La inmobiliaria de Larios, terratenientes históricos de Málaga, desahucia a un octogenario al que alquilaba desde 1968

El majestuoso edificio del número 38 de la calle Victoria en Málaga, diseñado en 1927 por el ilustre arquitecto (y exalcalde) Fernando Guerrero Strachan, se alza como una rareza en mitad de una de las travesías más representativas de la ciudad. Encajonada entre el Monte Gibralfaro y Lagunillas, esta céntrica rúa une el barrio de La Victoria con la Plaza de la Merced, campeona nacional de las viviendas turísticas.

El inmueble, de baja más cuatro en de estilo neomudéjar, es propiedad de Sociedad Azucarera Larios Patrimonio (SALSA), que gestiona los arrendamientos de la histórica familia Larios, quizá la más significativa del esplendor industrial de Málaga y su provincia. SALSA alquila la veintena de viviendas de Victoria 38, y este martes ha echado a uno de sus inquilinos, un hombre de 84 años que vivía allí con su hija y su nieto de 16, y que nunca había dejado de pagar el alquiler pactado con los Larios hace más de medio siglo.

Al filo de las 10 de la mañana, Rosario De Haro ha salido entre lágrimas de la casa en la que sus padres y ella han vivido desde hace una década para no volver jamás. En un sobre traía las llaves, que ha entregado al representante del juzgado que ha ordenado su desahucio. “He intentado dárselas a la abogada de Larios, pero ni me miraba y me ha dicho que se las diera a él”, explica, tras reponerse del llanto. “Esto ya ha tenido su procedimiento judicial y sus recursos”, ha sido la única respuesta de la abogada de la empresa a las preguntas de este medio, que ha remitido un cuestionario a la empresa. Un portavoz de la empresa replica que “hay un auto judicial” y que no van a emitir ninguna otra valoración.

La casa ya estaba lista: hasta las tres de la madrugada, Rosario estuvo trasladando sus cosas a un trastero y llevó a casa de su cuñado, en el barrio de La Palma, a su padre y su hijo, que estudia en Los Maristas, a un paso de la casa que acaba de perder. No sabe dónde vivirán a partir de ahora, pero es una quimera encontrar un alojamiento asequible en Málaga, más aún en esta zona céntrica tan golosa para turistas, extranjeros en busca de segunda residencia o nómadas digitales.

Málaga es uno de los epicentros de la crisis de la vivienda. En abril, el precio del alquiler se disparó a los 15,4 euros por metro cuadrado, un 8,5% más que en abril del año pasado, según el último informe de Idealista. En el Centro, el alquiler medio es de 16,6 euros por metro cuadrado. Son máximos históricos. Málaga capital ha sufrido la segunda mayor subida del alquiler en España en la última década, un 26%, según los datos del Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA), una estadística experimental que el INE elabora a partir de los ingresos por arrendamiento declarados a Hacienda. El padre de Juan, acogido a la renta antigua, pagaba 460 euros al mes por la vivienda, que tiene humedades y presenta un deterioro visible.

“No hemos dejado de pagar el alquiler nunca”

De Haro trabaja en un restaurante, donde cobra un sueldo modesto, y su padre es pensionista. Pero insiste: aquí el problema nunca fue de impagos. “No hemos dejado de pagar el alquiler nunca. Mi padre iba a la oficina a pagar el dinero en mano. Cuando no quisieron renovar nos enviaron una carta y dejaron de coger la renta. Me enteré del número de cuenta y les iba pagando el alquiler. El año pasado eran 450 euros, pero como todos los años subía diez euros, les ingresaba 460”.

El precio es un vestigio de otro tiempo. Sus padres son inquilinos de “los Larios” desde 1968, y fueron pasando de casa en casa arrastrando las condiciones económicas del arrendamiento de renta antigua vigente cuando suscribieron el primer contrato. Empezaron en calle Constancia; en 2012 los enviaron a Cristo de la Epidemia; y de allí, a calle Victoria, donde residían desde hace una década.

En el último cambio se modificó también la ley aplicable y dejaron de estar protegidos por la ley vigente antes de 1985. “Mis padres eran personas mayores, sencillas y se fiaban de ellos. Les dan un contrato y lo firman, no pensaron que los fueran a engañar”, relata Rosario. Los inquilinos se acogieron a la moratoria antidesahucios hasta diciembre de 2024, “pero nada más cumplirse el plazo legal SALSA inició acciones legales para echarlos”, relata Paqui Pascual, activista de la Plataforma Antidesahucios: “A la madre le costó la vida, le dio un infarto el año pasado”.

SALSA gestiona el vastísimo patrimonio inmobiliario en alquiler del grupo. Según su propia web, más de 79.000 metros cuadrados de superficie alquilable entre oficinas, locales, viviendas y centros comerciales de Málaga y Madrid, con edificios icónicos como los números 3 y 4 de la calle que lleva el nombre de la familia Larios, la gran arteria comercial de Málaga, el Centro Comercial Larios o El Ingenio, en Vélez-Málaga.

El negocio del alquiler se integra en un holding que incluye también la promoción inmobiliaria (2.200 viviendas en los últimos 30 años) y la explotación de fincas con casi 900 hectáreas en la costa oriental de Málaga, donde los Larios empezaron a levantar su fortuna sobre el cultivo de la caña de azúcar, hoy sustituidas por mangos y aguacates. Allí están también sus proyectos más ambiciosos, como la marina del Delta del río Vélez o el campo de golf sobre los acantilados de Maro, este último con una inversión prevista superior a los 300 millones de euros. Los activos del grupo, cuyo control se dirimió durante años en una agria disputa familiar en los juzgados, fueron valorados judicialmente en 617 millones de euros en 2017.

Informe de “vulnerabilidad social”

A pocos meses del desahucio, los inquilinos habían solicitado el acceso a un abogado de oficio para denunciar la sucesión de contratos y el presunto engaño que sufrieron por parte de SALSA para eliminar la aplicación de la antigua ley, pero no les ha servido. El juzgado de Primera Instancia 3 acordó el lanzamiento el pasado viernes, fijando un plazo inusualmente corto: fue notificado el lunes y fueron desahuciados el martes.

Tampoco sirvió el informe que acredita la situación de vulnerabilidad del padre, Juan, emitido por los Servicios Sociales municipales. El documento, que este medio ha podido consultar, aprecia situación de vulnerabilidad social, no así económica. La jueza lo recibió el mismo viernes y apenas 15 minutos después dictó el auto de lanzamiento. La mujer denuncia que no se ha tenido en cuenta y que la jueza y la letrada ni siquiera tuvieron la sensibilidad de reunirse con ella a pesar de que se pasó la mañana del viernes en los juzgados acompañada de su abogada.

El auto del juzgado sí alude a la vulnerabilidad, pero refiriéndose siempre a la de tipo económico, que no aprecia, incidiendo en que tanto el sueldo como la pensión se han incrementado en los últimos años. Ahora rondan los 1.000 y los 1.400 euros netos al mes, respectivamente. “Yo tengo un sueldo y mi padre una pensión, pero también gastos y deudas”, protesta la mujer. Una búsqueda en Idealista arroja un solo piso de tres habitaciones, sin foto, en toda la ciudad por menos de 800 euros (una tercera parte de la renta familiar).

SALSA no ha querido contestar al cuestionario remitido por este medio, en el que se pregunta si se informó a los inquilinos del cambio de ley aplicable antes de que firmaran, si se tomó en consideración del informe de vulnerabilidad, si alguna vez hubo impagos y los motivos del fin del arrendamiento.

A las 10 de la mañana, Rosario se había rendido. A pesar de que entre las dos decenas de activistas concentrados había discrepancias sobre qué hacer, ella no tenía ganas de bronca con la Policía. En el edificio quedan aún un par de inquilinos de renta antigua. “Yo no sé lo que haremos, porque están las cosas como para alquilar en Málaga…”, suspira ella, antes de marcharse no sabe dónde.