La alcaldesa de Mogán contrata para las fiestas el espectáculo de su abogado en el caso Góndola: 'Juancho Limiñana y sus boleros'

Los caminos del abogado Juan Sánchez Limiñana y el Ayuntamiento de Mogán se vuelven a cruzar, aunque por motivos bien distintos. A finales de 2017, el letrado fue contratado, a través de un negociado sin publicidad, para llevar durante dos años y por casi 18.000 euros la representación jurídica de la corporación sureña en los litigios laborales, pese a que su especialidad es el ámbito penal. Meses antes se había archivado la última pieza del caso Góndola que involucraba a la ya entonces alcaldesa Onalia Bueno, a quien el letrado defendió en ese procedimiento judicial. Años después, en 2022, la regidora endosó al Ayuntamiento las facturas de su letrado en aquellos procedimientos, cerca de 40.000 euros. 

Ahora, Limiñana ha vuelto a ser contratado por el Ayuntamiento de Mogán, pero en otra faceta, la de cantante de boleros. El abogado, que hace años se promocionaba como “la voz del tango en Canarias”, género del que se considera “friki”, actuará la noche del 12 de junio en el parque Nicolás Quesada del casco histórico en el marco de las fiestas de San Antonio El Chico. Será a partir de las 21.30 horas y cobrará 3.745 euros. 

Bueno presentó la semana pasada junto al concejal de Cultura, Mencey Santana, el programa de actos de las fiestas locales que se prolongarán del 6 al 15 de junio. “Nuestros festejos son un canto a la tradición e idiosincrasia canaria, a nuestra cultura”, dijo la alcaldesa. El objetivo, reiteró, es “aunar tradición y ocio”. En ese marco ha encajado el espectáculo “Una noche con Juancho Limiñana y sus boleros”, que se celebrará el jueves en el casco histórico antes de una exhibición de fuegos artificiales y de una verbena con Armonía Show. En ese concierto, el abogado y cantante “rendirá tributo a Los Panchos y a Gardel”.

La Junta de Gobierno presidida por Onalia Bueno aprobó a principios de mayo un gasto de 230.000 euros para las fiestas patronales de este año. Según el presupuesto incorporado a esa propuesta, el caché de Juancho Limiñana, representado por la agencia David Navarro Eventos, asciende a 3.745 euros (3.500 euros más IGIC). Es el mismo importe que cobrará, por ejemplo, La Mekanica by Tamarindos, una orquesta popular de Canarias, que actuará un día después. También participarán en las fiestas, entre otros, La Banda de Agaete (1.900 euros), la Charanga de La Aldea (1.600),  Armonía Show (4.494) Los Gofiones (6.955) o un grupo tributo a Fito & Los Fitipaldis (11.556 euros). 

El vínculo del abogado y cantante con el Ayuntamiento de Mogán, y más en concreto con su actual alcaldesa, viene de lejos. Limiñana fue el abogado que eligió Bueno para que la defendiera en tres de las piezas del caso Góndola, que investigó una presunta trama de corrupción durante el mandato 2003-2007. En aquellas fechas, la actual regidora militaba en el Partido Popular (PP) y era concejala de Vivienda en el gobierno local que lideraba Francisco González, con quien terminó enemistada hasta extremos irreconciliables. 

Todas esas piezas se fueron archivando de forma paulatina hasta el cierre de la última en el año 2017, una década después de que se abrieran diligencias. El caso se fue desinflando entre un incesante trasiego de jueces instructores. En 2021, cuatro años después de quedar libre de imputaciones, Onalia Bueno solicitó que el Ayuntamiento de Mogán asumiera las facturas de su abogado y procuradora en el caso Góndola. Sostenía que esas imputaciones judiciales estaban vinculadas con el ejercicio del cargo público y que, al haber sido todas archivadas, ella no tenía “el deber jurídico de soportar” esos “cuantiosos gastos”.

Fue la propia alcaldesa quien firmó en 2022 un decreto autorizando el gasto. Nueva Canarias (NC) impugnó ese decreto y también el acuerdo de la Junta de Gobierno que había reconocido la obligación de pago. El partido de la oposición consideraba que los técnicos municipales que intervinieron en el expediente habían omitido la labor de fiscalización y comprobación de las facturas. No sólo en relación con la cuantía de las minutas presentadas, con la obligación de justificar de forma debida los gastos, sino también a la hora de dirimir si la alcaldesa tenía derecho a su cobro, si las imputaciones judiciales en esas causas finalmente archivadas por inexistencia de responsabilidad penal tuvieron su origen o causa directa en actuaciones propias del cargo público que en aquel momento ostentaba, un requisito indispensable para endosar las facturas a la administración local. 

En aquel recurso, NC señalaba que dos de los tres autos de archivo aportados por la alcaldesa no especificaban los motivos por los que había sido investigada y que ello impedía “justificar el reconocimiento de gastos”. El partido canarista cuestionaba, además, que esas imputaciones estuvieran vinculadas con sus competencias de aquella época, las de Vivienda, y recordaba que Bueno había sido investigada en esa causa por delito electoral o por espiar a la comisaria de la Policía Nacional al frente de las pesquisas en Góndola, hechos que considera ajenos al ejercicio de su cargo.

El secretario de la corporación sureña, David Chao, advirtió entonces de que el acuerdo carecía de la motivación exigida. El funcionario propuso la anulación del acuerdo. Antes de aprobar el gasto, había que determinar si esas facturas eran indemnizables según la doctrina fijada por el Tribunal Supremo. Es decir, si cumplían cuatro requisitos: que la inculpación estuviera motivada por actuaciones vinculadas con el ejercicio del cargo público; que no hubiera “abuso, exceso o desviación de poder” en esa intevención; que se hubiera declarado la inexistencia de responsabilidad criminal, y que los gastos fueran debidamente justificados.

El gobierno de Mogán se vio, por tanto, forzado a anular ese primer acuerdo. Fue en marzo de 2022. Sin embargo, la alcaldesa volvió a solicitarlo y la Junta de Gobierno volvió a autorizarlo. Esta vez, a principios de 2024 y con un informe jurídico firmado por la funcionaria Ana Cristina Díaz. La letrada sostenía que las actuaciones por las que Onalia Bueno había sido investigada habían tenido lugar “en el seno del Ayuntamiento de Mogán” y “en cumplimiento de las funciones” que tenía atribuidas, sin percibir en ellas “un abuso, exceso o desviación de poder”.

Ese informe advertía de que la ahora alcaldesa no había pedido asistencia jurídica a la corporación ni tampoco la pertinente autorización para ser defendida por un abogado de su elección en esa causa penal. Bueno había alegado que el Ayuntamiento “nunca” le ofreció protección jurídica, un extremo que negó la funcionaria municipal, recordando que había constancia en los archivos municipales de provisiones de fondos para ese fin.

A pesar del incumplimiento de ese requisito, el informe jurídico avalaba el pago de las facturas del abogado de Bueno en Góndolo porque en otros procedimientos “análogos” se había reconocido ese derecho “sin mediar comunicación, ni aceptación expresa o tácita”. Nueva Canarias también cuestionó y recurrió esa segunda aprobación, pero fue desestimada y se acabó aprobando.

A finales de 2017, varios años antes de que la alcaldesa reclamara esos cerca de 40.000 euros, el gobierno que lidera Onalia Bueno había contratado a Limiñana para que llevara los asuntos laborales de la corporación durante dos años. En aquel momento, el Ayuntamiento invitó a tres abogados a presentar oferta (negociado sin publicidad). Sólo lo hicieron dos: José María Gómez Guedes ofertó sus servicios por 16.800 euros. Limiñana, por 16.700. Es decir, 100 euros menos.

Como publicó en aquel momento este periódico, Limiñana ya había firmado varios contratos menores por importes que rondaban los 2.000 euros. Todos ellos a partir de mayo de 2015, de la llegada de Bueno a la Alcaldía. Cuando finalizó el contrato firmado en 2017 con este abogado, la corporación sureña convocó un concurso que ganó otro despacho.