La Generalitat anuncia ahora que quiere acusar al violador de la menor tutelada

La Generalitat ha anunciado que se personará como acusación popular en el proceso judicial por el caso de la menor que fue víctima de abusos sexuales mientras estaba tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Así lo ha anunciado la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, durante una atención a prensa.

Ahora bien, desde el TSJC indican que la Generalitat no se puede presentar como acusación popular porque la instrucción ya está cerrada y, por tanto, ya está a la espera de juicio. Esto en lo que se refiere a la primera causa, que sentará en el banquillo al jefe de la trama por haber prostituido y agredido sexualmente a la menor.

Además de esa, hay otras dos causas abiertas. Una afecta a la misma víctima (y a otro menor) y permanecen investigadas 11 personas, entre las que se encuentra el cabecilla. La tercera investigación va más allá y es la que engloba al conjunto de la red de pederastia y que afecta a una veintena de víctimas. La consellera no ha aclarado si la Generalitat pedirá ejercer la acusación popular en la primera causa o si también pretende comparecer en el segundo procedimiento, que todavía está en fase de instrucción.

Sobre las otras causas, las fuentes jurídicas consultadas destacan que existe la posibilidad de que los jueces impidan a la Generalitat ejercer la acusación y que, en cambio, sitúen a la administración catalana como responsable civil subsidiaria del caso debido precisamente a que en el momento de los hechos la menor vivía en un centro de la DGAIA. Ello implicaría que la administración catalana sería responsable de las indemnizaciones a la víctima en caso de que el principal acusado no las pudiera afrontar.

El anuncio de la Martínez Bravo se produce después de tres días de silencio del departamento, quien primero alegó que no comentaba casos particulares para después indicar que no podían comparecer en la causa porque tenían únicamente la guarda y custodia de la menor, pero no su tutela total.

El primer juicio se espera para la primavera de 2026 y llegará tras una larga investigación de los Mossos d'Esquadra que acabaría descubriendo una red de pederastia y prostitución que podría haber afectado a más menores. Ahora la fiscalía pide 107 años de cárcel para un hombre que violó reiteradamente a la menor y grababa los abusos sexuales perpetrados por otros hombres.

“Defendemos y defenderemos el trabajo de los educadores sociales y seremos contundentes ante los intentos de desprestigio contra su trabajo”, ha apuntado la consellera, quien ha mostrado su “absoluto rechazo” a los hechos. “Necesitan una respuesta contundente y, por eso, vamos a revisar todos los protocolos para asegurarnos de que no se vuelvan a repetir”, ha aseverado la consellera.

Igualmente, Martínez Bravo ha anunciado que en las próximas semanas se presentará un “plan de transformación integral de la DGAIA” que implicará reforzar protocolos y evitar así que situaciones parecidas se “puedan llegar a repetir”.

El Parlament creará una comisión de investigación

Los grupos parlamentarios del PSC, ERC y la CUP han registrado a última hora del jueves una propuesta de resolución conjunta para la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 y hasta la actualidad. Junts y PP también habían reclamado la creación de esta comisión.

La propuesta pasa porque en la comisión se estudie “el tensionamiento” del sistema de protección de menores, no sólo por el caso de la menor víctima de violación, sino también para esclarecer las acusaciones por pago de presuntas prestaciones indebidas y malversación que pesan sobre la dirección a raíz de una denuncia anónima realizada por un alertante anónimo y que está siendo investigada por Antifraude.

Ahora queda en manos del Pleno del Parlament, que deberá votar la propuesta (que, a priori, ya cuenta con los votos necesarios).

Desde la Generalitat también se anunció el miércoles que se ha abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.

Por su parte, la Sindicatura de Greuges (el equivalente al defensor del pueblo catalán) también ha iniciado una investigación de oficio y pedirá información a los Departaments de Derechos Sociales y Educación para conocer “la circunstancias alrededor de los hechos que se denuncian, las medidas tomadas una vez se detectan los abusos y qué atención está recibiendo hoy en día” la víctima.