Radiografía de la vivienda en Cantabria: la ocupación y la morosidad se han reducido a la mitad en los últimos años

La crisis de la vivienda amenaza con consolidar una nueva fractura social entre propietarios e inquilinos y en paralelo alimenta un polémico discurso del miedo: la ocupación como culpable de los elevados alquileres. Un análisis simple que evita cuestionar la influencia de los pisos turísticos, la escasa e insuficiente oferta de viviendas sociales y la degeneración de un mercado libre en un proceso especulativo de mayúsculas proporciones. Con severas consecuencias sociales y personales: freno a la independencia, vulnerabilidad, empobrecimiento y discriminación.
Como primera premisa: los datos desmienten la relación entre crisis de la vivienda y ocupación. En Cantabria, contra lo que pueda parecer, hay menos casos ahora que hace unos años de personas que ocupan una vivienda ajena. Según las cifras que facilitan los juzgados, hace cinco años se produjeron 43 casos. En 2024, menos de la mitad: 19.
En 2021 hubo 23 casos. 29 en 2022. En cualquier caso, tampoco entonces este efecto generó una distorsión del mercado inmobiliario como el actual. Una circunstancia que evidencia que el problema responde o, al menos coexiste, con otras lógicas. En 2023, cuando el Gobierno de Cantabria alertaba sobre el problema de la ocupación, resultó que solo se dieron siete casos.
A la vez, ahora también hay menos desahucios a causa de la morosidad. Hace diez años hubo 429 por ese motivo en Cantabria, de un total de 732 (fue un año negro: cada día perdieron su casa dos familias). En 2024 fueron exactamente 200 las personas que fueron expulsadas de una vivienda por no pagar. Menos de la mitad.
Es decir, los datos desactivan la falsa premisa que tanto se repite: en Cantabria ahora hay menos ocupaciones y menos morosidad. Curiosamente, hoy que las cifras son menores se alimenta el miedo a estas cuestiones desde el Gobierno de Cantabria, que prepara una ley centrada en combatir a los 'ocupas', y el Ayuntamiento de Santander, que ha anunciado la puesta en marcha de un registro de viviendas ocupadas. Hace años la política era la contraria: el negacionismo. Queda para la historia la famosa frase que pronunció en La Sexta el entonces alcalde de la capital cántabra, Íñigo de la Serna (PP): en Santander no hay desahucios. Lo dijo en 2015. Ese año se contabilizaron 438. Fue el peor de todos.
Menos pisos en oferta y en venta
Uno de los efectos que calienta el mercado de vivienda es el incremento de los alquileres, derivado a su vez de otras causas: menos pisos en oferta y menos pisos en venta de nueva construcción. El informe del Observatorio del Alquiler calcula que este año habrá 400 pisos menos en alquiler en Cantabria: la oferta se reducirá un 4%. A ellos hay que descontar los destinados a alquiler vacional y turístico: 8.684, según el INE. En un año se habían incrementado en un 25%, no llegan al 3% de la oferta total de alquileres. Aunque este dato es el oficial y no contabiliza todas las viviendas turísticas sin regularizar.
Por otro lado, en los últimos diez años se han construido en Cantabria 9.634 viviendas. Cien mil menos que las edificadas en la década 1998-2008. Los informes que periódicamente realiza el Colegio de la Arquitectura Técnica de Cantabria apuntan cierto incremento en la construcción.
El año pasado se construyeron 1.126 viviendas. En el primer trimestre de este año se ha tramitado expedientes para construir 355, un centenar de ellas son casas unifamiliares aisladas. 87 de ellas corresponden a dos promociones en Santander -entre ellas 52 viviendas protegidas-, 77 se están construyendo en Bezana y 20 en Piélagos.
Precio medio alquileres e hipotecas
El precio medio del alquiler en Cantabria supera los 800 euros mientras una hipoteca media supone abonar 568 euros al mes. La cifra más alta desde 2011 pero, aún así, es más barato ser propietario que inquilino. Conviene matizar que las hipotecas se llevan el 28% del sueldo y que no se registraba un porcentaje tan alto desde el año 2014.
El problema: el precio de las viviendas aumenta tanto (1.900 euros por metro cuadrado) y tan rápido que es inaccesible para la mayoría de los sueldos. Por tanto, resulta muy complicado cumplir las condiciones para que el banco autorice el préstamo. De hecho, hay un indicativo: de todos los pisos que se venden en Santander casi el 60% los compran personas con estudios universitarios, a quienes se presume mayores ingresos. Los ciudadanos con estudios básicos solo adquieren el 13,4%. El componente de clase también es una de las claves del mercado de alquiler, ante la imposibilidad o las mayores dificultades económicas para acceder a una vivienda en propiedad.
A este diagnóstico se suma otra variable. El año pasado se vendieron 10.228 viviendas en Cantabria. El mayor número desde 2007. A la vez, solo se firmaron 5.585 hipotecas (datos del Consejo General del Notariado). Es decir, más de la mitad se pagaron al contado.
¿Qué es el nivel de presión?
También hay muchos impedimientos para alquilar. Paradójicamente es casi tan complicado o más que acceder a una hipoteca. Los expertos hablan del nivel de presión en el mercado de alquiler. Se refieren a la cantidad de personas interesadas en un piso. En Barcelona hay más de cuatrocientos demandantes por cada piso que sale a la venta. Cantabria -según el Observatorio del Alquiler- empieza a mostrar un nivel de presión en riesgo, que se cifra en 26 personas. Va al galope: hace tres meses era de 17. Es la tormenta perfecta: la oferta se desploma y el precio se dispara. Hace seis años había 14.000 viviendas en alquiler. Hoy, hay 11.527.
¿Quién compra viviendas en Cantabria?
Los últimos datos son de 2023. Ese año los cántabros compraron 5.100 viviendas. Los madrileños, mil. En total, más de dos mil pisos y casas fueron adquiridos por personas de otras comunidades autónomas. Los ciudadanos extranjeros se hicieron propietarios de 137 inmuebles. La conclusión es que el 42% de las viviendas las compraron personas de fuera de Cantabria.
Otra cuestión para el análisis es que el 40% de las viviendas que se compran son como inversión. Es decir, el propietario las quiere para hacer negocio con ellas, no para vivir. El hecho de que acaparen inmuebles reduce las posibilidades de compra, entre otros efectos.
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