España alcanza las 1.000 muertes dignas en cuatro años de la ley de eutanasia: “Mi marido se fue con una sonrisa”

A Josep le diagnosticaron Parkinson cuando tenía 53 años. La medicación funcionó un tiempo, pero tal como le avisaron los médicos, un lustro después empezó a notar un empeoramiento rápido y un principio de demencia, una consecuencia habitual de esta enfermedad. Cuando ya llevaba casi una década en tratamiento, la cosa se agravó tanto que ingresó en un centro de día y recibió la incapacidad.

Entonces le dijo a su mujer Teresa que quería morir. Era 2020 y la ley de la eutanasia todavía no estaba aprobada, así que pensó seriamente en el suicidio. “Pero le daba mucho miedo equivocarse, que saliera mal y convertirse en una carga”, recuerda ahora su esposa. Acabaron decidiendo que esperaría a que la ley entrara en vigor para garantizarse una “muerte correcta y digna”.

Finalmente, la norma se estrenó el 25 de junio de 2021, hace ahora justo cuatro años. Por aquella época, Josep estaba con una medicación que le funcionaba y decidió quedarse un poco más, pero en 2024 vio que su tiempo de calidad había acabado. Y le dijo a Teresa que el momento había llegado.

Vivía en Osona, una comarca en la que solo se habían practicado dos eutanasias y ambas habían sido ambulatorias. Pero la de Josep iba a ser hospitalaria, porque antes de morir quería pasar por quirófano para donar sus órganos. Y nadie sabía qué pasos seguir a pesar de que ya habían pasado tres años de la aprobación de la ley. Entre eso y que cuando empezaron a tramitarlo era verano, el proceso duró más de tres meses, cuando la normativa explicita que el periodo máximo es de 30 días o 20 en el caso de enfermedad terminal.

El caso de Josep ejemplifica una de las principales quejas que tienen las entidades. Desde Derecho a Morir Dignamente (DMD) calculan que para tramitar una solicitud en España se tarda, de media, 49 días. “Cuatro años después, ¿Podemos decir que la eutanasia funciona? Pues depende”, asegura Fernando Marín, médico y vicepresidente de DMD.

A parte de los plazos, hay otras cifras que preocupan mucho a las entidades, como que se aprueben menos de la mitad de solicitudes o que el 15% de personas muera antes de que se pueda tramitar la petición. “Necesitamos que haya un protocolo de respuesta, un compromiso del Ministerio para formar a los profesionales, campañas informativas para la ciudadanía y ayudas para que los médicos puedan cumplir los plazos”, apunta Marín.

“Son profesionales con mucha carga de trabajo y ocuparse de una solicitud de eutanasia es algo que lleva tiempo. Si nadie les libera de sus obligaciones y nadie les forma debidamente, es normal que tarden”, añade Marín, quien asegura que lo que falla es la falta de voluntad política y que “en muy raras ocasiones” hay mala fe.

Los casos judicializados de Noelia y Francesc

El cuarto aniversario de la ley llega marcado por los casos judicializados de Noelia y Francesc que están viendo “atropellados sus derechos fundamentales”, según apunta Cristina Vallès, presidenta de DMD en Catalunya. Llevan esperando más de un año para poder morir a pesar de que siguieron al pie de la letra los pasos y requisitos que exige la ley.

Primero, transmitieron a sus médicos de cabecera que querían morir debido a un dolor insoportable y con pocos o ningún viso de mejorar. Después de ser debidamente informados de alternativas, ratificaron su voluntad con su facultativo, quien debió buscar a lo que se conoce como médico responsable, un profesional independiente que evalúa y da el visto bueno a la petición. Por último, el Comité de Garantías y Evaluación dio el sí definitivo.

A pesar de tener todas estas garantías, los padres de ambos solicitantes llevaron la eutanasia de sus hijos a los tribunales. La justicia ha dado la razón tanto a Noelia como a Francesc, pero sus familias han recurrido la decisión judicial. Eso supone que no podrán morir hasta que sus casos se cierren definitivamente.

El de Noelia está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el de Francesc en las del Supremo. “Tienen margen para llegar hasta Europa, lo que supondría meses o años de retraso”, alerta Ramon Riu, jurista experto en derecho sanitario.

Desde las entidades se muestran muy seguros de que la justicia dará la razón a ambos, ya que tienen “más que acreditado su dolor grave e irreversible”. Lo que les preocupa es que estos procesos judiciales solo están pensados para “dilatar” la muerte de estas dos personas. “Su propia familia les obliga a vivir contra su voluntad. Es inhumano, degradante, equivalente a una tortura”, remacha Riu.

El experto en derecho sanitario no teme que estos casos generen jurisprudencia, pero sí le preocupa que algunas personas inicien el camino legal para evitar que sus familiares reciban la eutanasia y, en cambio, acaben muriendo como consecuencia -directa o indirecta- de sus enfermedades. Es por ello que desde DMD plantea la posbilidad de reformar la jurisdicción contenciosa administrativa.

En concreto, estudian pedir que el proceso para resolver los recursos sea especialmente abreviado, equivalente al que se aplica en casos de otros derechos fundamentales como el de manifestación. “Si cuando se prohíbe o se cambia el recorrido de una manifestación se debe resolver el recurso en 10 días, ¿por qué el caso de una eutanasia se puede dilatar más de un año?”, se pregunta Riu.

Falta de transparencia

Tanto Noelia como Francesc son de Catalunya y, a pesar de que su caso es “indecente”, las entidades admiten que son excepciones. De hecho, esta Comunidad Autónoma es donde más eutanasias se practican. Aun así, es una decisión muy “minoritaria” y todavía supone solo el 0,21% del total de las defunciones. Ahora bien, también es la región en la que las peticiones tardan más de media: 63 días, llegando a triplicar lo que dicta la ley.

Por otro lado Catalunya es referente en transparencia. Es de las pocas regiones que publica periódicamente los datos, tal como exige la norma. Hoy la mitad de las comunidades todavía no han compartido las cifras de 2024 y otras como Canarias y la Comunitat Valenciana siguen sin haber compartido las de 2023.

La falta de transparencia evita poder tener una “foto completa” de qué falla en la aplicación de la ley. Sin datos actualizados, las entidades detectan los problemas de la mano de los usuarios, que les alertan de los incumplimientos de plazos, de si hay una alta tasa de objetores de conciencia o de la falta de facultativos responsables.

Lucas, desde Andalucía, sufrió estos inconvenientes mientras ayudaba a su madre a gestionar su propia muerte. Contempló la eutanasia como una posibilidad desde que se empezó a tramitar la ley, ya que coincidió con un diagnóstico agresivo, degenerativo y sin cura. Cuando llegaron los dolores, que sabía que sólo harían que empeorar, se decidió y fue al médico. “Bueno, es que ahora me voy de vacaciones. Cuando vuelva lo hablamos”. Esa fue la respuesta que le dieron.

Era Navidad y a la vuelta de las fiestas, volvió a insistir. “¿No crees que es prematuro?”, le preguntaron a esa mujer que estaba obligada a tomar morfina a diario desde agosto. “Y tú, ¿no preferirías llevarla a una residencia antes que la eutanasia?”, le espetaron a Lucas. A pesar de esas respuestas, no cesaron y consiguieron que el médico de cabecera les aprobara la solicitud. Pero les quedaba el segundo visto bueno, el de los médicos responsables.

“Nos dijeron, simplemente, que la eutanasia era contra natura e iba contra la ley de la vida”, asegura ahora este joven, quien recuerda que los médicos responsables son voluntarios que deciden libremente apuntarse a una lista para evaluar peticiones. “Me pasé los últimos meses de vida de mi madre luchando por su muerte, no despidiéndome de ella, que es lo que habríamos querido”, lamenta ahora. El proceso fue largo y tedioso pero, finalmente, después de dos meses, su madre recibió una respuesta positiva.

“Fue un miércoles y el lunes ya estábamos en el hospital”, recuerda Lucas. Después de todo lo vivido, su madre temió que alguien se echara para atrás, así que tardó solo cuatro días en agendar su muerte, cuando la media es de entre dos y tres semanas. El final fue más abrupto de lo que hubiera querido su hijo, pero se muestra contento de que su madre consiguiera lo que quería. Asegura que “no hay mejor manera de entender el derecho a la muerte digna que estar ahí en el momento en que se van, cuando y como quieren, y sin dolor”.

Teresa coincide con Lucas. Su marido sí se planteó el momento de su muerte con calma. Le dio tiempo a editar un libro con las acuarelas que pintaba para entregárselo a sus seres queridos. Pudo despedirse de todos y cada uno de ellos e, incluso, fijo la fecha de tal manera que el entierro pudiera hacerse en fin de semana. “Nosotros teníamos el dolor dentro, pero él se fue con una sonrisa y en paz porque, por fin, pudo dejar de sufrir”, recuerda ahora.