Hedor, vertidos y ampliaciones ilegales: Bétera maniobra para regularizar una macrogranja junto a chalés con piscina

Una macrogranja de vacas de larga trayectoria en Bétera centra una polémica que ha causado por el rechazo producido a los vecinos próximos durante décadas, y las irregularidades que ha ido acumulando. Pero el inicio de un proceso judicial en el que intervienen los afectados, así como también la Fiscalía de Medio Ambiente ha obligado a la empresa a tomar medidas, pero también al Ayuntamiento de Bétera que mantenía un perfil bajo en el conflicto.

La historia se remonta a 1997, cuando la explotación ganadera se trasladó a la zona del pla dels Aljubs, un enclave con un núcleo residencial cercano consolidado de la Pobla de Vallbona desde los años 70. Inicialmente obtuvo licencia para unas instalaciones de 6.000 metros cuadrados y 1.000 vacas. Sin embargo, con el paso de los años, la granja fue ampliándose sin los permisos correspondientes hasta alcanzar los 137.000 metros cuadrados y un censo de hasta 3.800 reses.

En el año 2000, el Ayuntamiento de Bétera aprobó un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que dejó a la granja fuera de ordenación al encontrarse en suelo agrícola protegido de clase 1, donde solo se permite la actividad agrícola. No obstante el consistorio pretende en la actualidad modificar parcialmente el PGOU para regularizar la situación de la granja, a petición de la propia empresa. Es la tercera vez que se intenta esta modificación, hasta ahora frenada por la Conselleria de Medio Ambiente. Se está a la espera de una nueva declaración de impacto ambiental que podría desbloquear el proceso.

Pero el conflicto se agudiza porque la modificación no tiene en cuenta a las urbanizaciones de la vecina Pobla de Vallbona, donde residen cerca de 3.000 personas a escasos 900 metros de la explotación. Las alegaciones presentadas por su Ayuntamiento debido a los olores persistentes han sido rechazadas por Bétera.

En 2019 se inició un procedimiento judicial en los juzgados de Llíria tras una denuncia, que llevó a una inspección de Seprona. Se detectaron irregularidades como vertidos no autorizados al barranco del Carraixet, huesos de animales sin tratar en campos anexos y purines vertidos en tierras colindantes.

La Fiscalía de Medio Ambiente presentó cargos por delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. Durante el proceso, la granja ha introducido mejoras en sus instalaciones, mientras el Ayuntamiento de Bétera sigue adelante con la modificación del PGOU.

Los vecinos que impulsan la batalla apuntan que se encuentran en una batalla de David contra Goliat, porque se trata de una lucha contra una gran empresa que además tiene una multinacional detrás que la apoya, y un ayuntamiento que no le ha puesto trabas. Con todo los mismos vecinos reconocen una disminución de las molestias, aunque siguen exigiendo el traslado de la explotación a una zona adecuada.

Advierten que, si el fallo judicial no ordena su cierre, acudirán al contencioso-administrativo para impugnar la modificación del PGOU y han presentado ya una denuncia administrativa ante la Conselleria. Saben que la batalla puede ser larga, pero su lucha ya ha dado unos resultados que esperan que no sean los definitivos.