Patricia Bárcena, adjunta segunda del Defensor del Pueblo: “Hay que denunciar las injusticias. Las instituciones están para servir a los ciudadanos”

Patricia Bárcena es licenciada en Derecho, diplomada en Criminología y ha ejercido durante más de dos décadas la abogacía en materias vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Es especialista en Derecho de Extranjería, fue directora en Euskadi de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) y ha participado en distintas misiones de observación internacional sobre la situación de los derechos humanos en México, Palestina, Guatemala o Colombia. Ahora, desde el Defensor del Pueblo, donde es adjunta segunda del Defensor, se dedica a coordinar las áreas de Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, la Economía y Hacienda y las Migraciones e Igualdad de trato. También es miembro del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP).

Bárcena responde a las preguntas de este periódico en una cafetería del centro de Bilbao, donde explica, además de su trayectoria y el trabajo que desarrolla desde su puesto como adjunta al Defensor del Pueblo, qué se puede hacer cuando una ley vulnera los derechos humanos. “Con la norma que tenemos y, sobre todo, con la interpretación conforme a los derechos humanos, hay que buscar la vía para procurar que que esos derechos sean garantizados, porque vías existen. Es verdad que la norma se puede hacer cada vez más estricta si las modificaciones que hay tienden a restringir las vías de acceso a los derechos. Luego hay otra cuestión, que es la incidencia que podamos tener. Y eso es lo que he procurado hacer a lo largo de mi vida en los distintos trabajos que he tenido, no solo trabajar el caso concreto, sino intentar junto con otras personas, otras organizaciones o ahora, desde la institución en la que estoy, que aquellas normas que aunque estén en vigor, generen situaciones injustas, sean modificadas. Hay que transformar el Derecho con lo que demanda la sociedad y con las necesidades de las personas”, reconoce.

Es abogada y criminóloga, ¿cómo surgió su interés por defender los derechos humanos?

Siempre me ha gustado defender a las personas, siempre me posicionaba a favor de lo más complejo, de quien estaba pasándolo peor. Dudé entre estudiar Derecho o Periodismo, pero me decanté por Derecho y me gustó el Derecho Penal. Después, gracias al profesor Antonio Beristain, un referente en materia de Criminología y fundador del Instituto Vasco de Criminología, me surgió la inquietud de ver el derecho penal desde otra perspectiva: desde el punto de vista del delincuente y la víctima y no solo desde el Derecho Penal o de esa parte más punitiva. Él hizo que me interesara en el porqué del delito, qué es lo que lleva a la gente a delinquir y cómo tratamos a las víctimas.

También es especialista en derecho de Extranjería y fue directora de CEAR en Euskadi. ¿Por qué es necesario el trabajo de esas asociaciones?

Unas amigas y yo conocimos a unos chicos de Bosnia. Estábamos en el año 1993 y llegaron a Euskadi muchas personas refugiadas desde Bosnia. De repente, conocimos otra realidad, la de las personas que huyen de sus países, llegaban al nuestro, no tenían nada y nadie les atendía. Desde la perspectiva del Derecho había muy pocas vías y muy poca gente sabía de eso. Entré como voluntaria en una organización que en aquel momento era solamente la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y, con los años, ya creamos otra que es la parte de CEAR Euskadi. Fui la directora y lo compatibilicé con mi ejercicio profesional. En aquel entonces había muy pocos abogados que supieran de Extranjería en Euskadi y los pocos que había querían que más abogados se interesasen por la materia. ¿Qué pasaba? Que las personas extranjeras que llegaban en busca de ayuda eran pobres y ese trabajo no daba de comer si no estaba compatibilizado con otro o si no lo hacías a través de organizaciones que te pagasen tus servicios. Hoy en día la situación no tiene nada que ver con la de hace 30 años, ahora hay muchos abogados que se dedican a Extranjería, aunque las necesidades siguen siendo muchas porque hay una población extranjera mucho más amplia.

Muchas asociaciones de migrantes y derechos humanos denuncian que es la propia Ley de Extranjeria la que supone una barrera a la hora de alcanzar derechos o de poder estar en el país de forma regular. ¿Qué se puede hacer?

La abogacía tiene la labor de interpretar y trabajar las normas de conformidad con los derechos de las personas que protege o atiende. La misma norma se puede leer de una u otra manera. Un abogado tiene que saber defender a quien delinque y a quien ha sido objeto de delito. Lo mismo pasa en el Derecho Administrativo. En estos casos, el extranjero se enfrenta a la Administración, que es la que tiene que dar la documentación y reconocer el derecho a vivir en el país. Con la norma que tenemos y, sobre todo, con la interpretación conforme a los derechos humanos, hay que buscar la vía para procurar que que esos derechos sean garantizados, porque vías existen. Es verdad que la norma se puede hacer cada vez más estricta si las modificaciones que hay tienden a restringir las vías de acceso a los derechos. Eso complica las posibilidades de de regularización, pero nuestra labor es, con la norma que tenemos, interpretarla de la mejor manera, conforme a los derechos humanos y a las personas que defendemos. Luego hay otra cuestión, que es la incidencia que podamos tener. Y eso es lo que he procurado hacer a lo largo de mi vida en los distintos trabajos que he tenido, no solo trabajar el caso concreto, sino intentar junto con otras personas, otras organizaciones o ahora, desde la institución en la que estoy, que aquellas normas que aunque estén en vigor, generen situaciones injustas, sean modificadas. Hay que transformar el Derecho con lo que demanda la sociedad y con las necesidades de las personas.

Nos tenemos que unir todas las personas, de izquierdas o de derechas, que no creen en el fascismo y creen en la democracia, en las libertades y en los derechos alcanzados

¿Y cómo se puede transformar el Derecho para satisfacer esas necesidades?

Trabajando con otras alianzas de abogados, con organizaciones sociales y con las instituciones desde el consenso, desde el diálogo y a través de los grupos parlamentarios que son los que tienen la obligación de representarnos en el Parlamento y de hacer las leyes. Yo soy de la opinión de que hay que trabajar con todos los grupos para poder llegar a consensos y convencerles de que determinadas situaciones que se pueden producir, son injustas, pero que se pueden modificar a través de ordenanzas municipales, de instrucciones o a otro nivel administrativo más local.

En este sentido, en cuanto al tema de la migración, ¿considera que puede llegar a haber en Europa y España un efecto Trump con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca?

Yo creo que ya hay un efecto Trump. Llevamos años de deterioro de la democracia y los discursos más fascistas, ya no conservadores, sino fascistas, están tomando terreno en Europa con líderes como Orbán o Meloni. Tenemos muestras de esa derecha más conservadora y peligrosa en Europa que está haciendo que calen determinados discursos racistas y xenófobos. Es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y con la que nos tenemos que unir todas las personas, que independientemente de que sean de izquierdas o de derechas, no creen en el fascismo y creen en la democracia, en las libertades y en los derechos que hemos alcanzado a lo largo de todos estos años.

Pagamos a la Administración con nuestros impuestos, por lo tanto, como ciudadanos, tenemos que exigir que nuestros derechos se cumplan

¿Cuál es su labor como adjunta al Defensor del Pueblo?

En el equipo de trabajo del Defensor del Pueblo está el defensor y sus dos adjuntas, que coordinamos todo el trabajo de la institución. Tenemos el trabajo dividido entre los tres y yo me ocupo de áreas de trabajo como el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, la Economía y Hacienda y las Migraciones e Igualdad de trato. Además, formo parte del Consejo del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Tenemos distintas visiones de trabajo, las áreas que reciben las quejas ciudadanas y las actuaciones que llevamos a cabo de oficio cuando vemos qu ese está produciendo alguna situación injusta que afecta a un número importante de ciudadanos.

¿La sociedad entiende que existe un Defensor del Pueblo al que se puede acudir o le cuesta llegar a la institución?

En el Defensor del Pueblo de España tenemos al año alrededor de las 35.000 quejas. Luego contamos también con defensores autonómicos, en Euskadi está el Ararteko, con quien el Defensor del Pueblo se coordina y que también tiene muchas quejas ciudadanas. Aunque considero que son instituciones que se conocen menos de lo que se debería. Puede que parte de la ciudadanía no quiera dirigirse a ellas porque consideran que tiene mucha complicación o crean que no puede hacer nada, pero yo creo que hay que exponer y denunciar las cosas que pasan, las injusticias, hay que quejarse mucho porque las instituciones y la Administración están para servir a los ciudadanos. Nosotros pagamos a la Administración con nuestros impuestos, por lo tanto, como ciudadanos, tenemos que exigir que nuestros derechos se cumplan y cumplir con nuestras obligaciones, sin duda. Desde lo más pequeño, desde las cosas más comunales, más vecinales y desde lo más cercano, debemos protestar con las vías que tengamos.

¿Qué es lo que hace exactamente el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP)? ¿Hay casos de tortura en España?

El nombre siempre suscita un interés especial. El concepto de maltrato y tortura es muy amplio, puede que cuando se hable de tortura se piense en los casos más graves, pero hay muchas situaciones de tortura o maltrato que no tienen una gravedad tan llamativa, que pueden ser más sutiles o que no se ven. Nosotros lo que hacemos es visitar todos los centros de privación de libertad, no solo cárceles o calabozos de comisarías, sino aquellos lugares donde las personas no pueden salir, pueden ser hospitales psiquiátricos o residencias de mayores. Contorlamos que no se utilicen mecanismos de contención que puedan hacer daño, no reaccionamos cuando ya haya un maltrato, porque quien se preocupa por eso una vez ocurra es la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es prevenir que no ocurran situaciones de este tipo para que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilizan los mecanismos que necesitan para protegerse de una posible agresión, se puedan proteger con el menor daño a terceros posible.