Ingenieros valencianos tumban los bulos del PP y Vox sobre la DANA: la Ley de l'Horta no impidió las obras en el Poyo

Las comparecencias de la comisión de investigación sobre la DANA en las Corts Valencianes han arrancado este martes con la comparecencia del decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, Javier Machi Felici, quien ha tirado por tierra gran parte del argumentario del PP y de Vox con respecto a los motivos por los que no se han ejecutado las obras de encauzamiento de los barrancos del Poyo y de la Saleta, que hubiera atenuado los daños materiales de la riada. También Federico Bonet, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en València, segundo experto en comparecer, ha desmentido varios bulos repetidos insistentemente por la derecha y la extrema derecha, como la apertura de compuertas sin avisar de la presa Forata.

Ante las insistentes preguntas por parte de los diputados de Compromís y del PSPV sobre si realmente la Ley de l'Horta paralizó los proyectos en los barrancos del Poyo y de la Saleta, ninguno de los dos lo han corroborado y lo han achacado más a falta de voluntad para llevar a cabo los proyectos. Además, han conformado que obtuvieron declaración de impacto ambiental favorable (DIA) en 2012 y que caducó años después, en 2018, porque no se ejecutaron, años en los que Mariano Rajoy estuvo el frente del Gobierno.

Tanto Compromís como el PSPV habían solicitado que las asociaciones de víctimas fueran las primeras en comparecer, una petición que ha sido rechazada por Vox y por el PP, con mayoría en la mesa de la comisión, por lo que será previsiblemente a partir del mes de septiembre cuando serán llamados a acudir.

En su intervención, Machi ha comentado que “la rambla del Poyo es objeto de estudio desde los años 80, se hicieron y se hicieron unas primeras obras desde la pista de Silla hasta Paiporta entre 2000 a 2004”. Posteriormente “la crisis económica de 2008 generó una disminución del 90% de inversiones públicas, entre 2011 y 2012 muchas empresas cerraron y muchos ingenieros tuvieron que salir de España” y ha afirmado que desde la aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA) de los proyectos en el año 2012 “ya sea por la crisis, por dejadez o por lo que sea, el caso es que no se ha hecho nada”, lo que hizo que la DIA caducara en el año 2018, por lo que se tuvo que tramitar de nuevo.

Machi, afectado por la riada al ser vecino de Algemesí, ha asegurado que “las cosas no se hicieron bien antes de la tragedia, durante la tragedia hubo problemas en cuanto a cómo operar y avisar a los damnificados y luego aunque se están haciendo muchas cosas, los días siguientes no había manera de salir de Algemesí, hasta que conseguimos que vinieran bomberos, protección civil y voluntarios”.

El decano de los ingenieros valencianos ha comentado también que las competencias en ordenación del territorio son de la Generalitat Valenciana y que el Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgos de Inundaciones de la Comunitat Valenciana (Patricova) es “un documento interesante” al que se incorporaron los riesgos geomorfológicos: “Hay que conocer el territorio para conocer si se puede hacer una gasolinera que no se debía haber hecho, hay que incorporar el conocimiento científico a los planes”. Además, ha propuesto estudiar modificaciones, aunque no muy sustanciales. ya que “tiene seis niveles de riesgo y dice qué zona es de qué color según riesgos y niveles”, pero en el caso de la DANA “no ha funcionado exactamente así, Paiporta no era de las zonas con riesgo más alto; hay que ver qué pasa en zonas urbanas, no solo urbanizables”.

Preguntado por los diputados del PP, Vox, Compromís y el PSPV sobre si realmente Ley de l'Horta impidió ejecutar los diferentes proyectos de encauzamiento, como sostienen la derecha y la extrema derecha, Machi ha comentado: “La propia ley incluye una normativa que obliga a que los cauces que se realicen nuevos sigan las parcelas de las zonas de huerta y al mismo tiempo en los planos aparecían dos derivaciones que habíamos proyectado que era la salida del barranco de la Saleta al nuevo cauce y del barranco del Payo desde Picanya y Paiporta al nuevo cauce. El no hacerlo en mi opinión es falta de voluntad, no otra cosa. En este caso se tenían que haber hecho esas obras y no se hicieron, se ha alargado mucho, y el mismo presidente de la Confederación Hidrográica del Júcar (CHJ) en agosto de 2024 instó a sentarse para buscar una solución y no darle más vueltas”.

El decano de los ingenieros valencianos ha asegurado que las obras “sí que hubieran eliminado riesgos” y que “el barranco del Poyo, en su unión con el de Gallego, es una zona que se inunda” por lo que hay que aprovechar “ese recurso natural para proteger lo que hay aguas abajo, algo hay que hacer para almacenar y que no llegue aguas abajo”.

Desde su experiencia, ha comentado que por lo que hablaban con el resto de residentes de Algemesí, “era generalizado que casi nadie sabía lo que estaba pasando, nadie se esperaba que pasara en dos horas de estar todo seco a tener dos metros de agua en cuestión de 15 minutos por el desbordamiento del río Magro, un caso muy excepcional que tiene que servir para proyectar a futuro”.

Machí ha abogado por reformar la Ley de Aguas de 2001 para incorporar como principio “salvar las vidas humanas” y “no solo el medioambiente y la naturaleza”. Es algo que pide una iniciativa legislativa popular (ILP) que fue presentada la semana pasada.

Durante su comparecencia, este experto ha lamentado la falta de actuaciones en la zona afectada, por “dejadez” o por “falta de voluntad”, cuando “es evidente que hay un peligro” de inundación. Lo ha comparado con la dana de 2019 en la Vega Baja de Alicante, donde seis años después “está todo igual”. Sobre los planes de reconstrucción, ha instado al Gobierno y a la Generalitat a “sentarse y desarrollar fechas e inversiones lo antes posible”.

Desmentido el bulo de la apertura de compuertas de Forata

Federico Bonet, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en València, ha desmentido s preguntas del síndic de Vox, José María Llanos, que se abrieran las compuertas de la presa Forata sin avisar, uno de los bulos más recurrentes de la extrema derecha: “La presa de Forata no tiene nada que ver con el barranco del Poyo. Sus compuertas estaban abiertas porque determinadas épocas del año de riesgo de lluvias se dejan abiertas y con poca agua para prevenir avenidas por lluvias torrenciales. Por lo tanto, estaban ya abiertas las compuertas y hubo capacidad de laminación ya que solo salieron 1.000 metros por segundo, la mitad del volumen que llegó”.

Sobre la Ley de l'Horta, ha explicado que no la conoce al detalle, pero ha achacado la no ejecución de las obras de encauzamiento “a ese criterio general de que ese tipo de actuaciones no hay que hacerlas y eso sí que es un error”.

Bonet ha expuesto en la comisión de investigación de la dana en Les Corts la falta de inversión en obras hidráulicas desde “20 años” antes de la catástrofe que arrasó la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos el pasado 29 de octubre.

“Los recursos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) son totalmente insuficientes para poder abordar estas grandes obras de infraestructuras hidráulicas, que normalmente se promueven por el Ministerio, se declaran de interés general y se dotan en los Presupuestos Generales que se hacían en las Cortes. Si no hay ese impulso político, la Confederación poco puede hacer”.

Bonet, que trabajó en la CHJ entre 2008 y 2012, ha respondido a preguntas de los diputados sobre el papel de la Confederación durante la DANA, la necesidad de obras hidráulicas en la zona afectada, los avisos a la población ante emergencias, el cambio climático o el plan de reconstrucción. Según ha explicado, la CHJ se encarga de “identificar puntos que pueden tener problemas y ofrecer soluciones”, ya que cuenta con un Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que se puso en marcha tras la pantanada de Tous de 1982. En base a este sistema se puede “de alguna manera ver qué va a ocurrir y dar un aviso” y, a partir de ahí, “cada uno actúa”.

Además, ha remarcado que los puntos con riesgo están “perfectamente identificados” y no se limitan al barranco del Poyo, así como que en la demarcación del Júcar “tampoco hay mucha capacidad para tomar decisiones” porque sus características son “muy diferentes” a las de otras demarcaciones como la del Ebro, cuyo sistema de prevención temprana que revindican Mazón y su Consell no sería muy efectivo en el caso del barranco del Poyo: “En el Ebro cuando empieza a nevar o deshelar en Pirineos hasta que el agua llega a Zaragoza pasan un par de días; aquí cuando llueven 180 litros por metro cuadrado en una hora en dos horas está en Paiporta con 3.000 metros cúbicos por segundo y no hay capacidad para abordar eso. En cada sitio la actuación hidráulica debe ser la adecuada”.

Respecto a las obras hidráulicas, ha lamentado que España pasó de “ser una potencia” en este tipo de actuaciones durante el siglo pasado a no hacer “ninguna” durante los últimos 20 años. “Hubo un cambio de mentalidad con el que una parte de la sociedad entiende que el hormigón y las obras hidráulicas es algo muy feo, que la naturaleza es amable y hay que ser amable con ella (...). Pero los problemas siguen siendo los mismos”, ha dicho.

En el caso del barranco del Poyo, ha señalado que no se llegó a realizar una segunda fase de obras para derivar un exceso de caudales al nuevo Turia, un proyecto que se redactó en 2006 y cuya declaración de impacto ambiental se aprobó en enero de 2012, y caducó “cino o seis años después”. Ha admitido que no eran “obras urgentes” y que “hubo circunstancias” que impidieron abordarlas entonces, en alusión a la crisis económica, pero ha insistido en que “no podemos estar 20 años sin hacer nada”.

El experto ha abogado por “redimensionar” las obras hidráulicas necesarias teniendo en cuenta que el cambio climático provoca inundaciones más intensas y una mayor sequía. También ve necesaria una mayor coordinación de la ordenación del territorio a nivel metropolitano.

El Es-Alert y el Cecopi

Ahora bien, Bonet ha hecho notar que “el riesgo cero no existe” y que las obras hidráulicas no dotan a la población de una “protección absoluta” porque “no sabemos hasta cuándo puede llover”. Ha abogado así por aprender a “convivir con el riesgo”, algo que a su juicio también pasa por concienciar a la población.

En cuanto al mensaje de alerta a la población, ha reconocido que “todo ayuda”, pero ha lamentado que cuando le llegó el Es-Alert “no sabía a qué venía ni qué suponía” porque en la ciudad de València no llovía durante la tarde de la dana. Ha apostado así por plantear “otro tipo de avisos” junto a obras que puedan retrasar las avenidas de ríos y barrancos: “Solamente un par de horas habrían sido fundamentales para dar esos avisos de forma más eficiente”.

Ha lamentado, como “una opinión muy personal”, la falta de coordinación entre los organismos del Centro de Coordinación operativa Integrado (Cecopi), donde cree que sus miembros “tendrían que conocerse y tener su número de teléfono”. “En una entidad que se ocupa de una emergencia no se puede estar mirándose unos a otros por encima del hombro, a ver si le puedo o no pillar en falta, tratar de esconder información…”, ha lanzado, y ha advertido que “así no vamos bien”.

Al respecto, ha opinado que desconoce si “es necesario que Carlos Mazón (‘president’ de la Generalitat) estuviera allí, en el Cecopi esa tarde, porque ”para eso hay todo un escalafón de técnicos y funcionarios“. El problema, ha añadido, es que ”muchas veces no se deja trabajar a los técnicos y la administración está excesivamente politizada“.

Sobre el Pla Endavant, presentado este lunes por la Generalitat para la reconstrucción, ha valorado que “este tipo de planes están muy bien como ejercicio de planificación”, aunque “al final no tienen carácter vinculante y son ‘un poco aleluya’” al incluir inversiones de varias administraciones. Por tanto, ve necesario plasmar los planes en un presupuesto concreto para que se ejecuten las obras necesarias.

Bronca del PSPV con un compareciente

El arquitecto urbanista Julio Gómez-Perretta, hijo del autor del Plan Sur de València, ha advertido de que no realizar las actuaciones hidráulicas pendientes en la provincia de Valencia supondrá estar “condenados a repetir la dana” del pasado 29 de octubre “de forma periódica”. “Todas las obras hubieran sido fundamentales para que la catástrofe fuera absolutamente distinta”, ha sostenido.

El síndic socialista, José Muñoz, ha recordado a Gómez-Perretta que acude a esta comisión en su “condición de experto” y no como “opinador” y le ha reprochado un artículo publicado el pasado noviembre titulado 'Sánchez y la izquierda miserable'. Dicho esto, le ha advertido de que podría estar “usurpando un asiento que le permitiría a otros expertos que desde un punto de vista objetivo intentarían mejorar el conocimiento sobre estas cosas”. “Creo que no es el sitio adecuado para usted. No sé si su sitio es este o sería más bien el de portavoz del PP o Vox”, le ha espetado.

Gómez-Perretta ha asegurado que no tiene “ningún sesgo político, absolutamente ninguno”, ha señalado, por lo que ha considerado “fuera de lugar” las críticas 'ad hominem' lanzadas por el PSPV. Además ha apostado por construir presas de cabecera entre la zona de Vilamarxant y la de Cheste y Chiva y para crear zonas de recogida de agua y “tener un margen de tiempo de reacción”. Mientras, en el cauce intermedio hasta llegar a Torrent, ha señalado la necesidad de “detectar qué áreas podemos utilizar” para generar cuencas y “presas intermedias” para ir “diseminando el agua”. “Es curioso porque todo lo que se dice a 11 días de la catástrofe es lo que luego han referendado todos los técnicos”, ha valorado.