El juez Peinado se desmelena

La exposición razonada que ha dirigido al Tribunal Supremo el instructor de la causa contra Begoña Gómez es uno de los documentos jurídicos más vergonzantes emitidos por un juez español con relevancia pública. Son tres decenas de páginas inconexas plagadas de faltas de ortografía, sin lógica alguna y en su mayor parte imposibles de entender.

Como en una farsa cómica, el juez instructor ha hecho un corta y pega de docenas de páginas de declaración, todo colocado para que, a peso, parezca que dice algo. Todos esos folios que parecen la transcripción de un monólogo del célebre Mariano Ozores dan buena cuenta de la falta de seriedad de este movimiento. En realidad son solo relleno destinado a esconder tras la palabrería absurda una iniciativa preocupante.

Técnicamente, el origen de esta extravagante petición de que se investigue al ministro de Justicia está en la denuncia que unas organizaciones ultraderechistas pusieron contra la mujer del presidente del Gobierno por un supuesto delito de tráfico de influencias aportando como única prueba los titulares falsos de unas portadas de prensa. Eso bastó para que se iniciara una instrucción prospectiva en la que el juez responsable ha ido buscando pruebas de cualquier delito posible. En este año de indagación ha intentado acusarla de tráfico de influencias, de prevaricación, de malversación y hasta de intrusismo, sin lograr pruebas de nada de ello.

Sin embargo, en el curso de sus muchas investigaciones el juez instructor encontró un par de emails en los que parece que la asistente oficial de la mujer del presidente la apoyó en actividades privadas. Con ello, el juez –Juan Carlos Peinado– asume que quien contrató a esa asistente (igual a la que han disfrutado todas las mujeres de los anteriores presidentes del Gobierno) cometió un delito de malversación por contratar con dinero público a alguien que realizaba funciones privadas. Es un disparate, porque el magistrado en cuestión ni siquiera ha logrado el menor indicio de quién la contrató. Así que mucho menos tiene indicios de que quien lo hiciera sabía que iba a atender a la señora Gómez también en sus cuestiones privadas, si es que lo hizo.

Rizando el rizo, el juez parte de que posiblemente quien contrató a la asistente fue Félix Bolaños. El número de indicios que apoyan esta convicción es cero. De hecho, la lectura de las ininteligibles transcripciones de las declaraciones anteriores muestran a un juez instructor preguntando repetidamente a todo el mundo quién firmó ese contrato. Se lo preguntó en varias ocasiones al propio Bolaños, pero ni él ni ningún otro testigo le aportaron nada que pudiera clarificar la cuestión. Así que el mismo juez que hace una semana preguntaba por el autor del contrato, porque lo ignoraba, de pronto, sin que entre tanto haya pasado nada, sabe que fue el ministro. Imposible saber a qué obedece esa revelación, porque no lo explica.

Todo apunta a que esta acusación y la solicitud de que se lo investigue guarda alguna relación con la declaración del señor Bolaños que conocimos íntegramente porque, casualmente, todo lo que hace el juez Peinado acaba filtrado en medios de comunicación de derechas. Fue de una agresividad insólita. El instructor, perdida la compostura, mostraba con arrogancia y mala educación su malestar porque el ministro no respondía lo que él quería oír. Está claro que Peinado cree que Bolaños sabía más de lo que dijo y está seguro de que sus respuestas eran una tomadura de pelo. Sin embargo, lo relevante jurídicamente es que no tiene el más mínimo indicio de todo ello.

Por si nos quedara alguna duda, en otro salto al vacío desprovisto de base jurídica, también pide al Tribunal Supremo que lo investigue por un delito de falso testimonio. Aquí su argumento roza lo disparatado y explica el porqué de las decenas de páginas de relleno: según el magistrado, Bolaños afirmó que creía que el contrato lo había firmado un funcionario… pero ese funcionario dice que tampoco sabe quién la nombró. En la cabeza del juez instructor (pero solo ahí) eso es una demostración de que Bolaños miente.

La falta de lógica de todo el asunto es tan evidente que no hace falta ser jurista para entender el disparate. El juez instructor no tiene ni un solo indicio de ninguno de los dos delitos que imputa al ministro de Justicia. No aporta el más mínimo elemento que lleve a imaginar siquiera que él decidió el nombramiento de la asistente de Begoña Gómez, menos aún de que supiera que se iba a dedicar a cuestiones privadas. Respecto al delito de falso testimonio, lo único que dijo Bolaños es que no sabía quién era el responsable del nombramiento y que había un certificado firmado por una persona, cosa que es cierta.

La pregunta del millón que se debe hacer a estas alturas cualquier lector es: ¿qué lleva a un juez instructor a inventar unas acusaciones tan burdas y sin fundamento contra el ministro de Justicia e incluso a pedirle al Tribunal Supremo que lo investigue por ello?

Es imposible saberlo. No podemos –ni queremos– estar en la mente del juez Peinado. Pero es posible aventurar posibles explicaciones. La primera es visceral. Todos nos hemos cruzado alguna vez con ese personaje que en medio de una pelea que va perdiendo, impotente, amenaza al resto al grito de “cuidado conmigo, que estoy muy loco”. Quizás el juez Peinado sea uno de esos. Un movimiento jurídicamente tan zafio puede ser fruto de la desesperación. Ante la imposibilidad de descubrir al responsable del nombramiento de la asesora, cegado por la que él considera chulería de Bolaños resistiéndose a darle la contestación que exigía, decide castigarlo. En ese caso estaría usando la imputación, ahora investigación, como mecanismo para asustar y presionar a los testigos que no se adaptan a sus planes.

Junto a esa hay otra posible explicación, mucho más grave. Félix Bolaños es en este momento ministro de Justicia. En dos semanas los jueces han convocado una huelga de dudosa constitucionalidad contra sus propuestas de reforma de la Justicia. En este panorama alguien puede pensar que es tentador para el Tribunal Supremo utilizar este asunto, incluso planteado sin la mínima base fáctica, para amenazarlo y hacerle saber quién manda de verdad en este país.

Y sí, quizás quien manda no sea el pueblo español, del que emanan todos los poderes y en cuya representación actúa el Parlamento. Por encima cada vez se hace más evidente la voluntad de algunos jueces de usurpar la voluntad del Estado sustituyéndola por la suya propia.

En el peor de los escenarios, la resolución del juez Peinado sería un aviso de que los jueces no solo se pasan la voluntad del legislador por el arco del triunfo sino que, si hace falta, estarían dispuestos a abusar de sus poderes para amedrentar a los políticos con los que no comulgan.

Esperemos que el Tribunal Supremo ponga freno a esta tropelía y más temprano que tarde empecemos a recuperar el Estado de derecho, tan en riesgo en estos momentos.