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Un informe sitúa a España y Hungría entre los principales financiadores de la actividad antifeminista y anti LGTBI

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, la francesa Marine Le Pen, Santiago Abascal y el holandés Geert Wilders en la primera cumbre del grupo Patriots en Madrid.

Marta Borraz

Budapest —
26 de junio de 2025 17:15 h

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“La próxima ola no está llegando, ya está aquí”. Con esta contundente declaración abre el eurodiputado francés Guillaume Gouffier, presidente del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), el nuevo informe que la organización acaba de hacer público, titulado La próxima ola. Cómo el extremismo religioso está recuperando el poder. La investigación desvela la arquitectura financiera y política que hay detrás del movimiento antifeminista y anti-LGTBI que se expande en Europa y que está operando para “desmantelar” derechos y políticas públicas.

La investigación, que abarca 27 países europeos, Rusia y aquellas entidades estadounidenses que gastan dinero en el continente, ha monitoreado la actividad de 275 organizaciones, a las que atribuye un total de 1.180 millones de dólares desembolsados entre 2019 y 2023 con este objetivo. Por países, la Hungría de Viktor Orbán es el país que cuenta con mayor “financiación antigénero” –como lo califica el EPF– con 172 millones de dólares, seguida de Francia (165), Reino Unido (156), Polonia (90) y España, donde el organismo ha identificado que en estos años se gastó un total de 66 millones de dólares.

El foro es una red de parlamentarios de todo el continente que ya en 2021 reveló que la financiación de esta agenda ultra se había cuadruplicado en la última década. Detrás hay todo un conglomerado de actores, desde fundaciones, think tanks, ONG, medios de comunicación o entidades jurídicas que están llevando “desde los márgenes hasta el centro del poder político” la agenda ultra y que en algunos países han llegado al poder, entre ellos Estados Unidos o Hungría, que ha aprobado leyes que restringen los derechos LGTBI y que como última medida ha impulsado la prohibición del Orgullo en Budapest este 28 de junio.

“Esta resistencia antifeminista y contraria a la igualdad se alía con el ascenso de los dictadores autoritarios y los populistas de extrema derecha que se están apoderando de las instituciones democráticas para vaciarlas desde dentro”, esgrime Gouffier, miembro del partido del presidente francés Emmanuel Macron. El autor del informe, Neil Datta, describe cómo estos actores llevan a cabo un “esfuerzo encubierto” para “blanquear el extremismo religioso” y de esta manera “convertirlo en una forma de gobierno convencional”.

Los tres orígenes geográficos de la financiación de estos grupos que nombra el estudio son Europa, Estados Unidos (del que recibieron el 9% de la financiación) y Rusia (18%), que “debido a las sanciones internacionales” por la invasión de Ucrania “ha mantenido su actividad financiera en gran medida” dentro del país.

Dios, Patria y Familia

La investigación divide a los actores antigénero en varias categorías y asegura que las asociaciones que defienden la agenda ultra son las que más dinero mueven, el 28%. Entre ellas, “la más influyente” es el Centro Húngaro de Derechos Fundamentales, fundado en 2013 para “preservar la identidad nacional, la soberanía y las tradiciones cristianas” y cuyo lema es “Dios, Patria y Familia”. El centro, que asegura oponerse “al fundamentalismo de los derechos humanos y la corrección política” tiene sede en Madrid desde el año pasado y uno de sus miembros asistió a la cumbre que el Senado acogió el pasado diciembre, que contó con la presencia de decenas de miembros de esta red antiderechos.

A las “organizaciones de medios” y aquellas que promueven la participación política les atribuye el informe el 23% de la financiación antigénero y entre ellas figura la española HazteOír o su filial internacional CitizenGo, a las que el estudio asigna un gasto de 27,8 millones de dólares en estos cinco años. La investigación define a Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír, como una de las personalidades más relevantes y a la entidad como un “actor clave” cuya financiación “creció de forma constante a lo largo de los años”, de hecho, ha cuadruplicado sus ingresos en ocho años.

Hay también diseminadas por Europa fundaciones que no llevan a cabo proyectos, sino que los financian. Entre ellas menciona a la francesa Fundación Jérôme Lejeune –que también cuenta con sede en Madrid–, al Fondo Benéfico San Basilio de Rusia, controlado por el oligarca de extrema derecha Konstantin Malofeev y dos fundaciones “controladas por el gobierno húngaro”: Bethlen Gábor Fund Management y la Fundación Batthyány Lajos. Ambas son pieza clave del modelo húngaro, que para los investigadores representa “una de las estrategias más estructuradas y con mayor dotación de recursos de Europa” y que ha acabado “eclipsando a los actores religiosos tradicionales”.

El informe analiza también a las entidades que califica como “proveedores de servicios”, que “principalmente” están integradas por “centros de crisis de embarazo”. Estas son asociaciones que ofrecen asesoramiento o incluso apoyo material a mujeres embarazadas con el objetivo de que no aborten. Entre ellas destaca la británica Life, la italiana Vita Nova Foundation y dos españolas: la Fundación Pro Vida de Catalunya y Red Madre, que tiene presencia en diferentes ciudades. Por otro lado, entre los think tank clave identificados se encuentra el lobby trumpista Heritage, uno de los laboratorios de ideas con más repercusión del ultraconservadurismo americano.

Una “poderosa maquinaria”

En la vía de financiación europea, el informe describe una “poderosa maquinaria de financiación privada” que trata de “impulsar el activismo antiderechos y extremista” en la región. En este ámbito señala dos organizaciones españolas: la fundación universitaria San Pablo CEU, de la Asociación Católica de Propagandistas, que “gestiona escuelas y universidades a la vez que apoya a organizaciones antigénero”. El Instituto de la Familia CEU ha premiado a la eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa por su “defensa de la vida” y en ediciones anteriores al exministro de José María Aznar, Jaime Mayor Oreja.

La otra fundación privada que analiza el estudio es la Fundación Fortius, una organización vinculada a Fortuis Consulting fundada en 2023 por Juan Soto, que fue director internacional de la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal. “Fortius ha coorganizado galas de recaudación de fondos de alto perfil, incluyendo un evento en 2024 en honor al presidente argentino Javier Milei”, describe la investigación. Soto asistió el pasado mes de mayo a la Conferencia de Acción Política Conservadora de Budapest, una iniciativa estadounidense que reúne a perfiles de extrema derecha y que desde 2022 se hace también en Hungría.

Al país gobernado por Orbán le reserva el estudio un papel preponderante en la expansión y consolidación de las ideas antifeministas y antiLGTBI y, paralelamente, describe cómo los partidos políticos de extrema derecha “se han convertido en el epicentro de la contestación antigénero en Europa”, con Hungría “suplantando el papel de Rusia como principal patrocinador de iniciativas transnacionales de extrema derecha”.

La defensa de este discurso “se ha desplazado” de los partidos de tradición demócrata-cristiana a la ultraderecha. Así, el informe reconoce en el Parlamento Europeo dos familias clave: los Reformistas y Conservadores (ERC), al que pertenece el polaco Ley y Justicia (PiS), los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni o los ultranacionalistas croatas Movimiento por la Patria a los que pertenece Stephen Bartulica, actual presidente de la Red Política de Valores (PNfV por sus siglas en inglés), que organizó la cumbre antiabortista del Senado a finales de año.

Por otro lado, menciona a los Patriotas por Europa, donde están integrados los húngaros de Fidesz, el partido de Orbán, y Vox. De hecho, Abascal preside el grupo. El informe aleja a la familia del Partido Popular Europeo (PPE) de esta agenda, pero miembros del grupo acudieron al encuentro coordinado por PNfV en Madrid, que contó con la asistencia del alto cargo del Gobierno de Cantabria y exsenador del PP Javier Puente, y fue finalmente celebrada gracias al aval de los populares en la Cámara Alta, que se opusieron a que fuera cancelado como pedían los grupos de izquierdas.

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