“A la cola en todos los indicadores”: un informe alerta del “estado crítico” de la sanidad pública en Andalucía

La fotografía que se ha proyectado este lunes sobre sobre el sistema de salud público andaluz refleja una sanidad “en estado crítico”, al menos según concluye el informe presentado en Sevilla por SATSE, CSIF, CCOO, UGT y la Marea Blanca. Un documento de más de 30 páginas, basado íntegramente en datos oficiales, que sitúa a Andalucía en el furgón de cola del sistema nacional de salud.

Se ha presentado en una rueda de prensa celebrada en la capital andaluza, que sirvió para denunciar, una vez más, la “infrafinanciación crónica”, la “falta de personal”, el “peso creciente de la privatización” y los “indicadores sanitarios en caída libre”, que han colocado a la comunidad en una “situación límite”. “Este informe no es una opinión, son hechos contrastados con estadísticas públicas, a las que todo el mundo tiene acceso”, subrayó José Sánchez, secretario general de SATSE Andalucía.

La comunidad que peor valora su sanidad

Uno de los primeros indicadores que analiza el informe es la percepción ciudadana. En 2024, los andaluces otorgaron a su sistema sanitario público una puntuación media de 5,72 sobre 10, la más baja de todas las comunidades autónomas. Más de medio punto por debajo de la media nacional y un punto entero por debajo de las comunidades mejor valoradas.

Esta percepción es parte de una tendencia a la baja desde 2022. El informe también compara esta evolución con la del conjunto de España: mientras la valoración media nacional mejora desde la pandemia, la de Andalucía sigue desplomándose. La brecha, según los sindicatos, está en su punto más alto desde que existen registros del CIS.

Menos dinero por habitante, más negocio privado

Dentro de las claves estructurales que explican esta situación está la “infrafinanciación del sistema andaluz”. El presupuesto sanitario por habitante en 2025 es de 1.747,98 euros, lo que sitúa a Andalucía entre las cinco comunidades autónomas con menor gasto por persona. La cifra es 189 euros inferior a la media nacional y 686 euros menos que Asturias, la comunidad que más invierte.

Peor aún: del incremento presupuestario de 2024, casi la mitad (489 millones de euros) ha ido a parar a empresas privadas. Según el informe, 88,8 millones se destinaron a conciertos sanitarios (intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en centros privados), 62,6 millones a servicios externalizados (limpieza, lavandería, transporte...) y 337,4 millones a gasto farmacéutico.

“Andalucía es la segunda comunidad que más porcentaje de su presupuesto sanitario dedica a farmacia: el 16,93%, tres puntos por encima de la media”, alertan los autores del documento. Esto, sostienen, detrae recursos que deberían invertirse en infraestructuras, equipamiento y personal.

Un sistema sin profesionales suficientes

Las consecuencias son evidentes en el capítulo de recursos humanos. Andalucía es, según el Ministerio de Sanidad, la comunidad con menos médicos por habitante: 3,1 por cada 1.000 personas, frente a los 3,7 de la media nacional. En hospitales, la cifra baja aún más: 1,73 médicos por cada 1.000, frente al 2,23 estatal.

La situación no mejora con el personal de enfermería. Con 4 profesionales por cada 1.000 habitantes, Andalucía vuelve a ser la peor de España. En atención hospitalaria, la tasa es 3,42, frente a 4,04 del conjunto del SNS. Tampoco hay suficientes fisioterapeutas, técnicos, celadores o personal administrativo: el informe calcula una tasa de 7,2 por cada 1.000 habitantes, mientras la media nacional es de 7,99.

En total, faltan 18.000 profesionales para alcanzar simplemente los niveles medios estatales: 5.400 médicos, 5.900 enfermeros y 6.500 de otras categorías. “Y eso sin contar el drama de la fuga de personal”, apunta el texto. En 2023, Andalucía fue la comunidad con mayor saldo negativo en enfermería: por cada profesional que entró desde otra comunidad, dos se marcharon.

Listas de espera desbordadas

La falta de personal tiene un impacto directo en la atención sanitaria. Andalucía es la comunidad con mayor demora en Atención Primaria: 10,66 días de media para conseguir cita con el médico de cabecera, frente a los 8,67 del conjunto de España y los menos de 5 días del País Vasco.

La situación es aún más grave en hospitales. A finales de 2024, había 1.060.407 personas en listas de espera sanitarias, un 12,6% de la población andaluza. En cirugía, la comunidad acumulaba 194.159 pacientes en espera, el 23% del total nacional. Además, el 33,4% llevaba más de seis meses aguardando una operación —once puntos por encima de la media— y el tiempo medio de espera era de 176 días, 50 más que en el resto del país.

En consultas externas, 866.248 personas esperaban cita. De ellas, el 56,5% llevaba más de 60 días esperando, incumpliendo los plazos máximos establecidos por decreto.

Disminuye la esperanza de vida

La precariedad estructural del sistema sanitario andaluz no se queda en la organización: afecta directamente a la salud de la población. Andalucía presenta las peores tasas de mortalidad ajustada del país: 871,1 muertes por cada 100.000 habitantes, un 11,6% por encima de la media estatal (780,2) y más de 200 muertes más que la Comunidad de Madrid (653,1).

La esperanza de vida al nacer es de 82,49 años, 1,28 menos que la media nacional y casi tres menos que la comunidad con mejor dato.

También hay más enfermedades crónicas. Andalucía lidera la prevalencia de EPOC, es segunda en diabetes y artrosis, quinta en hipertensión y muestra tasas más altas que la media en cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. Sólo en cáncer de pulmón y colon presenta cifras mejores que la media nacional.

Además, las agresiones a profesionales sanitarios se han disparado: en 2024 se notificaron 1.866 casos, el récord histórico. “Esto supone cinco agresiones al día, y eso sólo contando las registradas”, lamentan los sindicatos.

Un plan de choque con financiación real

Las cifras, advertían los sindicatos durante la presentación, no dejan lugar a matices. Por eso reclaman un plan de choque ambicioso y estructural que revierta el deterioro del sistema sanitario público andaluz. Un plan que, según explicaron, debe empezar por lo más básico: una financiación suficiente.

En sus cálculos, alcanzar la media de inversión sanitaria por habitante del conjunto de comunidades autónomas exigiría 1.634 millones de euros adicionales cada año. Pero si se quiere realmente converger con regiones más comparables, como Extremadura, la cifra debería ascender a más de 4.000 millones, una cantidad que, subrayan, podría asumirse a lo largo de una legislatura.

Sin embargo, no basta con más dinero: es imprescindible que esos fondos se inviertan dentro del sistema público. Las organizaciones firmantes del informe son contundentes al respecto: no se puede seguir desviando partidas crecientes hacia conciertos con centros privados o al gasto farmacéutico sin reforzar los pilares de la atención directa. Reivindican que todo aumento presupuestario se traduzca en más personal, mejores condiciones laborales y recursos materiales.

En ese sentido, el informe propone recuperar y ampliar las plantillas sanitarias, comenzando por incorporar los miles de trabajadores que fueron contratados durante la pandemia y luego despedidos. A ello se sumaría una batería de medidas para frenar la fuga de profesionales a otras comunidades autónomas, que incluiría mejoras retributivas, mayor estabilidad contractual y un plan específico para fidelizar talento joven.

Asimismo, los sindicatos insisten en que hay que recuperar la capacidad de intervención del sistema público en ámbitos como las listas de espera, que consideran insostenibles. Frente a la dependencia creciente de clínicas concertadas, proponen reforzar la red pública con inversiones en infraestructuras y tecnología, reorganización de servicios y horarios y un mejor aprovechamiento de los recursos existentes.