Polémica en el supercontrato del alcantarillado de Valencia al apartar a la mejor oferta técnica por baja “anormal”
La mesa de contratación del Ayuntamiento de Valencia ha propuesto adjudicar a la UTE liderada por Acciona Agua, junto a Becsa y Ciclagua, el contrato de saneamiento de aguas residuales y pluviales de la ciudad. El contrato, valorado en 293 millones de euros para un periodo de 15 años, es uno de los mayores concursos públicos municipales del último lustro. Acciona, titular del servicio desde 1995, se presentó con estas dos empresas para el nuevo concurso, que lleva varios años en tramitación.
El órgano de contratación municipal deja fuera a la UTE de Global Omnium, Grupo Bertolín e ISG y considera una “baja anormal” su oferta económica, un 30% por debajo de la media de las propuestas. Esta oferta había obtenido la mejor calificación técnica y ahora queda descartada, al considerar que la UTE no ha acreditado suficientemente la viabilidad de su oferta al precio propuesto. El pasado febrero se requirió a la alianza mercantil que justificara la baja económica, que implica un 47% de la valoración del contrato.
La propuesta de la mesa de contratación tendrá que ser ratificada por la Junta de Gobierno local y está sujeta a posibles recursos de las empresas que han quedado excluidas. El contrato lleva caducado un más de un año, después de agotar la prórroga de dos años que se adoptó en su vencimiento en 2021.
El concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, apuntó que “es un contrato que mejora en muchos aspectos al anterior puesto que por primera vez se reservan cerca de 62 millones de euros para inversiones en la red, así como la última tecnología en monitorización o la renovación de toda la flota de vehículos, apostando por la sostenibilidad”.
Se trata de un contrato polémico por su vinculación con el caso Azud. En 2006 se adjudicó a Acciona -que ya operaba desde 1995- en un procedimiento que está siendo investigado en el caso Azud por indicios de corrupción. La causa aborda por el presunto pago de mordidas de 1,7 millones de la empresa adjudicataria al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, fallecida en 2016.
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