La Junta de Castilla y León aprueba 48 millones para la televisión privada a una semana del posible cambio legislativo

La Junta de Castilla y León aprueba la subvención millonaria a Televisión Castilla y León —en manos de los empresarios Méndez Pozo y Ulibarri— pese a la posible modificación legal a través de la aprobación de la Ley de Publicidad Institucional, que en principio se aprobará la próxima semana en el parlamento autonómico.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves la concesión directa de una subvención de 24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026, según se aprobó en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) con el voto a favor del gobierno autonómico (3 votos), el PP (1), el PSOE (1) y Soria ¡Ya! (1), el voto en contra del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea y la ausencia de Vox, que se negó a acudir a la reunión.

Para 2025 se ha asignado 1,1 millón de euros extra por los atrasos de la no actualización en el año 2024. En total, se ha aprobado una subvención a Televisión Castilla y León de 47,9 millones de euros en dos años a pesar de que la concesión termina en agosto y que, de aprobarse la Ley de Publicidad Institucional, la concesión expirará en un mes.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido en rueda de prensa que se haya incrementado un 10% la cuantía asignada a esta empresa para que pudiera mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que llevan meses presionando a la empresa a través de movilizaciones y huelgas para firmar un nuevo convenio y haya un incremento de las retribuciones, entre otras reivindicaciones.

Toda la oposición votó hace unas semanas en contra del informe relativo al cumplimiento de las necesidades de interés público. El PSOE considera que Televisión Castilla y León “no es objetiva ni plural”.

Preguntado por que el gobierno autonómico pretenda solucionar un conflicto laboral con una inyección de dinero público, Fernández Carriedo ha considerado que el contrato-programa con Televisión Castilla y León es un caso excepcional que implica “una relación directa entre la entidad” con una serie de “criterios conjuntos”.

“La Ley de contratos administrativos permite hacer algunas cosas respecto al suministro, la obra pública o la dotación del servicio, pero también está limitado poner algunos requisitos que excedan esta materia”, ha explicado el portavoz, que ha insistido: “Nosotros siempre buscamos las mejores condiciones de trabajo y es obligatorio cumplir la normativa de legislación laboral para contratar con la Administración Pública”.

Sobre la Ley de Publicidad Institucional, Fernández Carriedo se ha negado a valorar esta norma porque aún no se ha aprobado, aunque ha recordado que el Colegio de Periodistas ha mostrado su rechazo y ha pedido a los grupos políticos de la oposición que expliquen “sus motivos” para aprobar esta Ley. Además, ha descartado que el gobierno autonómico vaya a recurrir esta nueva normativa porque el Gobierno “tiene limitaciones”, aunque ha asegurado que otras Administraciones Públicas o algunos “particulares” sí podrían recurrirla, porque cree que la norma “puede incurrir en una previsión contraria a la Ley”.