¿Qué política social para los jóvenes?

Desigualdad entre generaciones: cómo se reparte el pastel

Si hasta hace unos años la evidencia empírica no respaldaba la tesis de que los jóvenes vivirán peor que sus padres, hoy existen indicios claros de que ese escenario pesimista es bastante real, al menos en lo que respecta a su bienestar material y al acceso a la parte estrictamente económica del pastel –en otras cuestiones muy relevantes como el acceso a la educación terciaria o a estilos de vida enriquecedores las cohortes más recientes están bien situadas. Una parte muy importante de este empeoramiento en la dimensión material se manifiesta en el acceso a la riqueza. En los últimos veinte años ha aumentado muy notablemente en España la brecha de riqueza entre grupos de edad. Como muestra el Gráfico 1, a principios del siglo XX la riqueza que estaba en manos de los mayores de 65 años era más de dos veces la de los menores de 30 años. En 2022 la distancia se había disparado, con algunas oscilaciones por el camino, hasta 4,6 veces.

Sabemos además que gran parte de esta riqueza en manos de la población joven está muy desigualmente distribuida y que hay una proporción sustancial de jóvenes sin ningún colchón económico a pesar de llevar años insertos en el mercado laboral. Hay también flujos privados de los mayores a los jóvenes, en forma de herencias o de donaciones en vida, que recibe solamente una parte de la población. Además, el aumento de la esperanza de vida ha hecho que las herencias (que en España están en buena medida formadas por viviendas) suelan materializarse en momentos en los que los receptores ya han abandonado la juventud y por lo tanto no son ya tan cruciales para iniciar proyectos vitales autónomos.

Preferencias, intereses, merecimiento y pensamiento de suma cero

Una pregunta que cabe hacerse es por qué, a pesar de las evidentes dificultades que los jóvenes tienen, en España y en otros contextos, para acceder a su parte del pastel económico, nuestro Estado de bienestar destina pocos recursos a los niños y jóvenes en comparación con los que dedica a otros grupos de edad.

Parece haber evidencia de que el pensamiento de suma cero (“lo que se asigna a unos lo pierden necesariamente otros”) está bastante extendido. Desde esta perspectiva, habría una clara tensión entre los grupos de edad y para aumentar las prestaciones a jóvenes habría que reducir las que se dedican ya a los mayores. Quienes tienen esa percepción de suma cero tienden además a priorizar, según las encuestas, su propio interés y a ser menos solidarios con otros grupos. En un proyecto que compara las prioridades que los ciudadanos y las élites políticas y económicas tienen respecto al Estado de bienestar en varios países europeos se han identificado algunas pautas interesantes. A mayor edad, más se considera prioritario financiar las pensiones y menos el gasto en educación universitaria, pero no se han encontrado estos dilemas o conflictos entre grupos de edad en otros tipos de políticas.

En términos generales, las preferencias, orientadas por nuestros valores o por los intereses propios o de grupo, no logran explicar, en la literatura especializada, estos bajos niveles de gasto/inversión y es necesario recurrir a factores de tipo cognitivo (qué información o percepción tienen los ciudadanos). Para determinar quiénes son merecedores de ayudas públicas, estos suelen utilizar, explícita o implícitamente, criterios como el grado de necesidad, la reciprocidad (cuánto pueden contribuir), el control que los potenciales usuarios tienen sobre las circunstancias que les llevan a la situación de necesidad o para salir de ella, la actitud de los receptores (en el sentido de si están “agradecidos”) o la identidad (cercanía o pertenencia al mismo grupo). Cuando se aplican estos criterios a distintos grupos de edad, los ciudadanos dan, en las encuestas, puntuaciones de merecimiento mucho más bajas a los jóvenes.

La igualdad a lo largo de la vida como norma o principio rector de las preferencias

Para superar la visión de suma cero que abunda en el debate público en torno a este tema, puede resultar útil superar el concepto de (des)igualdad entre grupos de edad o entre generaciones y recurrir en su lugar al concepto de igualdad a lo largo de la vida. Desde este punto de vista, afrontaríamos las preferencias sobre política social pensando en nuestro ciclo vital completo –en lugar de en nuestros intereses presentes– y responderíamos a la pregunta de cómo sería más oportuno repartir el gasto público total al que cada uno tiene teóricamente derecho si pudiéramos (o tuviéramos que) vivir de nuevo. Si adoptamos el enfoque de la igualdad a lo largo de la vida, el diagnóstico de inequidad hacia los jóvenes es más evidente que en el enfoque puramente transversal. Los jóvenes de hoy pueden resultar perdedores en varios sentidos: porque no reciben lo que la generación anterior recibió en su juventud y porque se gasta menos en ellos ahora de lo que se gasta en los que son mayores, pero también porque se prevé que cuando lleguen a ser mayores recibirán menos de lo que las generaciones anteriores percibirán en su vejez.

Algunos filósofos políticos consideran que, con este esquema de ciclo vital, hay razones para pensar que los individuos querrían invertir sustancialmente más en las primeras etapas de la vida, en momentos en los que es crucial contar con recursos que permitan iniciar o planear iniciativas vitales de calado –y que precisan desembolsos económicos importantes– como acceder a una vivienda, tener hijos, emprender o seguir formándose.

Algunas propuestas para aumentar la justicia intergeneracional y promover oportunidades para los jóvenes

Mientras que la lógica de la compensación (de ingresos) es la que rige en la asignación de recursos para otros grupos de edad, para los jóvenes ha tendido a imperar la lógica de la inversión, en mayor o menor medida según los países. Así, se entiende que la mayor parte del gasto público para los jóvenes tiene lugar a través de recursos para su formación, que después revertirán de alguna manera en el bien común a través de su productividad en el mercado de trabajo o sus contribuciones a la seguridad social. Introducir de manera complementaria la lógica de la compensación o de la transferencia también en el grupo de los jóvenes podría aumentar simultáneamente la justicia entre generaciones (y/o grupos de edad) y las oportunidades de los jóvenes en un momento crucial para iniciar sus proyectos de vida.

En el Gráfico 2 se presenta, en las barras rojas, el gasto público total actual (en prestaciones monetarias) en España dedicado a distintos grupos de edad: los menores, las personas en edad laboral y los mayores de 66 años. Las cantidades están expresadas en millones de euros y se basan en cálculos realizados a partir de la ejecución presupuestaria en varias prestaciones y deducciones fiscales declaradas en diversas fuentes oficiales. Nótese la gran diferencia de gasto entre los mayores y los menores, que no se explica solamente por el desigual tamaño de ambos grupos. Cuando simulamos (con Euromod) el coste que tendría implantar una prestación monetaria de 150 euros mensuales para todos los menores de edad (barra de color naranja), logramos más que duplicar el gasto y aun así el monto total queda muy lejos del dedicado a los otros dos grupos, incluso sin haber sustituido alguna prestación ya existente.

Con el doble objetivo de redistribuir la riqueza, en este caso entre grupos de edad, y reducir la desigualdad de oportunidades, en especial en el acceso a bienes en los que hace falta un capital inicial sustancial (vivienda, educación, emprendimiento), la herencia universal plantea una alternativa interesante. La mayor parte de los jóvenes no tiene acceso a este tipo de dotación de capital económico de manera privada (familia, mercados de crédito). La idea básica de la herencia es que haya una provisión mínima para todos los jóvenes, concretada en un pago único, igual para todos y público que se concede por defecto al llegar a la edad adulta. El propósito es que ofrezca e iguale en cierta medida las oportunidades en un momento crucial para ganar en autonomía e iniciar proyectos vitales relevantes.

Como se ha demostrado en un artículo reciente en el que se simula qué pasaría con la distribución de la riqueza si se implantara una herencia universal, ésta podría ser viable (en términos de coste para el erario público y carga fiscal para los grupos que lo financian) para algunas combinaciones concretas de cuantías de la herencia y formas de financiación. La desigualdad de oportunidades, no obstante, es visible desde la cuna y está ya muy cristalizada cuando se llega a la mayoría de edad, por lo que cualquier medida que aumente el acceso a capital económico entre los jóvenes debe verse complementada con intervenciones en la primera infancia (medidas como la educación infantil pública de calidad o las prestaciones específicas para los menores) incluso si sus beneficios sólo son visibles a más largo plazo.

Nota: Esta entrada sintetiza algunos de los argumentos que se presentaron en el ciclo “¿Qué política social para los jóvenes?” auspiciado por la Fundación “la Caixa” en Palau Macaya, coorganizado con el Observatorio Social. El ciclo tuvo lugar los días 1 y 8 de abril de 2025. Los vídeos completos de las jornadas están disponibles aquí (mesa redonda del 1 de abril) y aquí (mesa redonda del 8 de abril).