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Eroski retira los huevos camperos de la 'granja de los horrores' que vendía en sus supermercados

Un supermercado EROSKI.

Nicolás Ribas

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Eroski ha decidido retirar los huevos “camperos” de la macrogranja de Llucmajor (Mallorca), según explican fuentes de la cadena a elDiario.es, tras las consultadas realizadas por este diario. “Tras la decisión de ayer [lunes] de no recepcionar más huevos camperos de Llucmajor, también hemos decidido retirar todos los huevos camperos de los lineales procedentes de este proveedor”, señalan las mismas fuentes.

Este lunes, Eroski había manifestado a elDiario.es que había paralizado “la recepción de huevos camperos del proveedor afectado”. Es decir, no estaban introduciendo stock en sus supermercados, pero todavía se estaban vendiendo en las cadenas, como pudo comprobar este diario. Una decisión que la cadena acaba de revertir.

“Reiteramos nuestro compromiso con una alimentación segura, responsable y transparente, en línea con los valores cooperativos que nos definen”, explicaron. Es una decisión, recordaron, que se adopta “de manera voluntaria y anticipándonos a posibles indicaciones oficiales”. Esto sucede porque, a menos que haya una comunicación oficial por parte del Govern balear, las cadenas pueden seguir comercializando los huevos camperos.

Fuentes de la Conselleria de Salut explican a este diario que durante la inspección realizada por la Conselleria de Agricultura el 27 de mayo —tras la publicación en primicia que revelaba la grave situación del interior de la granja—, entre sus competencias para hacer cumplir la normativa, se realizan muestreos para detectar o no un positivo en salmonella. En caso de positivo, Agricultura se lo comunica a Salut Pública —dependiente de la Conselleria de Salut—. “Solo en caso de positivo, Salut Pública puede actuar. Hasta ese momento no porque implicaría actuar fuera de ordenación”, destacan las mismas fuentes.

El Govern (PP) no cerrará la granja

El Govern —cuya presidenta es la popular Marga Prohens— insiste en no cerrar la macrogranja de Llucmajor a pesar de que sus funcionarios, así como los agentes del Seprona, evidenciaron la veracidad de las imágenes inéditas difundidas en primicia por elDiario.es que muestran las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

Y también a pesar de que las tres grandes distribuidoras (Alcampo, Mercadona y ahora Eroski) han decidido retirar los huevos “camperos” procedentes de la explotación: la primera de las cadenas optó por dejar de vender el producto tras la revelación de la grave situación en la que viven las gallinas, y la segunda a raíz de la inspección llevada a cabo la semana pasada por agentes del Seprona de la Guardia Civil y de técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural. Cabe recordar que, entre otras cuestiones, las imágenes probaban que las gallinas camperas no habían tenido acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril.

Las imágenes, grabadas entre los días 21 y 29 de abril, muestran que las aves se encuentran en condiciones lamentables. Las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas, envenenadas o incluso se han encontrado esqueletos), lo cual supone un riesgo de transmisión de enfermedades como la salmonella o la leptospirosis, según un informe veterinario al que tuvo acceso este diario. En las imágenes también se veía cómo las gallinas vivas se comían a gallinas muertas.

Estos hechos supondrían, además, un incumplimiento del artículo 6 del real decreto de normas básicas de ordenación de las granjas avícolas que regula las condiciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad de las explotaciones. ARDE y Satya Animal, las entidades que difundieron las imágenes grabadas, denunciaron estos hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears —lo cual fue verificado por este diario a través de fuentes del Ministerio Público— por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por falta de supervisión veterinaria. Asimismo, aportaron un vídeo de más de tres horas de duración —con pruebas de verificación mediante GPS y periódicos locales con las fechas—, así como un informe veterinario.

Pese a todo, el Ejecutivo se niega a clausurar cautelarmente las instalaciones, tal como ha expuesto este martes el conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, quien, durante el pleno del Parlament balear, ha aseverado que su departamento “actúa siempre en base a informes y a la ley de ordenación ganadera”. Por el momento, la Conselleria ha acordado el cierre de la nave siete de la macrogranja, lo que implicará “su vaciado sanitario”. Es decir, el sacrificio de las más de 20.000 gallinas que albergaba, así como la inmovilización de los huevos en producción o que estuvieran en el almacén procedentes de esta zona de la granja. Las entidades de protección medioambiental y animal se oponen a dicho sacrificio.

Simonet, que ha adornado su intervención con varias bromas, entre ellas en torno a las diferencias entre las aves actuales y las “gallinas socialistas” bajo el anterior mandato progresista, ha abundado en que su departamento “actúa rápida y eficazmente”, mientras el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, le reprochaba que “no es posible permitir que la granja aún continúe funcionando”. El socialista ha subrayado que a quien pone en duda es “a la dirección política de la Conselleria, no a los profesionales. Su dejadez está provocando la pérdida de producto local en plena situación de alarma que devalúa no solo el sector, sino la isla de Mallorca”, ha sentenciado dirigiéndose a Simonet.

El pasado viernes, el Govern hizo públicas las conclusiones de los informes que hicieron los técnicos de la Conselleria así como los agentes del Seprona, que hace una semana inspeccionaron la explotación avícola durante las cerca de ocho horas después de que elDiario.es avanzara la noche anterior las graves condiciones de insalubridad, falta de higiene y maltrato animal que había en el interior de la macrogranja de Llucmajor.

La investigación fue puesta en marcha tras las revelaciones que hicieron a este diario las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal. El Govern ha propuesto multar con hasta 420.000 euros —en total, siete sanciones— a Avícola Son Perot S.A., responsable de las instalaciones. Pese a la multa, cuyo alcance dependerá de la tramitación del expediente, cabe destacar que la granja de Llucmajor recibió fondos europeos por valor de 381.777 euros a través del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears (2014-2020) para la construcción y adquisición de equipos para la instalación de un centro de clasificación de huevos.

elDiario.es también publicó en exclusiva que AENOR, la entidad que otorga el certificado de bienestar animal Welfair, propuso a la empresa avícola, tras conceder una prórroga a la validez de su certificado, acordar las fechas de la realización de la auditoría anual, según desvela en exclusiva elDiario.es. Mientras tanto, el pasado sábado, unas 80 personas —según Satya Animal, entidad convocante de la concentración junto a la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor y vecinos del municipio— se concentraron en Llucmajor para exigir el cierre de la granja avícola denunciada.

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