El pacto de La Romareda fija un castigo millonario para la propiedad del club en caso de impago, pero no se ha ejecutado

El pacto parasocial para La Nueva Romareda SL, la entidad creada para gestionar la construcción del nuevo campo de fútbol y de la que forman parte el Real Zaragoza, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, contempla –tanto en el primero suscrito como en el recientemente firmado– una penalización millonaria para el “socio privado” en caso de que este no cumpla con el programa comprometido de financiación. Así sucedió en 2024 con los 6,8 millones de euros que el club debía pagar y que no transfirió, sin que se hayan activado estas cláusulas.

Es más: el Ayuntamiento, gobernado por el PP, evita revelar en qué fecha dio el consejo de administración de la sociedad su visto bueno a la reprogramación de estas aportaciones: en el nuevo pacto parasocial –fechado este 21 de abril– ya no figuran esos 6,8 millones que el Real Zaragoza dejó de aportar en 2024, y a cambio su contribución debe aumentar este año hasta los 10 millones. De haberse aprobado en el pasado ejercicio para no incumplir el acuerdo, el Gobierno municipal y Ejecutivo autonómico habrían ocultado durante meses que la sociedad anónima deportiva no iba a poner ni un euro durante el año.

Fuentes municipales aluden a la “confidencialidad” de lo que sucede en el consejo de administración de La Nueva Romareda, pese a que la mayoría de la participación es pública. Precisamente la falta de transparencia ha sido una de las principales denuncias de la oposición desde que se impulsó la construcción del nuevo campo. Hasta hace dos meses no ha sido posible que un grupo fuera del gobierno municipal –la concejal de Vox Eva Torres– entrara en el consejo de administración.

En un escenario u otro, lo cierto es que a mayo de 2025 las dos instituciones públicas han aportado más de 50 millones de euros al nuevo estadio mientras que el socio privado solo ha transferido 6 millones. Un dinero, además, que no llega de la propiedad del club, sino que se ha canalizado desde los fondos transferidos por CVC al Real Zaragoza.

En caso de incumplimiento

El punto 5.3 del pacto parasocial suscrito entre las tres partes es el que detalla qué sucede en caso de “incumplimiento de la fase 1 del calendario de inversión”, el actual. Los tres socios empiezan reconociendo los “perjuicios de difícil reparación para la sociedad” que puede causar que uno de ellos no pague lo que le corresponde.

En este contexto, el acuerdo es claro: en caso de que “el socio privado” –el Real Zaragoza– incumpla con la fase 1, “se obliga irrevocablemente a transmitir la totalidad de su participación” a la sociedad. Con un añadido: “A requerimiento de esta”. Pese a que el club no transfirió los 6,8 millones comprometidos el año pasado, ni Ayuntamiento ni Gobierno de Aragón activaron este resorte.

A continuación, el pacto explica cómo sería la ejecución de esta “opción de compra”: el precio de las participaciones del Real Zaragoza será su “valor neto contable” pero “minorado en un 25%”. Teniendo en cuenta que el club ha aportado hasta ahora 6 millones de euros, el precio de recompra se quedaría en 4,5 millones, que deberían ser pagados “al contado”. Para llevarlo a efecto, la sociedad debería impulsar una ampliación de capital acordada en junta general, “con la abstención del socio incumplidor”. 

En caso de salir de la sociedad, el Real Zaragoza no resultaría beneficiario de la explotación del estadio, como así está previsto que sea durante 75 años. Un periodo en el que, según las previsiones establecidas, el club irá ingresando anualmente unos 14 millones de euros, frente al canon de entre 1,1 millones –en Segunda– y 1,6 –si sube a Primera– que debe pagar.

“Daños y perjuicios”

Pero hay más. Junto a la obligación de transferir su participación a la sociedad si incumple con el calendario de pagos, el club está obligado a asumir una indemnización a los otros dos socios por los “daños y perjuicios” causados. Una 'multa' que el pacto fija en un “mínimo del 50% del valor neto contable” de las aportaciones del Real Zaragoza, más intereses de demora. Es decir, más de 3,4 millones de euros.

En conjunto, la penalización que debería asumir la sociedad anónima deportiva en caso de no pagar lo comprometido rondaría los 5 millones de euros, más el hecho de perder la explotación del estadio al quedarse sin participación en La Nueva Romareda. Sin embargo, nada de esto va a suceder porque ni Ayuntamiento ni Gobierno de Aragón han dado un paso en ese sentido.

Fuentes de Urbanismo del Consistorio zaragozano señalan que no se han producido “incumplimientos” puesto que se reprogramaron los pagos con el pacto parasocial recientemente aprobado. Un documento, indican estas fuentes, que actuaría a modo de “plan refundido” al incorporar los acuerdos adoptados por el consejo de Administración de la sociedad La Nueva Romareda en este tiempo. Entre los que se incluye el nuevo plan de aportaciones y también cuestiones como el estadio portátil, no contemplado en el primer pacto, de diciembre de 2023.