Reflexiones sobre el borrador de la nueva Ley de Agricultura Familiar

Una agricultura familiar viable no sólo produce alimentos sanos, seguros y de calidad garantizando la soberanía alimentaria y dando soporte a nuestras exportaciones e industria agroalimentaria; además asienta población en el territorio dando impulso a otras actividades económicas, garantiza la biodiversidad, genera empleo estable y temporal, sostiene la ganadería extensiva, está apostando por las producciones ecológicas, conforma la base social de las miles de cooperativas que hay en España; es emprendedora con múltiples iniciativas de modernidad en cultivos, productos y presentaciones; y está siendo un elemento determinante para avanzar en igualdad, con un protagonismo creciente de las mujeres en todos los órdenes de actividad y decisión.

Pero para garantizar estas funciones estratégicas y decisivas para la sociedad, la agricultura familiar necesita ser rentable, recibir precios justos, con una relación equilibrada entre costes de producción y valor de los productos.

En España, el 80% de las 914.000 explotaciones agrarias tiene como titular a una persona física. La agricultura y la ganadería familiar desempeñan un papel estratégico, no solo en la producción de alimentos, sino también en la lucha contra el despoblamiento y el cambio climático. Sin embargo, enfrenta graves desafíos: falta de relevo generacional, problemas de acceso a la tierra y la financiación, precios injustos y falta de reconocimiento del trabajo de la mujer en el campo.

Como apuntan Naciones Unidas, los agricultores y agricultoras familiares se sitúan en el centro de los sistemas alimentarios sostenibles, mejoran los medios de vida, sostienen la riqueza de especies animales y vegetales, en especial las autóctonas, gestionan de una forma más adecuada los recursos naturales, protegen el medio ambiente y el clima, generan agrobiodiversidad, mantienen la cultura y logran un desarrollo inclusivo y sostenible. La agricultura aamiliar genera riqueza en el territorio con personas que invierten en el mismo y lo mantienen vivo, produciendo bienes y servicios necesarios y atractivos para el resto de la población.

La Ley de Agricultura Familiar ha de servir para proteger y reforzar el modelo social y profesional de la agricultura. La definición de un modelo de agricultura y ganadería socialmente necesarias pretende proteger a las personas que mantienen las explotaciones más vulnerables, imprescindibles para garantizar nuestra alimentación y soberanía alimentaria en un contexto de crisis climática y energética. Que los agricultores y ganaderos profesionales puedan obtener la producción deseada y seguir con su actividad en el futuro, generando vida en nuestros pueblos y vertebrar el medio rural de forma sostenible. 

Según el último Censo Agrario (2020), el número de explotaciones ha disminuido un 7,6% en la última década situándose en 914.000 unidades, y el 41% de los titulares supera los 65 años, lo que subraya la urgencia del relevo generacional. Estos datos evidencian la urgencia de medidas que aseguren la continuidad de la agricultura familiar, un modelo que, pese a su importancia, enfrenta desafíos como el acceso a la financiación y la falta de economías de escala.

El Ministerio de Agricultura ha considerado la opción de aprobar la citada norma estatal, de regulación básica y desarrollo autonómico, como plataforma indispensable para la consecución de los objetivos previstos.

La nueva Ley de Agricultura Familiar es clave para devolver la ilusión al campo e impulsar su relevo generacional. Los jóvenes necesitan motivación, que la sociedad dignifique el papel de los agricultores y (imprescindible) rentabilidad económica para considerar el campo como un medio de vida atractivo.

De este modo, la Ley de Agricultura Familiar, que sustituirá a otra de hace 30 años, llega en un contexto en el que casi un 70% de los agricultores españoles en activo estarán jubilados en apenas una década, en el que su media edad es de 62 años y en el que casi la mitad de ellos tiene más de 65.

La nueva norma, para ser útil, justa y eficaz, debe lograr que los jóvenes vean el sector primario como una oportunidad laboral y familiar y, para eso, debe impulsar un plan integral sólido que genere certidumbre y estabilidad.

El futuro del mundo rural, la agricultura y la ganadería exigen una ley transversal, consensuada y que permanezca en el tiempo, por lo que debe ser fruto de la responsabilidad de todas las administraciones. 

Es necesario que la nueva norma reconozca este papel esencial de nuestros agricultores y ganaderos como garantes de la salud y del bienestar de la sociedad. Comer mejor va a suponer ciudadanos más sanos y un ahorro sanitario que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima en 8,1 billones de dólares anuales.

La producción de alimentos y las energías renovables deben coexistir de manera armónica, evitado situaciones de poder de la segunda sobre la primera. Por ello, la Ley de Agricultura Familiar debe proteger el suelo agrícola frente a la especulación energética, protegiendo los suelos con alto valor agrológico. 

Asimismo, es necesario que la nueva norma apueste por la sostenibilidad basada en criterios científicos y no ideológicos, que promueva un mayor uso de la tecnología y que contemple un acompañamiento tutelado de los agricultores por parte de funcionarios especializados.

Las administraciones no pueden olvidar la importancia de la capacitación agraria, esta juega un papel vital para el desarrollo del sector primario. Sólo con mujeres y hombres dotados de competencias profesionales sólidas podremos afrontar los retos que exige un mundo globalizado y altamente tecnificado. La incorporación de trabajadores cualificados, jefes de explotación y técnicos son figuras clave en las explotaciones agrarias del siglo XXI. No hay agricultura sin agricultores, ni desarrollo rural sin un sector primario fuerte, libre y respetado.

La agricultura familiar, mayoritaria en el sector, necesita respuestas a medida, porque no puede sobrevivir con las mismas armas que los modelos productivos que no dudarán en deslocalizar su actividad hacia otros países si les resulta más rentable y que tampoco proporcionan a la sociedad y al territorio los beneficios que aporta la agricultura familiar.