Sindicatos denuncian que las plazas de mandos de la Policía de la Generalitat se convocan “a medida” de los jefes cesados

Dos sindicatos de la Policía Nacional cuestionan la nueva convocatoria para cubrir cuatro plazas en la cúpula de la unidad adscrita a la Comunitat Valenciana, la llamada Policía de la Generalitat, realizada 48 horas después de los ceses forzados por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano. La dirección general de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, publicó el 2 de junio la convocatoria de cuatro comisiones de servicio voluntarias -puestos sin dietas pero dotados con un extra de 10.000 euros-, para cubrir cuatro puestos de los mandos policiales: el adjunto al jefe de unidades adscritas, jefe de sección operativa y jefaturas provinciales de unidad adscrita en Alicante y Castellón.

Las plazas conllevan un complemento de unos 10.000 euros al año –12.000 en el caso de la jefatura adjunta– para estas vacantes en la escala ejecutiva. La selección, según la orden publicada, se llevará a cabo por la Unidad Adscrita y deberá tener en cuenta “la formación y experiencia profesional específica en las funciones de vigilancia y protección de (...) edificios e instalaciones y la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales”. Además, se deberán tener en cuenta “conocimientos de la normativa relacionada con funciones y competencias propias de la Unidad Adscrita”. Los candidatos podrán pasar una entrevista personal, también a cuenta de la Unidad Adscrita que encabeza la comisaria Marisol Conde, quien propuso al resto de mandos para los cargos impugnados y las condecoraciones. La comisión de servicio tiene un periodo de seis meses prorrogables por necesidades operativas. La Policía de la Generalitat depende orgánicamente de Interior y funcionalmente de la Generalitat Valenciana, en concreto, de la conselleria de Emergencias e Interior.

Con estas bases, las secciones sindicales de la Unión Federal de Policía (UFP) y Justicia Policial (Jupol) cuestionan los tiempos y el método de selección elegido y creen que las plazas se han realizado “a medida” de los jefes cesados. La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia dio la razón al sindicato Jupol, que consideró arbitrarios los nombramientos porque se habían realizado sin publicidad de las plazas, y determinó que procedía su nulidad. En la sentencia, la sala indica: “No se trata aquí de impugnar el sistema de provisión del puesto elegido, su conveniencia o necesidad, sino la publicidad dada al mismo. Y esta ha sido sin duda insuficiente y contraria a las normas que se han citado en el fundamento anterior”.

El sindicato UFP, mayoritario en la unidad adscrita a la Comunitat Valenciana, ha emitido un comunicado en el que censura que “después de haber sido cesados en sus puestos los cuatro Inspectores Jefe, por sentencia judicial, se ha gestionado de forma inmediata una nueva Comisión de Servicio ad hoc, figurando entrevista y conocimiento explícito de la Unidad”. El sindicato recuerda que desde la creación de la unidad, hace más de 30 años, hay un catálogo de medio millar de puestos de trabajo de los que se han cubierto solo dos tercios, y “se viene perdiendo personal paulatinamente al cabo de los años, bien por jubilaciones, bien por cambios de destino o promoción del personal que la compone”. La sección sindical aprovecha la convocatoria de la nueva comisión de servicios para solicitar un aumento de personal del resto de escalas, ya sea por concurso de méritos y otro proceso, “para reforzar de forma rápida e inminente de personal, como se ha realizado con los Inspectores Jefe”.

Por su parte, el Sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, también ha denunciado la convocatoria de plazas para la cúpula, “solo 48 horas después de que una sentencia judicial firme, a instancia de la denuncia interpuesta por los servicios jurídicos de este sindicato, obligase a cesar a cuatro Inspectores Jefes colocados a dedo de forma ilegal”. El sindicato califica la convocatoria como “una auténtica tomadura de pelo y una vergüenza sin paliativos” y señala directamente a la comisaria jefa de la Unidad Adscrita, Marisol Conde, a la que acusan de querer “colocar” a los mismos mandos cesados en una “convocatoria hecha a medida”. La sentencia se dictó el pasado septiembre y no fue ejecutada hasta hace apenas una semana.

“Los criterios de valoración están diseñados para beneficiar a los mismos que fueron cesados por enchufismo”, insiste este sindicato, que reclama que se retire la convocatoria y vuelva a publicarse con otros criterios. Asimismo, piden que no se computen como méritos las acciones realziadas en los cuatro años en los que los cuatro mandos han servido en sus puestos de trabajo, ahora anulados. Este sindicato también recuerda que los agentes llevan años reclamando la cobertura de todas las plazas vacantes y que el convenio está caducado, y amaga con volver a recurrir a los tribunales la convocatoria de empleo.

La cuestión de la falta de agentes se abordó recientemente en un encuentro entre la Generalitat y el Gobierno central. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, mantuvo una reunión el 24 de marzo con el secretario Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, para abordar el déficit de agentes de la unidad de adscripción autonómica y el conflicto por el complemento extraordinario. Valderrama reclamó al ministerio la necesidad de llegar a los 500 agentes en esta unidad adscrita y argumentó que “es más necesario que nunca disponer de efectivos para hacer frente a la situación actual de reconstrucción” tras la riada. El conseller apuntó en un comunicado que “se ha acordado trabajar de forma inmediata en la dotación de este incremento de efectivos de forma paralela a la renovación y constitución de la comisión mixta de seguimiento del convenio con el fin de ir trabajando en un nuevo texto que permita sustituir al actual, prorrogado en 2022”.