La agencia de salud pública, decretos y una ley antifranquista: la agenda del Gobierno avanza a cuentagotas en su peor momento

“Vamos votación a votación”. La frase de una ministra resume el espíritu con el que el Gobierno afronta un momento crítico de la legislatura. Los socialistas tratan estas semanas de sobrevivir al estallido del caso Santos Cerdán mientras consiguen pequeñas victorias en el Congreso para ganar un poco de aire. Hace unos días, un nuevo decreto para que los jóvenes puedan viajar con descuentos en transporte público en verano y a finales de junio una ley para prohibir las asociaciones franquistas.
Las grandes promesas de la campaña tanto del PSOE como de Sumar siguen todavía atascadas: la reforma de la ley mordaza, la ley de familias o la reducción de jornada esperan a un difícil acuerdo entre los socios de investidura para poder convertirse en realidad. Esta legislatura escasean los jueves parlamentarios, los días de Pleno en los que se suelen aprobar definitivamente las leyes, y el estallido del caso de corrupción con Santos Cerdán en el centro ha enrarecido las relaciones de los socios con el Gobierno.
En este contexto cada vez más complicado, el Ejecutivo ha conseguido, sin embargo, aprobar algunas leyes y, sobre todo, avanzar en una serie de normas importantes para sus objetivos. Hace dos semanas salió adelante el decreto con descuentos en viajes de transporte público para jóvenes de hasta 30 años. El Congreso también ha empezado a tramitar una ley del PSOE para castigar penalmente las terapias de conversión sexual.
Son dos ejemplos representativos de las normas que intenta sacar adelante el Gobierno, con asuntos que interpelan al heterodoxo bloque de investidura y medidas económicas expansivas que dejan poco margen para la negativa de los socios. En ambos casos, incluso el Partido Popular terminó absteniéndose. Estas semanas el Ejecutivo también llevó a la Cámara Baja el decreto con medidas para paliar los efectos de los aranceles de Donald Trump en el tejido empresarial.
“La realidad dice que incluso después del informe de la UCO hemos ganado votaciones esenciales en el Congreso. De media ganamos el 90% de las votaciones, aunque se haga mucho hincapié en las ciento y pico que hemos perdido. Hemos aprobado 36 leyes en esta legislatura y si todo va bien tenemos mayoría para sacar adelante otras siete, tres de ellas decretos y otras que vienen del Senado. Seguimos gobernando y aprobando leyes, no existe un problema de confianza parlamentaria”, defendió este lunes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en Los Desayunos del Ateneo de Madrid.
El Gobierno ha conseguido aprobar también una modificación de la ley de navegación aérea para imponer sanciones a las aerolíneas que no cumplan la normativa europea sobre biocombustibles.
A finales de junio, el PSOE recabó el apoyo de los socios para aprobar definitivamente la ley que busca poner coto a las asociaciones franquistas, uno de los mandatos que incorporaba la Ley de Memoria Democrática que aprobó el Congreso la legislatura pasada. La norma es una fórmula para complementar la extinción de las fundaciones como la Francisco Franco, que sigue otra vía iniciada por el Ministerio de Cultura en junio del año pasado. La idea es que la Fundación Franco no pueda reconvertirse en una asociación cuando quede ilegalizada.
Y en comisión, sin necesidad de pasar por el Pleno, el Ministerio de Sanidad logró los apoyos para aprobar, a la segunda, la Agencia de Salud Pública, aunque lo hizo sin los votos de PP y Junts. Los independentistas catalanes ya tumbaron hace unos meses esa misma iniciativa y su apoyo sigue siendo necesario para cuando el texto vuelva del Senado.
Avances en la tramitación
Tanto el Gobierno como los partidos que lo componen están trabajando en diferentes niveles en comisión. En junio superó el primer trámite parlamentario la ley que impulsa el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños para reformar la carrera judicial. Y otra ley del PSOE para regular la inclusión de mutualistas en el régimen de la Seguridad Social.
Está siendo más sencillo para los partidos durante esta legislatura empezar a tramitar proposiciones de ley. Muchas de ellas acaban en un limbo parlamentario de meses. Además de la ley contra las terapias de conversión, en las últimas semanas el Congreso ha comenzado a tramitar una reforma del reglamento para regular los lobbies y otra ley del PSOE para modificar el funcionamiento del sistema universitario.
También en comisión siguen los intentos para tratar de desbloquear la reforma de la ley mordaza, una de las principales promesas de todo el bloque de investidura desde hace varios años. El pasado día 1 esa ley cumplió 10 años en vigor y esta misma semana algunos de los partidos que negocian la reforma se reunieron en el Congreso para poner en orden las enmiendas registradas y retomar el contacto después de los tímidos encuentros de los últimos meses. Pero de momento el acuerdo parece lejano.
Mucho más avanzada está la ley de movilidad sostenible, uno de los objetivos que el Gobierno arrastra desde la legislatura pasada y que está a las puertas de viajar a la comisión, prevista para esta semana. El trabajo de enmiendas está muy avanzado, pero el temor de que Podemos si llega a Pleno tumbe el texto han impedido hasta ahora que dé más pasos.
La reforma del reglamento del Congreso para poner coto a los agitadores de extrema derecha sí va a gran velocidad. El PSOE ha reunido las firmas suficientes para llevar el debate de las enmiendas de totalidad a un pleno extraordinario este martes, con la idea de aprobar la reforma definitivamente en otro pleno extraordinario el 22 de este mes. Para poder hacerlo necesita la rúbrica de la mitad de los diputados del hemiciclo, pero la norma tiene el apoyo de la mayoría de la investidura, con lo que es probable que se terminen cumpliendo las previsiones de los socialistas.
Reducción de jornada
Además del reglamento del Congreso, que podría estar aprobado definitivamente en ese segundo pleno de julio, el Gobierno quiere cerrar el verano con una importante victoria política. Pero es tan importante como difícil. La negociación de la reducción de la jornada a 37,5 horas está encallada en un punto previsible: la conciliación de las ambiciones del ministerio de Yolanda Díaz con las exigencias de Junts per Catalunya, que hasta ahora muestra su total oposición a un texto que cree que perjudica a la pequeña y mediana empresa.
“Es completamente nociva para las pymes”, trasladaban fuentes parlamentarias de Junts la semana pasada tras la reunión que mantuvieron Díaz y Míriam Nogueras, la portavoz de los independentistas en el Congreso. Fue un encuentro protocolario dentro de la ronda que la vicepresidenta segunda está manteniendo con todos los grupos, excepto con el PP, que se ha negado, y Vox, fuera del perímetro de las conversaciones con el Gobierno.
Díaz está dispuesta a una jugada arriesgada. Quiere llevar al pleno de este mes la votación de las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Vox y Junts. Si los tres unen sus votos para tumbar el texto ese día tendrá que volver al Consejo de Ministros. Algunos miembros de la parte socialista del Ejecutivo creen que ese primer debate es precipitado sin tener asegurados los votos de los independentistas, aunque es la vicepresidenta segunda la que controla los tiempos de esta negociación.
En Trabajo siguen defendiendo que la enmienda a la totalidad registrada por Junts forma parte de la negociación y creen que forzar un primer debate ahora tiene sentido para no demorar la tramitación de una norma tan importante para la legislatura, máxime tras el momento crítico en que ha dejado el escándalo de Santos Cerdán al Gobierno. ¿Y si Junts lo tumba a la primera? En el Ministerio se niegan a hablar de una derrota, creen que quienes pagarán las consecuencias políticas serán los que tumben una norma que beneficia a más de 12 millones de trabajadores y restan importancia a volver a la casilla de salida. “La volveremos a llevar”, aseveran.
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