Una crisis de solidaridad institucional

Hoy te propongo comenzar este boletín jugando al mítico pasatiempo de unir los puntos, como hacíamos inocentemente cuando éramos (más) jóvenes. No nos va a llevar mucho tiempo y no tardaremos en encontrar la solución. Nos situamos primero en el 17 de marzo de 2025 en el Parlamento de Cantabria, en el momento en el que el Partido Popular se apoya en Vox para aprobar definitivamente su proyecto legislativo estrella para esta legislatura: la conocida Ley de Simplificación Administrativa que modifica una veintena de normas de todo tipo y abre la puerta a pelotazos urbanísticos con la excusa de que reducirá la burocracia. Ya entonces avisamos de que ese pacto iba a suponer un antes y un después. Hasta ese día, la extrema derecha calificaba el texto de “puro brindis al sol” y lo tachaba de “despropósito”. Pero se produjo el milagro: sus votos sirvieron para salvar la minoría parlamentaria del Gobierno que encabeza María José Sáenz de Buruaga. Habían visto la luz súbitamente sin explicar antes qué les había hecho cambiar de opinión de forma tan repentina.

Y continuamos en ese mismo 17 de marzo de 2025, con apenas unos minutos de diferencia, en la misma sesión plenaria en el hemiciclo del antiguo Hospital de San Rafael. En este caso, la derecha extrema y la extrema derecha —tomo prestado el juego de palabras— se unen para aprobar una Proposición No de Ley (PNL) que insta al Gobierno de Cantabria a "promover la firma de acuerdos para la reintegración de menores no acompañados con sus familias". Es decir, PP y Vox acuerdan poner en marcha uno de los mantras con los que Santiago Abascal y los suyos hacen política desde su fundación: la criminalización de niños por puro racismo y xenofobia. Si no es una contraprestación, lo parece. Pero sigamos uniendo los puntos, que ya estamos acabando.

La última fecha relevante nos lleva hasta el 26 de marzo de 2025, unos días después, cuando la Consejería de Inclusión Social de Cantabria se puso manos a la obra de forma sorprendentemente eficiente para lo que acostumbra la Administración pública para cumplir una proposición que no era vinculante y para la que es muy cuestionable incluso que tenga competencias reales. Al día siguiente, —concretamente el 27 de marzo de 2025 a las 13.20 horas, si queremos llevar la precisión al extremo—, el subdirector de Infancia, Adolescencia y Familia, Jaime Serdio Agüeros (PP), presentó ante la Delegación del Gobierno de España hasta 18 oficios calcados unos de otros, en los que apenas cambiaba el nombre de los afectados, solicitando "la incoación del expediente de expatriación" de 18 menores migrantes tutelados, justificándolo en que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”. Sin estudiar antes cada caso. Sin valorar las diferentes circunstancias. Sin conocer la opinión del menor o las posibilidades y el contexto de esa supuesta expulsión. Nada. Estamos hablando de la práctica totalidad de los menores que acoge la comunidad autónoma, que superaba por poco la veintena en esos momentos.

Hay algunos consensos básicos que no deberían romperse nunca, mucho menos por un puñado de votos: los derechos humanos y la decencia deberían estar siempre por encima de la última imposición de la extrema derecha

Tres puntos, conectados entre sí, pero que el Gobierno de Buruaga trata de desvincular. Es más, que intenta negar pese a las evidencias. Al final vamos a tener que dar la razón a los que calificaban al Partido Popular como la “derechita cobarde”, aunque precisamente los que acuñaran ese apelativo tan poco cariñoso sean sus actuales socios. Porque lo que queda claro es que con esta petición se vulnera toda la legislación española e internacional en materia de protección a la infancia, es contraria al Derecho Internacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Los expedientes de expulsión solo se pueden tramitar individualmente y con garantías legales, jamás de forma colectiva ni automatizada, que es lo que encubiertamente está haciendo el Ejecutivo del PP por la puerta de atrás. Como ha recordado esta misma semana la delegada del Gobierno de España, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), “en Cantabria no hay una crisis migratoria, hay una crisis de solidaridad institucional”.

Porque hay algunos consensos básicos que no deberían romperse nunca, mucho menos por un puñado de votos: los derechos humanos y la decencia deberían estar siempre por encima de la última imposición de la extrema derecha. Porque ya hemos unido todos los puntos, no es difícil ver el trasfondo de esta decisión, pero hay quién todavía quiere hacernos pasar por locos, o peor aún, por tontos. Concretamente, la responsable de la Consejería de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), que en vez de mantenerse en un discreto silencio o asumir sus responsabilidades en primera persona, decidió justificar lo injustificable con unas declaraciones que se juzgan por sí solas: “El Gobierno de Cantabria no pretende la expulsión de ningún menor extranjero no acompañado. Precisamente todo lo contrario: buscamos protegerles, buscamos el interés superior del menor, buscamos que tengan un adecuado lugar para vivir, porque Cantabria es y será solidaria, y queremos tratar a estos niños con la debida dignidad y con la adecuada protección”, dijo en una comparecencia de urgencia cuando los medios informamos al respecto. ¿Y cómo lo hacen, supuestamente? ¿Cómo buscan proteger a esos menores para proporcionarles una adecuada protección? Iniciando los trámites para solicitar su expulsión y enviarlos de nuevo al infierno del que salieron huyendo.

Y un último recordatorio de cómo empezó la presente legislatura: con el Gobierno del PP rechazando una inversión cercana a los 30 millones de euros provenientes de fondos europeos destinados a la futura construcción de un Centro de Acogida de Protección Internacional en el antiguo centro psiquiátrico de Parayas en Camargo. “¿Por qué tienen que venir a Cantabria? España es muy grande: los refugiados se pueden acoger en muchos lugares. Que los acojan otros”. Así ventiló la cuestión la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. No podemos negar que estábamos avisados desde hace tiempo. No hacía falta siquiera unir los puntos.