El exjuez Alba se siente acosado por Victoria Rosell y pide ayuda al Poder Judicial

Salvador Alba, ahora colegiado como abogado en la provincia de Las Palmas, se siente acosado por la magistrada Victoria Rosell, la víctima de los delitos que cometió siendo juez y por los que aún cumple una pena de prisión (en régimen de semilibertad) e inhabilitación.

Alba ha elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que reclama la apertura de un expediente disciplinario contra Rosell por una serie de mensajes que la ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y actual magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas escribió en su cuenta en la red social X (Twitter) a propósito del alta como letrado del exjuez corrupto.

Como informó este periódico el pasado 4 de mayo, Alba está dado de alta como ejerciente en el Colegio de Abogados de Las Palmas desde el 18 de marzo y se publicita como tal en el despacho Consortium Abogadis que lidera el exdirigente del PP Jorge Rodríguez.

En los mensajes aportados por Alba en su queja, Rosell califica de “increíble” que el Colegio de Abogados permita ejercer al exmagistrado mientras cumple pena por delitos graves (prevaricación judicial en concurso con cohecho y falsedad en documento público). “El Estatuto General de la Abogacía de 2021 prohíbe ser abogado con antecedentes por delitos graves”, escribe en uno de ellos, con enlace a una noticia publicada por Canarias Ahora. “Espero que abogadas y abogados defiendan la ley y la dignidad de la función. Por ahora, sólo yo he presentado reclamación contra la colegiación como abogado del delincuente”, reza otro de los post de la jueza en X en respuesta a una información de Infolibre.

En un tercer mensaje, Rosell remite a uno anterior en el que explicaba “los motivos legales” de su reclamación contra el alta como abogado de Alba.

Basándose en esas publicaciones, Alba sostiene que Rosell ha iniciado “una labor de acoso” a través de las redes sociales pidiendo su “inhabilitación” como letrado, lo que está provocando “las dudas de muchos de los clientes”. El exjuez corrupto acusa también a la pareja de la jueza, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, de “apoyar esta campaña” a través de este medio, “no sólo poniendo en duda los méritos de quien suscribe que se encuentran en la página web del bufete” Consortium Abogadis, “sino también afirmando la ilegalidad de mi alta como ejerciendo (sic)” en el Colegio de Abogados.

Canarias Ahora ha publicado hasta la fecha dos noticias sobre la colegiación de Salvador Alba. En la primera, del pasado 4 de mayo, se informaba de que el Colegio de Abogados de Las Palmas había dado de alta al exjuez con fecha de 18 de marzo, y se aludía al artículo 9 del Estatuto General de la Abogacía Española, que recoge entre los requisitos de colegiación “carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía”.

Alba fue condenado a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación por prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial. El TSJC y el Supremo consideraron probado que el entonces juez utilizó un procedimiento penal que instruía contra un empresario en sustitución de Rosell con el único objetivo de intentar acabar con la carrera profesional y política de la magistrada, que se había presentado a las elecciones generales de 2015 como independiente en las listas de Podemos.

Según el Código Penal, son graves las penas de prisión e inhabilitación superiores a los cinco años. Sólo por el delito de prevaricación en concurso con cohecho, la condena de inhabilitación es de 15 años.

Al ser preguntadas por ese presunto incumplimiento del requisito de colegiación, fuentes oficiales del Colegio de Abogados de Las Palmas contestaron que se habían limitado a “dar cumplimiento de la regulación de la actividad colegial, en cumplimiento de la normativa de aplicación”, sin dar más detalles ni explicaciones.

Esa primera información también cuestionaba algunos de los méritos de los que presume Alba en el currículo publicado en la página del despacho, como el de haber sido formador de la Escuela Judicial, ya que, según fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces, no hay constancia de que “en ningún momento haya impartido clases” en ella.

La segunda publicación, fechada el 15 de mayo, recoge la versión del Consejo General de la Abogacía, que representa a los 83 colegios de abogados de España. Este órgano explicó que a Alba no se le había aplicado el actual estatuto, de 2021, sino el anterior, el de 2001, que era más laxo y sólo prohibía colegiarse a quien cumpliera pena de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Y ello por una disposición transitoria del estatuto vigente que recoge que “los aspectos más estrictos de la nueva regulación no se pueden aplicar a los hechos anteriores a su entrada en vigor”. Alba cometió los delitos entre 2015 y 2016. Fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2019 en una sentencia que adquirió firmeza a finales de 2021, cuando ya estaba en vigor el actual estatuto.

En su queja dirigida al promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial, Alba sostiene que Rosell se dedica, “a través de sus cientos de miles de seguidores en redes sociales”, a “mover la información publicada por su pareja” con comentarios “contra la independencia y dignidad del ejercicio de la profesión de abogado” no sólo de él, “sino de otro compañero del mismo bufete o despacho profesional”, en alusión a Jorge Rodríguez.

El exjuez corrupto incide, además, en que ejerce en el mismo partido judicial que la magistrada y que los “ataques personales y profesionales” que dice estar padeciendo le están “dificultando e impidiendo el ejercicio libre de la profesión” y perjudicando a su despacho. “Los jueces y magistrados, al entender de quien suscribe, no deben cargar contra abogados que ejercen sus funciones en su partido judicial, salvo que los mismos hayan cometido algún tipo de infracción en el ejercicio de sus funciones, y ese no es el caso”, añade Alba, que pide la apertura de un procedimiento disciplinario contra Rosell.

Las infracciones denunciadas por el exjuez delincuente son las recogidas en los artículos 418.5 y 419.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: exceso o abuso de autoridad y desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico.

En el mismo escrito, Alba también denuncia que ha habido una “revelación de datos reservados” sobre su persona que han sido publicados por Canarias Ahora. Se refiere, en concreto, a una noticia del pasado 7 de mayo que informaba de la pretensión del exjuez de endosar al Estado el pago de los 60.000 euros de la indemnización a Rosell. Ese mismo día se había reunido el pleno del órgano de gobierno de los jueces para aprobar un informe preceptivo sobre esa reclamación. Fueron fuentes oficiales del CGPJ (su gabinete de comunicación) quien informó a este periódico que esa reclamación se había desestimado al entender que no había habido un anormal funcionamiento de la administración de justicia, como sostenía Salvador Alba.