Usar a los menores migrantes como moneda de cambio no es socialismo

En un movimiento que por un lado cimienta aún más la brecha con el Gobierno central y por otro despoja al ejecutivo castellanomanchego de su perfil progresista y socialista, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley que regula la situación y el posible traslado de menores extranjeros no acompañados.

La justificación oficial esgrime una supuesta aprobación “sin diálogo” y “sin financiación”, alegando que las comunidades autónomas deberán atender, en nuestro caso, a más de 500 menores adicionales sin recibir “ni un euro”, lo que implicaría un coste anual que “supera” los 26 millones de euros solo para Bienestar Social. Fundamentan su recurso en un informe que habla de “flagrante quebranto del principio de coordinación” y posible “invasión de competencias exclusivas” autonómicas. Mientras aseguran que el recurso busca garantizar recursos para una atención digna, no evitar acoger a los menores.

Sin embargo, esta retórica choca frontalmente con la realidad y despierta serias dudas sobre la veracidad de los argumentos oficiales. ¿Dónde quedan esos supuestos principios de coordinación y respeto a las competencias cuando el mismo Gobierno regional prioriza ayudas millonarias a iniciativas privadas, declarándolas de “interés singular”? ¿O cuando entrega 1100 hectáreas de monte público a bajo precio a una empresa privada y le prevé una subvención de 25 millones de euros? Parece que, en esos casos, la coordinación y la “invasión de competencias” no importan tanto, especialmente si hay 'empresas amigas' de por medio.

La negativa a acoger a 500 menores migrantes, bajo el pretexto de la falta de recursos, resulta indignante cuando la Comunidad Autónoma cuenta con la institución regional, cinco diputaciones provinciales y más de novecientos ayuntamientos que, si existiera la voluntad política, podrían garantizar una acogida digna. La postura no solo puede ser calificada como una flagrante falta de humanidad, sino que parece responder claramente a intereses políticos que alejan al gobierno regional de los valores progresistas y socialistas que tanto dicen defender.

Recordemos que cuando miles de ciudadanos ucranianos huían de la guerra, las mismas instituciones que ahora se niegan a acoger ofrecieron todo tipo de ayudas y facilidades. La única diferencia es que ahora se trata de menores africanos a los que se les niega lo básico. Además, la afirmación de que no habrá financiación extra ha sido contradicha por noticias que hablan de aportaciones adicionales, lo que genera más dudas sobre la transparencia de esta decisión. Lejos de responder a una genuina falta de principios progresistas, todo apunta a 'excusas nobles' para justificar decisiones de dudosa ética o interés público, revelando una hipocresía que duele.

El recurso al Constitucional no cambia la realidad: las autonomías recurrentes no quedan eximidas de acoger a los menores que colapsan Canarias y Ceuta y se encuentran en una situación límite. Es una ley y deben cumplirla.

Esta decisión, sumada a desencuentros anteriores, como la oposición a triplicar la inversión en vivienda, demuestra que el Gobierno de Castilla-La Mancha, lejos de defender los derechos de los más vulnerables y trabajar coordinadamente, sigue ahondando en sus diferencias políticas con el gobierno central, a costa de poner en riesgo la atención digna que requieren estos menores. La coherencia y la solidaridad, pilares del socialismo, parecen haberse perdido por el camino.