a los madrileños y se acabó el ninguneo a las víctimas, que lo que necesitan es verdad, justicia y reparación”, ha reivindicado la portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.
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