Las recomendaciones de 2 abogados para llegar a un acuerdo con el fiscal en La Rioja: “una transferencia de 56.000 euros y 7.600 en mano”

El juicio previsto este martes en la Audiencia Provincial contra dos abogados acusados por un delito continuado de estafa, de deslealtad profesional y por calumnia, han reconocido los hechos y han aceptado una pena de 11 meses de prisión y 3.300 euros de multa por el delito continuado de estafa, así como inhabilitación para ejercer la abogacía por el tiempo de la condena. Por el delito continuado de calumnia aceptan una multa de 2.700 euros.

El fiscal ha retirado la acusación por un delito continuado de deslealtad profesional a la luz de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo. La pena de prisión que solicitaba en principio el fiscal era de 2 años y 6 meses por un delito continuado de estafa, así como multa 6.480 euros. La Fiscalía, en el acuerdo de conformidad, ha aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas y la de reparación del daño, al haber consignado los 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil en favor del perjudicado.

Según el escrito del fiscal, los dos abogados fueron contratados por un acusado de apropiación indebida y por la pareja de éste. El primer señalamiento del juicio se suspendió tras presentar un parte de baja médica uno de los abogados. Antes del siguiente señalamiento, los acusados indicaron a sus clientes “la conveniencia de llegar a un acuerdo con el fiscal para conseguir una pena inferior a dos años de prisión”. Y para llegar a este acuerdo, los letrados indicaron a sus clientes que era necesario que hicieraen una transferencia de 56.000 euros a una cuenta bancaria y que además debían adelantar 7.600 euros en mano para, según el relato del escrito de Fiscalía, “darle al fiscal bajo mano y así como otros 2.400 euros, también en mano, para retirar unos antecedentes penales”.

Los clientes expresaron sus dudas sobre esta propuesta a lo que uno de los acusados le dijo “te sorprendería la cantidad de acuerdos que se llega con el fiscal, que ese dinero se entregaba para comprar a la Fiscalía, que se le daba el dinero al fiscal y que era un acuerdo al margen de la ley”.

Según concluye el fiscal en su escrito los dos acusados se aprovecharon de la situación de desconocimiento jurídico de sus clientes y abusando de la relación de confianza abogado-cliente, “incumplieron los deberes esenciales que deben guiar la actuación de un letrado en el ejercicio de su profesión”.