Turrilla: el río que se secó mientras la industria del porcino bebía

El Valle del Guadalentín no es solo la comarca que lidera la economía sumergida en la Región de Murcia, según informes del Consejo Económico y Social de esta comunidad autónoma. Eminentemente agrícola y ganadera, también es un escenario recurrente de delitos relacionados con el robo de agua, como atestiguan las numerosas denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil sobre extracciones ilegales para riego, también de campos de golf.

La impunidad con la que, durante años, han actuado los saqueadores de este bien común y especialmente regulado, ha puesto bajo sospecha a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el organismo de cuenca que ostenta la competencia de inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.

Su obligación de proteger los recursos hídricos ante posibles alteraciones ha vuelto a ser puesta en entredicho ahora por Ecologistas en Acción, que, en octubre de 2021, y de manera reiterada en 2023, ya formuló una denuncia penal, además de contra la mercantil Explotaciones el Francés, S.L., contra dos altos cargos de la CHS: el comisario de Aguas, Francisco Javier García Garay, y el jefe de servicio de la Policía de Aguas y Cauces, José Manuel Ruiz Sánchez.

El motivo de aquella denuncia era la captación ilegal de las aguas del río Turrilla, un curso que nace por las confluencias de varias ramblas procedentes de las sierras de Burete y la Lavia, cuya fuente se encuentra en Coy y que, tras filtrarse en una sima, surge más abajo en Doña Inés, ambas pedanías del municipio murciano de Lorca, antes de desembocar en otro río, el Luchena.

Dar de beber a los cerdos

Según el escrito de denuncia al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, las acciones llevadas a cabo por Explotaciones el Francés, dedicada a la crianza y venta de ganado porcino, han ocasionado la desaparición del río por desecación, mediante una captación que se realiza de forma “fraudulenta e irregular”.

Las acciones de la organización ecologista estuvieron precedidas por otra, en septiembre de 2021, de la Asociación para la Custodia del Territorio (ACUDE), que denunció ante la CHS el corte del cauce del Turrilla a su paso por la cara norte del cerro del paraje de Don Gonzalo, próximo a Doña Inés. Alertaba entonces de la construcción de un muro de bloques de hormigón en el cauce, que “represaba el caudal y desviaba, presuntamente, el agua para usos ganaderos”.

Semanas después, la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, representada por un único concejal en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, corroboraba la denuncia de ACUDE y señalaba la construcción de una “especie de partidor” que servía para nutrir un pantano privado ligado a usos del sector primario.

La coalición de izquierdas lamentaba entonces que buena parte del cauce del Turrilla había sido labrada para plantar cereal, lo que había dado lugar a la desaparición de los árboles de ribera que jalonaban el curso. También, que en la zona en que el Turrilla se une al río Luchena, antes de su desembocadura en el embalse de Puentes, su curso, del que no se respeta el caudal ecológico, aparece “muy mermado” y el daño al ecosistema es “más que evidente”.

Sosa llegó a reunirse con el fiscal especial de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Miguel de la Mata, para denunciar el “atentado ecológico” que se perpetra en el río, quien anunció la apertura de diligencias para investigar la situación medioambiental del Turrilla y que, tras la denuncia de Ecologistas en Acción, se habrían trasladado al juzgado que conoce la causa, el de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Lorca.

A instancias de la jueza que instruye el caso, en 2022 el SEPRONA realizó una nueva inspección en el lugar de la “captación ilegal” –ya había realizado otra el año anterior–, que determinó que “continúa existiendo la presa construida de obra y se sigue produciendo la retención de agua” por lo que esta “no discurre por el cauce y es captada mediante una tubería que discurre subterráneamente hasta una arqueta-partidor” que la reparte “en tres salidas”.

Sobre este asunto, el entonces concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén (PSOE), aludió a un informe de la CHS que justificaba que la presa es una obra de reposición de otra construida en 1956 y que el partidor de regulación en cuestión está amparado en un expediente de 2010.

Sin embargo, la jueza mantiene imputados a los directivos de la CHS, organismo que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), señalados por Ecologistas en Acción, a los que se atribuyen presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El papel de la CHS

La explotación del Turrilla tiene su origen en un permiso de captación de agua otorgado en los años 50 del siglo pasado y que, en 1986, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Aguas, fue actualizado y renovado por otros 50 años, hasta 2036.

En 2003, tras varios cambios en el título de propiedad, se dividió el aprovechamiento, que cuenta con una dotación anual de 126.012 metros cúbicos (m3) para riego en una superficie de 286 hectáreas. Un 20% quedó en manos de una particular, R. C., y el 80% pasó a las de Explotaciones El Francés S.L., que utilizó parte de los recursos para usos no autorizados, fundamentalmente el abastecimiento de las granjas porcinas de su propiedad.

Hasta 2009 la CHS no instó a la mercantil a legalizar esta modificación en la utilización del agua. A pesar del incumplimiento de los plazos legales por parte de la empresa, finalmente, en 2014 autorizó a Explotaciones El Francés a emplear 74.547 m3 al año para riego y 51.465 para uso ganadero.

La CHS tardó otros ocho años más en hacer cumplir a la mercantil una de las condiciones ligadas al cambio de uso del agua: la instalación de un contador volumétrico para medir la cantidad captada, que no fue colocado hasta 2022. Durante todos esos años, fue imposible saber cuánta agua se detrajo del caudal del río, a pesar de la obligación del organismo de cuenca de vigilar escrupulosamente esta extracción, que no debía superar los 4 litros/segundo.

Incluso, una vez instalado, la empresa ganadera podría estar persistiendo en el fraude, denuncian desde Ecologistas en Acción. Este contador se colocó dentro del cauce, antes de la presa construida, que es desde donde se extraería la práctica totalidad del agua y se conduciría hasta las enormes balsas de Explotaciones El Francés, situadas en una zona conocida como “secano rabioso” en la que los pequeños agricultores de la zona llevan años arrancando centenares de almendros secos por la escasez de lluvias.

Paralelamente a la denuncia penal planteada en 2021, estos incumplimientos llevaron a Ecologistas en Acción a solicitar a la CHS la declaración de caducidad de la concesión de aguas subterráneas otorgada a Explotaciones el Francés.

Sin embargo, han obtenido la callada por respuesta. Por ello, el pasado 5 de mayo, la organización ecologista presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, en tanto, “entendemos que nuestra petición se ha desestimado por silencio administrativo, lo que resulta contario a Derecho”, como cuenta José Manuel Muñoz, abogado de la recurrente.

La versión de los investigados

En su declaración en el juzgado de Instrucción 7 de Lorca el pasado año en calidad de investigado, García Garay negó que la CHS, de la que es comisario, hubiera permitido la captación ilegal de aguas del río Turrilla para uso ganadero y agrícola. Aseguró que la denuncia de Ecologistas en Acción tiene un error de base porque el punto de extracción del agua que utiliza Explotaciones el Francés no está situado en el mismo río, sino en el Arroyo de los Campos, localizado a unos 6,6 kilómetros del cauce. Se trataría, según el comisario, de una captación privada que cuenta la autorización otorgada hace más de setenta años y contemplada en el Plan Hidrológico de la cuenca.

Esta redacción ha intentado, sin éxito, recabar la versión de la mercantil Explotaciones el Francés, S.L. En su declaración en el juzgado su propietario sí admitió no haber colocado hasta 2022 el contador exigido por la CHS ocho años antes, en la creencia de que el que tenía la finca era suficiente. Asimismo, aseguró que la empresa se ajustó a los volúmenes permitidos, que el sobrante era devuelto al cauce del Turrilla y que el uso ganadero del agua del río estaba autorizado por el organismo de cuenca.

El coste ecológico de la industria del porcino

Mientras el Juzgado número 7 de Lorca y el TSJ dirimen las querellas y recursos presentados por Ecologistas en Acción, las organizaciones medioambientalistas y el partido político que denuncian los hechos sostienen que la CHS lleva más de una década consintiendo el desvío, para beneficio empresarial, del cauce del Turrilla, en una región teóricamente deficitaria de agua.

En Lorca, con un censo de población cercano a los cien mil habitantes, hay diez cerdos por cada vecino, repartidos en las 663 explotaciones de porcino registradas legalmente en el municipio.

De tradición ganadera orientada a explotaciones de corte familiar, en la segunda década de este siglo, el sector mutó a un auténtico modelo industrial que también cambió las reglas del juego. Antes, el ganadero, vivía cómodamente con la cría de medio centenar de cerdos. Ahora, con la implantación del sistema de integración, se necesita un mínimo de mil cabezas para hacer rentable el negocio. Funciona así: los lechones los pone la integradora y el ganadero está obligado a criarlos con el pienso que le compra a esa empresa, a la que también debe vendérselos al precio que ella ponga.

Los ganaderos, que actúan como nodrizas, también son responsables de los costes medioambientales. Especialmente elevados son los de la gestión de las toneladas de purines que se generan en las macrogranjas, la de los cadáveres de animales y los del agua.

El mantenimiento de la cabaña porcina en Lorca requiere la utilización de unos 4,3 hectómetros cúbicos (hm3) al año, una cantidad superior a toda el agua de boca que consumieron los habitantes de Barcelona el pasado 2024, según datos facilitados por el propio ayuntamiento de la ciudad condal. Todo en una región que ha hecho de la guerra del agua su leitmotiv y cuya clase política reclama insaciablemente más y más recursos hídricos.

Mientras los cerdos del 'francés' se han bebido un río, los habitantes de municipios ribereños de los pantanos de cabecera del río Tajo, Entrepeñas y Buendía, en las provincias de Guadalajara y de Cuenca, sufren desde hace años restricciones en el de abastecimiento de agua potable durante el verano. Un ejemplo más de la insostenibilidad de un modelo de gestión del agua que, lejos de atender al interés general y solucionar el “desequilibrio hidrológico”, lo que ha conseguido es desequilibrarlo todo.