El Gobierno vasco paga 181.500 euros a la consultora KPMG para que decida cómo invertir 1.000 millones en industria

El Gobierno de Imanol Pradales abonará 181.500 euros a la consultora KPMG por la “asistencia técnica especializada” para “elaborar el plan de inversiones público–privadas para la transformación del tejido empresarial vasco”, dotado con 1.000 millones después de que se flexibilizará el margen de endeudamiento de los presupuestos de 2025. El Ejecutivo ha entregado la documentación del expediente de contratación al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de EH Bildu.

La coalición abertzale ha venido denunciando en las últimas semanas, por un lado, la externalización de este trabajo a una empresa privada y, por otro, que KPMG –así como CSP Iberian Bilbao Terminal– es el nuevo destino de la anterior consejera responsable de la política industrial, Arantxa Tapia, del PNV, como adelantó este periódico. “Es llamativo cómo circulan algunas personas en este país. Y también me parece llamativo que esa propia consejera esté en la consultora a la que se la ha subcontratado la utilización de la deuda estratégica de 1.000 millones que se aprobó en el Parlamento. No compartimos esta forma de hacer política”, manifestó en una entrevista la dirigente soberanista Nerea Kortajarena.

El expediente de contratación, gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas, argumenta que la Administración no dispone de medios propios para elaborar el plan. El Gobierno recalca que la denominada Alianza Financiera Vasca es una herramienta esencial para impulsar la industria. Se trata de un sistema de “colaboración público–privada” con el que se pretende que las entidades financieras movilicen tres euros por cada euro público. Es decir, 4.000 euros en total. Se trata de “canalizar” los esfuerzos hacia “inversiones estratégicas” para garantizar el “crecimiento, arraigo y tracción” de los recursos.

El Gobierno vasco pide a KPMG “identificar” las “necesidades” del tejido económico vasco, un “benchmarking internacional” para localizar ejemplos que sean imitables, la “identificación de stakeholders” y la “concreción del pipeline”, pero también “proponer el desglose del citado presupuesto público” para un plan cuya duración se fija en dos años aunque, en principio, la flexibilización de la deuda para captar 1.000 millones, según se dijo, era para 2025 y 2026. “El entregable describirá un plan de actuación para la ejecución realista de las medidas planteadas, por un lado, priorizando aquellas medidas con mayor impacto y, por otro, optimizando tiempo y recursos para lograr un despliegue ágil y con objetivos/hitos claramente definidos en el corto, medio y largo plazo”, se puede leer en el pliego de este concurso.

Media docena de consultoras mostraron interés por el contrato. La de KPMG no fue la oferta más barata –Price Waterhouse Coopers la mejoraba– pero sí la que mejor puntuación obtuvo en todos los apartados del concurso. El expediente se inició el 10 de marzo –mucho antes de que el Parlamento diera el visto bueno a los 1.000 millones– y el 14 de abril se confirmó la adjudicación. KPMG dispone de tres meses, por lo que a mediados de julio debería presentar su propuesta para un paquete económico cuyo destino el Gobierno no ha aclarado a pesar de las preguntas de oposición y periodistas.

En paralelo a esta contratación, KPMG incorporó como asesora externa a Tapia. El calendario es el siguiente: el 11 de febrero pidió la autorización al Gobierno vasco –es preceptivo que se revisen posibles conflictos de intereses de los excargos en los dos años siguientes al cese–, el 10 de marzo se abrió la licitación, el 1 de abril era la fecha prevista para la nueva etapa de la exconsejera en esa empresa, el 3 de abril lo publicó este periódico, 9 de abril lo confirmó la compañía, el 14 de abril se formalizó la contratación de KPMG por parte del Gobierno, ese mismo 14 de abril inició su etapa en KPMG Tapia y el 22 de mayo el Parlamento modificó los presupuestos para habilitar el nuevo margen de endeudamiento.

La compañía explica que, por un lado, la contratación no es del departamento que lideró Tapia sino del de Hacienda, de quien cuelga el Instituto Vasco de Finanzas. Asimismo, por otro lado, recalca que dentro de las labores que la exconsejera hace para KPMG no se encuentra su participación el diseño del plan de los 1.000 millones. La oferta de Tapia en KPMG, donde no está en plantilla, es de 180.000 euros anuales como retribución fija y de 50.000 euros como variable. Este jueves se cumple precisamente un año de la salida de Tapia del Gobierno. Fue la responsable de Industria (Desarrollo Económico) entre 2012 y 2024, en las tres legislaturas de Iñigo Urkullu.