Siete trabajadores de la Universidad de La Rioja podrían ser despedidos aunque una sentencia obliga a su integración

La Universidad de La Rioja ha comunicado verbalmente a siete trabajadores que van a dejar de prestar sus servicios en la institución pública a finales de este mes de mayo, a pesar de que una sentencia obliga a incorporarlos a la plantilla. Son trabajadores del servicio del soporte informático subcontratados a la empresa Inycom con más de 15 años de antigüedad, algunos incluso con más de 20, a los que se les ha reconocido “una cesión ilegal incontrovertida”.

El pasado mes de julio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja declaró la cesión ilegal de estos trabajadores y confirmó que habían sido objeto de prestamismo laboral. Ante ello, se recogía su derecho a ser integrarse en la UR, como personal indefinido no fijo en la plantilla de la UR.

Este conflicto laboral, que se ha extendido durante años, parte del contrato de “Servicios de soporte técnico y mantenimiento del parque microinformático y soporte a la titulación de grado en Ingeniería Informática de la Universidad de La Rioja”, que presta Inycom durante más de 23 años de manera ininterrumpida con los medios de la Universidad de La Rioja.

Tras el reconocimiento judicial de la incorporación a la universidad pública, los trabajadores recurrieron la incorporación como con la calificación de “indefinido-no fijo”, ya que, según anunció entonces el sindicato CNT que les representa, “El Tribunal Superior de la Unión Europea viene calificando en los últimos años esa definición como un eufemismo que aplica la justicia española para referirse a puestos de trabajo temporales”. Así, los trabajadores reclamaron ante el Tribunal Supremo su incorporación como personal laboral fijo, lo cual todavía está pendiente de resolución.

Mientras esta cuestión se resuelve y ante la inminencia de la finalización del contrato con Inycom (donde los siete tienen contrato indefinido) prevista el 31 de mayo, los trabajadores solicitaron en la justicia la ejecución provisional de las sentencias, es decir, la incorporación a la plantilla de la universidad en las condiciones establecidas en dichas sentencias, como indefinidos no fijos de manera provisional y hasta tanto se resuelvan los recursos sobre su fijeza. Esta solicitud de ejecución provisional se les ha denegado, aunque también la resolución no es firme y se ha recurrido. Además, en paralelo, todos los trabajadores han presentado en el registro de la UR solicitudes por escrito para que den cumplimiento a las sentencias.

La Universidad de La Rioja ha justificado esta denegación de la ejecución provisional de las sentencias, a la que aseguran que no se oponían, como la causa para que estos trabajadores dejen de trabajar en la institución. “Representantes de la UR se reunieron con los trabajadores y con su abogado la pasada semana. En esta reunión se les comunicó la intención de la UR de seguir prestando el servicio de soporte informático y, al tiempo, la imposibilidad de efectuar la ejecución provisional de la sentencia a la vista de la resolución judicial”, explican. Por su parte, fuentes cercanas al caso consideran que la universidad “no solo podría, sino que debería” haber cumplido la sentencia e incorporarlos a la plantilla y que “la cuestión pendiente de la naturaleza de la relación laboral, no impide integrarlos”.

La UR ha apuntado también que publicarán, a través de su agencia de colocación, “ofertas de trabajo en categorías equiparables a las actuales, con el fin de contar con personal interino que permita la prestación del servicio de soporte informático” y añaden que a “estas ofertas podrá presentarse el personal afectado”.

Desde el sindicato CNT, que representa a los siete trabajadores afectados, prefieren mantenerse cautos porque el asunto sigue judicializado y se “van a seguir defendiendo con la máxima intensidad que estos trabajadores deben ser integrados, tal y como han solicitado, en la plantilla de la Universidad de La Rioja porque los amparan las sentencias judiciales que los declaran en situación de cesión ilegal”.