El juez Peinado pide al Supremo que impute a Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que solicita la apertura de una causa contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El magistrado le atribuye un delito de malversación por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente de Begoña Gómez y otro de falso testimonio por la declaración que prestó cuando fue citado como testigo para dar explicaciones sobre esa contratación, proceso en el que negó cualquier tipo de irregularidad.

En el auto, fechado el 23 de junio, el juez afirma que ante las “evasivas” y “reticencias” del ministro cuando compareció ante él “sólo cabría haber acordado” un registro en la Moncloa para incautarse de la documentación sobre la contratación de la asistente, aunque admite que es una medida “contraria al principio de proporcionalidad” y plantea que la lleve a cabo el alto tribunal.

Ante el juez, Bolaños afirmó el pasado abril que no conocía a la asistente de Gómez y que su primer contacto con ella fue “semanas después” de comenzar a trabajar en la Moncloa en el año 2018. En aquel momento, Bolaños era secretario general de la Presidencia. Además, aseguró que nunca había sido su jefe y que desconocía las funciones de Álvarez como asistente, si bien enmarcó su nombramiento dentro de la legalidad, puesto que se llevó a cabo siguiendo lo que establece la normativa sobre personal eventual.

Fue un tenso interrogatorio, en el que el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, llegó a decirle. “Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso esbozo una sonrisa”, respondió el ministro. “¿No será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial?”, insistió Peinado, a lo que Bolaños respondió que “desde luego” que no estaba acostumbrado.

Dos meses después, el juez Peinado ve un delito de falso testimonio detrás de esta declaración. Sostiene que el ministro omitió “con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía” cuando prestó declaración como testigo y, por tanto, con obligación de decir verdad. Le atribuye “una actitud totalmente proterva”. Esto es, malvada o perversa.

En concreto, el juez remite a un pasaje concreto de esa declaración, cuando el juez preguntó a Bolaños por la persona que propuso o realizó el nombramiento de la asistente. Peinado le dijo que era “incomprensible” que no conociera ese dato. “No sé por qué le sorprende. Es que nunca fue mi subordinada”, respondió el ministro. El juez llegó a detener la declaración para que el ministro pudiera recabar la información para responder a esa pregunta.

Según el juez, Bolaños detalló entonces el nombre de la persona que “había realizado el nombramiento” era Raúl Díaz Silva, que es la persona que coordina al personal de Palacio, más de 2.000 personas. También le recordó que su nombre ya figuraba en la documentación que la Moncloa remitió al juez en uno de sus requerimientos de información. Este cargo declaró como testigo ante el juez los días 14 y 28 de mayo y dijo desconocer quién había nombrado a la asistente. “Yo no llevo ese tema, señoría”, afirmó. Peinado se acoge a esta supuesta contradicción para afirmar que la declaración de Bolaños fue “incierta” y atribuirle un delito de falso testimonio.

Delito de malversación

Respecto al delito de malversación, el juez sostiene que el ministro “ha podido participar directamente en el nombramiento” de la asistente como personal eventual y “ha conocido o no ha controlado las tareas llevadas a cabo por la misma percibiendo sus retribuciones de una partida de los Presupuestos Generales del Estado”.

El juez afirma que la asistente realizó para Gómez actividades “de carácter privado y, en ningún caso, de carácter institucional”. Y considera que esas conductas extienden sus efectos sobre las personas que “han venido teniendo desde su nombramiento alguna responsabilidad tanto en dicho nombramiento como con el posterior mantenimiento de su condición de directora de programas (...) con cometidos difusos y escasamente concretados”.

Su tesis es que el delito de malversación es “de carácter permanente”, por lo que todas las personas que tuvieron “bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público” deben ser consideradas “partícipes de dicho delito” si no llevan a cabo las actuaciones necesarias“ para evitar un mal uso de ese dinero público.

El magistrado entiende que para el “total esclarecimiento” de esos hechos el Supremo debería llevar a cabo una serie de diligencias, entre las que cita la declaración de Bolaños como investigado en el Supremo, pedirle que aporte la documentación en su poder sobre el nombramiento de la asistente y la remuneración que recibió cuando él era secretario general de la Presidencia.