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La denuncia de Global Omnium paraliza el contrato millonario de alcantarillado que Catalá adjudicó a la UTE de Acciona

Un operario saca toallitas del colector norte de València

Carlos Navarro Castelló / Sergi Pitarch

València —

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El Ayuntamiento de València que dirige la alcaldesa del PP, María José Catalá, ha paralizado la formalización del megacontrato de alcantarillado adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona, Becsa y Ciclagua, y valorado en 293 millones de euros para los próximos 15 años.

La suspensión del procedimiento se ha producido como consecuencia del recurso que ha elevado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la otra UTE que se presentó al concurso en la que participaban Global Omnium, Grupo Bertolín e ISG. La presentación de la reclamación, avanzada por Valencia Plaza y a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha provocado la suspensión temporal de la contratación hasta que haya una resolución. De desestimarse el recurso, los denunciantes aún tendrían la opción de la vía judicial.

Como informó este diario, Acciona, en el punto de mira por el 'caso Koldo' y por 'caso Azud', es el titular del servicio y mantenimiento del saneamiento de aguas residuales y pluviales de la ciudad desde 1995, y se presentó de nuevo con estas dos empresas para el nuevo concurso, que llevaba varios años en tramitación.

El órgano de contratación municipal adjudicó el contrato a la UTE liderada por Acciona el pasado mes de abril y dejó fuera a la liderada por Global Omnium al considerar una “baja anormal” su oferta económica, un 30% por debajo de la media de las propuestas. Esta oferta había obtenido la mejor calificación técnica y aún así quedó descartada, al considerar que la UTE no ha acreditado suficientemente la viabilidad de su oferta al precio propuesto. El pasado febrero se requirió a la alianza mercantil que justificara la baja económica, que implica un 47% de la valoración del contrato.

Precisamente, Acciona ha sido adjudicataria de un contrato en Bilbao a pesar de haber incurrido también una baja temeraria. En otra ocasión en un concurso en el canal Isabel II de Madrid también incurrió en baja anormal, aunque en esta ocasión no se llevó el contrato.

La Junta de Gobierno Local adjudicó finalmente el contrato el pasado 6 de junio. El concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, apuntó que “es un contrato que mejora en muchos aspectos al anterior puesto que por primera vez se reservan cerca de 62 millones de euros para inversiones en la red, así como la última tecnología en monitorización o la renovación de toda la flota de vehículos, apostando por la sostenibilidad”.

Se trata de un contrato polémico puesto que en 2006 se adjudicó de nuevo a Acciona en un procedimiento que está siendo investigado en el marco del 'caso Azud' por indicios de corrupción. La causa aborda por el presunto pago de mordidas de 1,7 millones de la empresa adjudicataria al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, fallecida en 2016.

Como denunció Compromís, la misma empresa está en punto de mira por una situación muy parecida en el 'caso Koldo', aunque esta vez sin implicaciones inicialmente en el Ayuntamiento de València. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha propiciado el ingreso en prisión del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la inmensa mayoría de los contratos presuntamente fraudulentos, los cuales ascienden a unos 545 millones (el 85,5% del total), corresponden a adjudicaciones para Acciona. El montante total de las presuntas mordidas (por parte de Acciona y del resto de empresas implicadas) ascendería a 620.000 euros.

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