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El Tribunal de Cuentas acusa al gestor de los puertos de Euskadi de contratar 'a dedo' el suministro de combustible

Edurne Egaña, la primera a la derecha de la fotografía, en una reunión del consejo de administración de EKP

Iker Rioja Andueza

Vitoria —
26 de junio de 2025 21:57 h

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El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha denunciado en su última auditoría de las sociedades públicas del Gobierno autonómico que una de ellas, EKP (Euskadiko Kirol Portua, la entidad que gestiona los puertos transferidos), ha contratado combustible y otros suministros de forma directa, sin concurso, y por cantidades elevadas. Es el segundo año consecutivo en que da esa voz de alerta. En total, el gasto realizado es de 2,5 millones en combustible, unos 220.000 euros en seguros y otros alrededor de 56.000 en telefonía.

El dictamen no recoge el proveedor con el que se realizaban esas contrataciones ni ofrece más detalles. No obstante, es una cantidad muy elevada la que se escapó a la legalidad contable teniendo en cuenta que, en 2023, el presupuesto de EKP fue de 7,36 millones de euros y en 2022 aún un 5% inferior. El tope legal para hacer adjudicaciones directas es de 15.000 euros más IVA.

Añade el tribunal, además, que “las cuentas anuales de EKP no reflejan los bienes y derechos adscritos afectos al servicio público portuario deportivo, que son titularidad de la Administración General de la CAE, al no disponer de una relación valorada de dichos bienes y derechos”. Y sigue: “En consecuencia, no podemos determinar el efecto que pudiera tener en las cuentas anuales del ejercicio 2023 el registro contable de dichas instalaciones portuarias”.

El denominado 'Informe de fiscalización de la Administración institucional y entes instrumentales de la CAE' es el último publicado por el Tribunal de Cuentas. Se refiere al ejercicio 2023. Sus conclusiones sobre EKP son idénticas del conocido en 2024 relativo al ejercicio 2022. EKP es una sociedad pública que gestiona los puertos deportivos vascos.

En Euskadi, los de Bilbao y Pasaia son gestionados por el Estado por ser de interés general y el resto está transferido. En concreto, esta entidad controla Molla-Hondarribia, Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Deba, Mutriku, Lekeitio, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia, según sus propios datos.

En 2022 y 2023, los años recogidos en la auditoría, EKP estaba encuadrada en el organigrama de la consejera Arantxa Tapia y ahora lo está en el de Amaia Barredo. Sin embargo, la directora es la misma, Edurne Egaña. Ocupa el cargo desde 2013. Es también dirigente del PNV de Gipuzkoa. Su figura saltó a la palestra por varias denuncias judiciales por presuntas irregularidades en la asignación de amarres en los pueblos. Llegó a tener que comparecer como investigada, aunque la Comisión de Ética remarcó que solamente en caso de juicio es preceptiva la dimisión, algo que no se ha producido.

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