El Gobierno quiere presionar con impuestos para sacar al mercado tres millones de viviendas vacías

El Centro de Investigaciones Sociológicas publica cada mes un barómetro con el que trata de testar el sentir de los ciudadanos sobre los temas que les preocupan. Desde diciembre, hay un epígrafe que se sitúa en lo alto de la lista cuando se pregunta cuál es el principal problema que existe actualmente en España: “La vivienda”. Y no amaina, porque ha pasado del 22,3% al 28,8% desde entonces. Más de seis puntos que demuestran que la población no nota los esfuerzos del Gobierno por articular lo que han venido a llamar el “quinto pilar del Estado del bienestar”. Este jueves, el Ministerio de Vivienda ha dado un paso más y ha llevado al Congreso, a través del grupo parlamentario socialista, un paquete fiscal que incluye un aumento de impuestos a las viviendas vacías.

“Hay que actuar de forma contundente, no estamos para maquillajes de parecer que se hace y no se hace”, ha defendido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha señalado que “seis meses después [del anuncio de Sánchez] todas esas medidas están en marcha”. La proposición de ley registrada este jueves incluye tanto el aumento de impuesto a las viviendas vacías, de las que el Ministerio excluye las segundas residencias, como el IVA del 21% a los alojamientos turísticos, el cambio de régimen de las Socimis y el gravamen a la compra por parte de extracomunitarios no residentes.

Para hacer que quienes tienen viviendas vacías paguen más, el Gobierno pretende modificar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Actualmente, a los propietarios se les imputa en sus rentas un 1,1% del valor catastral —o un 2%, si lleva más de una década sin actualizarse— de todos los inmuebles de los que dispongan y que no sean su vivienda habitual o no generen rendimientos del capital. Es decir, en las que no residan ni tengan alquiladas y, por tanto, estén vacías. Sobre el total de las rentas imputadas se les aplica el tipo que corresponda del IRPF.

Con la nueva fórmula, el Ministerio quiere subir las rentas que se imputan y hacerlo de forma progresiva. Así, quien tenga viviendas vacías con un valor catastral total de hasta 100.000 euros, seguirá sumando en su declaración de la renta un 1,1%, pero a partir de ahí ese porcentaje se eleva al 1,5% hasta el medio millón de euros; al 2% hasta el millón; y al 3% para quienes acumulen viviendas vacías por un valor por encima del millón.

Un ejemplo. El precio medio de una vivienda en España ronda los 165.000 euros. Con la normativa actual, un propietario que opte por tenerla vacía deberá sumar 1.815 euros al monto sobre el que se calcula su IRPF. Con el cambio que propone el Gobierno, serían 2.475 euros. Si ese propietario en lugar de una vivienda tuviera tres con el mismo valor catastral —495.000 euros en total— pasaría de imputarse 5.445 euros a casi el doble, 9.900 euros.

No hay un registro oficial actualizado de inmuebles desocupados aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró en 2021 un censo en el que contabilizó 3,8 millones de viviendas vacías, un 14% del total. Entonces, este organismo cambió la metodología, pero con la fórmula anterior, en 2011 había cuantificado una cifra no muy diferente: 3,4 millones.

Como se puede ver en el mapa, las viviendas vacías, que no registran un mínimo de consumo eléctrico, están repartidas por todo el territorio. No obstante, el porcentaje es mayor en los municipios más pequeños. Por ejemplo, el 26,1% de las viviendas de los pueblos de menos de 1.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, están vacías. En Catalunya son el 24,8%. El porcentaje va disminuyendo a medida que crecen las poblaciones. En Madrid, en las localidades mayores de 100.000 habitantes, están deshabitadas el 5,6%. En Catalunya, las mayores de 48.000, el 8,4%, según los datos del Ministerio.

Con esta reforma, el Gobierno quiere incentivar que salgan al mercado de alquiler miles de viviendas vacías. Aunque algunos expertos tienen dudas sobre su efectividad. “El impacto monetario en términos de costes es demasiado pequeño como para incentivar a los propietarios”, considera el cofundador del Instituto de Investigación Urbana y del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, que pone el foco en el valor catastral, “mucho más bajos normalmente que los valores fiscales y de tasación. Por ejemplo, una vivienda de 600.000 euros puede tener fácilmente un valor catastral de 200.000. Esto es un problema, pero es muy habitual”, advierte.

El abogado del Caes, Víctor Palomo considera que los inmuebles vacíos suponen “un problema muy grave para el derecho de acceso a la vivienda” y, aunque considera que “se podría pensar que elevar los impuestos va a incentivar que salgan al mercado, lo que es positivo”, cree que la variación propuesta por Vivienda es poco ambiciosa. “Para que esta medida sea efectiva, el recargo tiene que ser llamativo”, insiste. La Ley de Vivienda ya incluía la posibilidad de que los ayuntamientos recargasen el IBI hasta un 150%. “Si se pagaban 100 euros, se pagarían 150 y aunque ha habido municipios que lo han aplicado, como muchos de Gipuzkoa, en Barcelona o en Getafe, no consta que esta pequeña cantidad haya desincentivado a los propietarios que tiene vivienda vacía”, explica.

Sin mayoría parlamentaria

La fórmula parlamentaria elegida para impulsar la medida, la Proposición de Ley a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, persigue acelerar su tramitación. Los cálculos del Ejecutivo son, de hecho, que esa propuesta sea votada en el Pleno del Congreso de los Diputados a finales del mes de junio, aunque admiten las fuentes consultadas que de aquí a entonces el objetivo es recabar los apoyos suficientes entre los socios, con quienes no se ha negociado por el momento. La propia Rodríguez reconocía este jueves que el Gobierno es consciente de su “minoría parlamentaria”, que ya se demostró en sendos fracasos con la reforma de la Ley del Suelo, pero consideran que será “difícil decir que no” a estas medidas.

La empresa de ahormar un consenso suficiente para sacar adelante la subida de impuestos a las viviendas vacías no es menor, a tenor de las sensibilidades políticas de esos socios. Hay precedentes, de hecho, que constatan que durante la legislatura ya han fracasado intentos de ese tipo. Junts y el PNV, por ejemplo, tumbaron la prórroga a la fiscalidad específica de los beneficios extraordinarios obtenidos por las grandes empresas energéticas. Y los de Puigdemont se han mostrado hasta ahora abiertamente en contra de cualquier paso impulsado por los grupos progresistas en materia de vivienda, especialmente los relacionados con las políticas de protección a las personas en riesgo de desahucio. 

La esperanza del Gobierno ahora es que, al tratarse de un paquete fiscal que, entre otras cosas, incluye imponer un IVA del 21% a las viviendas turísticas, Junts pueda entrar en la ecuación. “Ellos se muestran siempre muy receptivos a las propuestas de los empresarios catalanes y las viviendas turísticas también son un problema para la patronal hotelera, que las considera competencia desleal. Estamos seguros de que hay margen para conseguir el respaldo de una mayoría parlamentaria”, apuntan fuentes del Ministerio. 

Los socios del Gobierno que han empezado a leer el conjunto de medidas propuestas por el Partido Socialista no son demasiado optimistas. Algunos, como Podemos, tildan directamente de “temeridad” la batería presentada por el grupo parlamentario socialista por consistir, a su juicio, en “regalos fiscales” a los propietarios, en referencia a las bonificaciones que incluye el paquete de medidas. 

El texto que ha registrado el PSOE contiene una serie de “incentivos fiscales” para los caseros que reduzcan los precios del alquiler o a quienes pongan pisos en el mercado del alquiler. Por otro lado, incluye el fin de la exención del IVA para las viviendas turísticas, que pasarán a pagar un 21%, o un gravamen extraordinario para la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes, así como una subida de impuestos a la vivienda vacía.

Podemos fue de entrada muy duro con la propuesta socialista. “La ley del PSOE, a falta de analizarla en más detalle, me parece una temeridad. Regalos fiscales a los rentistas en plena —más que justificada— ola de indignación social contra los rentistas es una jugada arriesgada. Pero, claro, todos quieren acabar en la patronal inmobiliaria”, escribió la secretaria general del partido, Ione Belarra, en un mensaje en sus redes.

Sumar, por su parte, asegura querer leer con detenimiento el contenido de las medidas y avanza que, en cualquier caso, habrá que “negociarlas punto por punto”. Pero considera que incidir en los incentivos fiscales es el camino equivocado. “No hay que dar más incentivos a los propietarios”, sostienen.

Los de Yolanda Díaz afean, además, que el Partido Socialista presente ahora una ley cuando el martes pasado se negó a desbloquear en la Mesa del Congreso la norma de los sindicatos de inquilinos que busca regular el alquiler de temporada. Un texto que Sumar consiguió impulsar gracias a los votos del PP y sobre el que los socialistas ya han presentado sus propias enmiendas. De hecho, fuentes de la formación justifican su negativa en la petición de “algunos grupos pequeños” que no las tenían preparadas.

En cualquier caso, desde Sumar celebran que el PSOE quiera dar pasos y tratarán de impulsar en la negociación parlamentaria un paquete propio de medidas que van mucho más encaminadas a una intervención del mercado de la vivienda. 

Mientras, Esquerra Republicana prefiere poner el foco en su propia iniciativa, registrada también este jueves. Aunque hay algunos puntos que coinciden, como la subida del IVA a los pisos turísticos, su texto está más enfocado en las subidas de impuestos que en las exenciones. Por ejemplo, incorpora “la creación de un nuevo impuesto a la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y concebido como un complemento al IVA”. “Este tributo busca penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar la movilización hacia la tenencia en propiedad de la misma residencia y hacia el alquiler por vivienda habitual y social”, trasladan fuentes del grupo.

En una línea muy parecida, EH Bildu cree que cuestiones como la subida del IVA a los pisos turísticos van en la buena dirección. También otras cuestiones como el aumento de la carga fiscal a ls viviendas vacías aunque ponen el ojo sobre las competencias.

“Lo que no vemos positivo es bonificar fiscalmente a los propietarios, ya que lo hacemos es destinar dinero público para intentar rebajar las rentas de alquiler. Se premia con dinero público a quien ha estado aplicando alquileres abusivos. La lógica debería ser la contraria: bonificar a quien ya esta aplicando rentas contenidas y gravar a quien aplique rentas abusivas”, trasladan fuentes del grupo.