La jefa de seguridad del Palau cesa en su cargo nueve meses después de que el TSJ declarara arbitrario su nombramiento

Semana de cambios en los mandos de la Policía de la Generalitat Valenciana. La inspectora jefa responsable de la seguridad del Palau de la Generalitat, y otros tres jefes más cesan en su cargo como responsables de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Generalitat Valenciana a consecuencia de una sentencia judicial. Los cuatro mandos, entre los que se encuentra la responsable de custodiar las imágenes de Carlos Mazón durante la DANA, han finalizado sus responsabilidades en el segundo escalafón del cuerpo nueve meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana considerara sus nombramientos arbitrarios.

Se trata del jefe adjunto a las unidades adscritas, José Vicente García; la inspectora jefa de violencia de género –y posteriormente responsable de seguridad del Palau–, Pilar Bojó y los jefes provinciales de Castellón y Alicante. Este mismo lunes, inmediatamente después del cese, el Ministerio de Interior ha publicado la orden de convocatoria de la comisión de servicio voluntaria, sin derecho a dietas, para cubrir estas cuatro plazas. Algunos sindicatos recelan de los tiempos y consideran que son plazas a medida de las que se pueden beneficiar los recién apartados por llevar cuatro años en puestos. Todas conllevan un complemento de unos 10.000 euros al año –12.000 en el caso de la jefatura adjunta– para estas vacantes en la escala ejecutiva.

La selección, según la orden publicada, se llevará a cabo por la Unidad Adscrita y deberá tener en cuenta “la formación y experiencia profesional específica en las funciones de vigilancia y protección de (...) edificios e instalaciones y la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales”. Además, se deberán tener en cuenta “conocimientos de la normativa relacionada con funciones y competencias propias de la Unidad Adscrita”. Los candidatos podrán pasar una entrevista personal, también a cuenta de la Unidad Adscrita que encabeza la comisaria Marisol Conde, quien propuso al resto de mandos para los cargos impugnados y las condecoraciones. La comisión de servicio tiene un periodo de seis meses prorrogables por necesidades operativas.

Bojó es experta en violencia de género y lleva más de 25 años de servicio activo. La consellera de Justicia Gabriela Bravo la puso al frente de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. Recientemente, ha sido propuesta para la condecoración con la medalla blanca al mérito policial, según ha podido saber elDiario.es. Estas condecoraciones del Ministerio implican un aumento del salario y méritos para futuros concursos o traslados. Las medallas rojas del Ministerio también han sido recurridas por un sindicato al considerar que había un exceso de mandos frente a los agentes que participaron en rescates en la zona cero.

Sentencia del TSJ por nombramientos sin publicidad

El sindicato Jupol impugnó una resolución adoptada en 2021 que desestimaba su recurso de reposición contra los nombramientos. El sindicato recurrió la resolución en la que se resuelve la convocatoria para cubrir plazas en comisión de servicios en la Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana porque se había realizado sin que hubiera existido “ningún proceso de convocatoria ni tampoco habiéndose seguido los principios generales de cualquier concurso”. Según su demanda, el 28 de enero de 2021, “se comunicó (sin trámite previo alguno) por el gabinete de despacho de la Unidad del Cuerpo de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana el nombre de los Inspectores Jefes que se incorporaban en comisión de servicio a la Unidad Adscrita de la GVA”.

La Administración alegó que se trataba de un supuesto “muy específico, excepcional, y por ello temporal, de nombramientos de personal en comisión de servicios en situaciones de urgencia” e insistía en el carácter “inaplazable” de las comisiones de servicio. “Es por tal motivo de necesidad, por lo que dicha convocatoria no se proveyó por los procedimientos de concurso general de méritos, concurso específico de méritos ni libre designación; procedimientos todos ellos normalizados por lo que se proveen los puestos de dos trabajos en el ámbito de la Policía Nacional”, apuntó el Ministerio del Interior, según cita la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La sala de lo Contencioso-Administrativo dio la razón al sindicato, que pidió que se anulara la resolución administrativa impugnada y se acordase retrotraer las actuaciones el momento inicial de la convocatoria para que se vuelvan a convocar las plazas ofertadas conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad.