El colectivo que busca homogeneizar las alertas climáticas en Europa a raíz de la DANA e introducir la prevención de riesgos en el pacto verde

El pasado 13 de mayo tres asociaciones de víctimas de la DANA se reunieron con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Los colectivos, que representan a más de 150 personas, mantuvieron un encuentro con la mujer más poderosa de Europa, la máxima institución, para reclamar algo que el Gobierno autonómico aún no ha hecho: que se las reconociera como víctimas.

Las asociaciones no abordaron el encuentro solas. Les acompañaban, a cierta distancia física, miembros de un lobby ciudadano que lleva meses arropándolas, el colectivo Mai Més. Se encargaron de preparar la reunión, la logística y garantizar el apoyo práctico que pudieran necesitar durante las dos jornadas en Bruselas. La visita se tejió a través de un correo electrónico al jefe de gabinete de Von der Leyen, tras un compromiso de reunión frustrado por el Congreso del PP Europeo. Como no se las recibió en Valencia, aprovechando su presencia en el cónclave de los conservadores, las víctimas se fueron a la capital belga, epicentro de la política europea. Recorrieron 1.600 kilómetros para ser visibles.

El reconocimiento y la empatía eran dos aspectos claves de la visita. Las víctimas y familiares lo necesitan para arrancar el proceso de reparación, un duelo que en muchos casos aún no se ha producido, según apuntan los expertos en contacto con las zonas afectadas. Pero más allá del aspecto emocional, el colectivo ciudadano busca que la atención sobre la tragedia se canalice en reformas estructurales que eviten daños a futuro. Que no se produzca nunca más.

Mai Més València se constituyó como lobby ciudadano “con el objetivo de que una catástrofe de esta magnitud no vuelva a traducirse en tantas pérdidas materiales, y, sobre todo, humanas”. Constituido poco después de la riada para impulsar la acusación popular, cuenta con un equipo de expertos en ámbitos relacionados con la catástrofe. Invitados por las asociaciones, no quisieron asistir presencialmente al encuentro con la presidenta de la Comisión Europea para no restar visibilidad, pero, desde entonces, han comenzado a trabajar con el jefe de gabinete de Von der Leyen y su asesor en transición ecológica para intensificar el contacto con un claro foco: hablar del acuerdo verde europeo –cuestionado por el PP de Carlos Mazón y Vox– y canalizar fondos europeos para infraestructuras de crisis para los municipios.

Más allá de sumarse a las acusaciones populares tras impulsar la querella, el colectivo busca impulsar medidas que puedan evitar un nuevo desastre. Entre ellas, la realización de protocolos claros de alertas, educación en emergencias con puntos de referencias e infraestructuras resilientes. Alejados de un discurso utópico, consideran que con las herramientas y los medios tecnológicos y humanos actuales que proporciona la Unión Europea hay margen para adaptarse. Por ejemplo: “Hay que introducir en el Pacto Verde Europeo las zonas verdes como parte de prevención de riesgos”, comentan. Hay que formar a los técnicos de los ayuntamientos para redactar los planes incluyendo estos criterios. Hay que saber pedir la financiación europea adaptada a la crisis climática. No hay que inventar nada, sostienen; hay que aprovechar y reorientar los recursos.

Los expertos del colectivo abogan por una revisión profunda del sistema de alertas y respuesta a las emergencias a escala europea, y que este forme parte del concepto de seguridad. También, recalcan, quieren contribuir a la definición de mecanismos para que la reconstrucción se lleve a cabo según criterios de sostenibilidad y resiliencia, en línea con los objetivos del Green New Deal, como manifestaron las asociaciones de víctimas y reclaman los comités locales de reconstrucción, constituidos en los municipios afectados. Mai Més apunta que los edificios, tanto en zonas afectadas como en el resto del Estado, deben construirse de manera resistente a fenómenos como inundaciones, pero también olas de calor, incendios o terremotos y se debe garantizar a la población refugios climáticos en situaciones de riesgo. Además, trasladan, les preocupa la carencia de zonas verdes que puedan actuar como amortiguadores ante los impactos ambientales, y la fuerte dependencia del vehículo privado de combustión, que resultó fatal en el momento de la riada, convirtiendo las calles en auténticas barricadas. En paralelo, abogan por la recuperación de los líderes sociales –como agentes de barrio– que ejerzan como figuras de referencia en momentos de crisis.

La dirigente más influyente se comprometió a visitar las zonas devastadas por la barrancada del pasado 29 de octubre, aunque no hay fecha formal todavía. La empatía y el apoyo a las víctimas es clave, reiteran, pero la acción política y social debe ir más allá. “Queremos convertir estas ideas en demandas articuladas y que las administraciones y partidos vayan a una, más allá de exigir la dimisión de Carlos Mazón”, concluyen.