La petición de adelanto electoral ahonda la división en la Iglesia española: “Volvemos a los tiempos de Rouco Varela”

“Las declaraciones de monseñor Argüello no representan al conjunto de obispos”. Tajante, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, es el primer obispo español que, con nombre y apellidos, se desmarca de las polémicas palabras del presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, posteriormente secundadas por el portavoz César García Magán. Argüello reclamaba la dimisión de Pedro Sánchez y un adelanto electoral, provocando una nueva crisis entre el Gobierno y la Iglesia española.
En conversación con elDiario.es, Planellas lamenta las palabras de Argüello. “No podía efectuar estas declaraciones, y menos en nombre de los obispos, sin haber tratado este tema en la Comisión Permanente del episcopado, que se ha reunido precisamente esta semana en Madrid”, y a la que el arzobispo de Tarragona asistió. No así el portavoz de la Conferencia Episcopal, de viaje en Estambul, y que aun así (y pese a admitir que “no hay posición de la CEE”), justificó el adelanto electoral ante “el bloqueo institucional”. “Decir que hablen los ciudadanos es un principio básico de una democracia”, añadió García Magán, quien se ha mostrado visiblemente molesto ante lo que considera “descontextualizaciones” de sus palabras.
“No comparto las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y del secretario general y portavoz, Francisco García Magán, en las que reclaman al Gobierno español la convocatoria anticipada de elecciones generales”, añade Planellas, quien insiste en que “la Iglesia no debe entrar en política partidista”.
El arzobispo de Tarragona no es el único que se ha quejado, ante los órganos pertinentes, de las palabras de los principales representantes de la Conferencia Episcopal, pero sí el primero que se ha atrevido a hacerlo en público. Y es que, en el debate público y mediático, son mayoría los prelados que han mostrado su apoyo al adelanto electoral, rompiendo la última barrera no escrita de no intromisión entre Gobierno e Iglesia española.
A Argüello y García Magán se han sumado dos de los principales representantes del sector ultra: el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla (quien no forma parte de la Comisión Permanente de la CEE) y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. Munilla, a través de sus redes sociales, denunciaba “la gravedad de la corrupción del Gobierno actual” que calificaba de “insostenible”.
Sanz, por su parte, utilizaba la festividad del Corpus Christi para reclamar, desde el púlpito, un “desbloqueo de las instituciones” y, “sin más amaño torticero y sin más prórroga tramposa, dar la palabra al pueblo para que exprese con libertad lo que piensa y lo que quiere en unas elecciones democráticas”. “Ante mentiras narcisistas, diversas corrupciones, robos de cuello blanco de personas que se sientan en asientos con iniciales, diversiones inmorales que todos pagamos, el anhelo de un sillón y una alfombra y toda una serie de prácticas corruptas. No son anécdotas aisladas sino fallas sistémicas”, afirmaba Sanz.
Las dos Iglesias
“Volvemos a las dos iglesias, como en tiempos de Rouco Varela”, lamenta un importante arzobispo, presente en la Comisión Permanente y que confirma a elDiario.es que “no se habló” de adelantos electorales durante la reunión. “Fue una sorpresa que García Magán, que no había estado en la reunión, se deslizara con esas declaraciones”, añade. “Pero no resulta extraño, viendo cómo el presidente había seguido apostando, durante toda la semana, por la dimisión de Sánchez”, matiza. Primero lo hizo en el diario ABC y después en declaraciones a los medios en la Pontificia de Salamanca. Entre medias, participó junto a Santiago Abascal en la presentación del libro del filósofo de Vox, Miguel Ángel Quintana Paz.
De hecho, la Permanente fue “más bien aburrida, y previsible”, con informaciones de seguimiento de la situación económica interna, la cuestión de los medios de la Iglesia o el desarrollo del plan PRIVA para indemnizar a las víctimas de abusos. Lo más llamativo fue el anuncio de la creación de un observatorio para denunciar ataques a los sentimientos religiosos, que algunos interpretaron como una nueva respuesta al Gobierno, que plantea la eliminación de este delito en el Código Penal. A última hora del miércoles, sí que llegaron algunos rumores de “sorpresas” en la rueda de prensa. “Pero no pensábamos que fuera esto”, añade el prelado.
Lo cierto es que la última polémica Iglesia-Gobierno ha vuelto a resucitar las dos 'almas' de la Iglesia española, que se han agudizado durante los últimos meses de Francisco, y que parecen haberse explicitado tras su muerte y la elección del Papa León XIV. Como hacen los grupos más conservadores en el interior de la Iglesia, existe un sector en el episcopado que ha visto “barra libre” para volver a apostar por la estrategia del enfrentamiento con el Ejecutivo. Lejos parecen quedar los acuerdos entre el Vaticano y el Ejecutivo, con la mediación del cardenal de Madrid, José Cobo, para desbloquear el futuro de Cuelgamuros. Los bloques parecen bien claros.
Quién es quién
En el sector más reaccionario encontraríamos buena parte de la cúpula actual de la Conferencia Episcopal, comandada por el presidente Argüello, y el secretario general, García Magán, secundados por primeros espadas como Jesús Sanz (Oviedo), Francisco Cerro (Toledo) y el apoyo, con matices, de los arzobispos de Burgos (Mario Iceta) o Sevilla (José Ángel Saiz Meneses).
Del otro lado, el bloque aperturista, liderado por el cardenal de Madrid, José Cobo, y el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, y donde se insertan arzobispos como los de Compostela (Francisco Prieto), Tarragona (Joan Planellas) o Pamplona (Florencio Roselló), todos ellos (excepto Omella, a quien Bergoglio sí nombró cardenal) aupados al episcopado por el papa Francisco, y con un modelo de Iglesia más participativo.
“Tras la muerte de Francisco, algunos quieren dejarse de sinodalidad, de unificación de seminarios, de propuestas de diálogo o de Iglesia en salida, y vuelven a poner en el primer plano el aborto, las terapias de conversión, el colectivo LGTBI o la guerra cultural, de la que Argüello es un ferviente convencido”, sostiene otro obispo, que no participó de la Permanente, pero sí permanece atento a los movimientos internos en la Casa de la Iglesia.
Es uno de los muchos que se muestran preocupados ante el cambio de estrategia de la Conferencia Episcopal y la posible respuesta del Gobierno, “un Ejecutivo que está herido, y en más de una ocasión ha utilizado el 'comodín' de la Iglesia para intentar salir de sus problemas. Ahora, le hemos dado una excusa para volver a hacerlo”, augura.
No obstante, los sectores moderados del episcopado ya trabajan para aislar las palabras de los conservadores fuera del ámbito oficial de relaciones Iglesia-Gobierno, y para tratar de encontrar vías de trabajo en común, especialmente en lo relativo a la labor con migrantes y refugiados, la vivienda o la deuda externa.
En este sentido, la cumbre de la ONU sobre la deuda que se celebra la semana próxima en Sevilla, y a la que el presidente Sánchez invitó a León XIV, se antoja un primer paso para bajar la tensión. Un mensaje del Papa a la cita de la capital hispalense podría contribuir a ello. El anuncio del esperado viaje papal a Canarias, también. Aunque los tiempos vaticanos no coincidan con los de la política española.
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