Personajes que el PP olvida en la trama de hidrocarburos: el lugarteniente que pasó de Falange a la Xunta de Feijóo

Una deuda de apenas 3.000 euros mantiene en suspenso el juicio contra la trama de los hidrocarburos liderada, supuestamente, por la empresa Hafesa, a la que se acusa de defraudar a Hacienda casi 155 millones de euros. 3.000 euros es la cantidad que el presidente de la petrolera y considerado líder de la organización, Alejandro Hamlyn, debe pagar para poder salir de Dubai y sentarse en el banquillo. Hamlyn es el interlocutor de la fontanera socialista Leire Díaz en las grabaciones en las que hablan de supuestas corruptelas de la UCO. Para el PP, esa es una de las pruebas de que el PSOE actúa como una “organización criminal”. Sin embargo, quien sí está acusado de ello —entre otros cargos— es el lugarteniente de Hamlyn y presunto número dos de la trama: Norberto Uzal, antiguo alto cargo fichado por Alfonso Rueda, el actual presidente de la Xunta, para el primero gobierno de Feijóo en Galicia.

Uzal, director general de Hafesa, sí estuvo este lunes en la Audiencia Nacional, sentado en primera fila, junto a otra docena de acusados. Se pide para él la misma condena que para Hamlyn: 53 años de cárcel por los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Ambos podrán verse de nuevo el 30 de junio, cuando está previsto que se retome el juicio. Mientras, la Audiencia ha frenado la intención de la Fiscalía —que, como la Abogacía del Estado, no se cree las excusas del empresario— de emitir una orden internacional de captura contra él.

El auto del juez Calama deja claro el papel de Uzal en la supuesta trama: “No solo transmite órdenes, también las emite” e interviene junto a Hamlyn —“subordinado únicamente a él”— “en todas las decisiones que atañen a la estructura de la organización criminal [...] así como en la operativa, supuestamente fraudulenta, que desarrolla la misma”.

Además de la dirección general de Hafesa, este abogado nacido en Vigo en 1971 ocupaba distintos cargos en otras firmas del conglomerado. “Su función no es de abogado, es gestor de todo el negocio”, escribió el juez. “Ejecuta la operativa del mismo, impartiendo las órdenes necesarias para su consecución y controlando pagos y cobros”.

La carrera política de Uzal empezó en el siglo XXI, pero tuvo una precuela —que lo seguiría persiguiendo hasta el final— en la década de los 90. En 1994 se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo por Falange Española Independiente. Después, desaparece de la actividad pública hasta 2002, cuando el gobierno municipal de Cambados, lo ficha como asesor. Allí se quedó durante un lustro y la prensa de la época recuerda sus desencuentros con el alcalde, el popular José Manuel Cores Tourís. En la Vila do Albariño, Uzal coincidió durante tres años con un secretario del Ayuntamiento que empezaba a hacer carrera política. Se llamaba Alfonso Rueda.

En 2009, cuando Feijóo se convierte en presidente de la Xunta, Rueda —su mano derecha y responsable del área de Presidencia— vuelve a Cambados a hacer fichajes. Nombra a Cores Tourís delegado del gobierno gallego en la provincia de Pontevedra; hoy es el presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. Para Uzal, que venía de dirigir durante dos años la Federación Galega de Municipios e Provincias, reserva la Dirección Xeral de Administración Local: iba a ser su hombre en los ayuntamientos. El pasado en Falange del nuevo alto cargo sale a relucir y se forma un cierto revuelo. Como casi siempre en Galicia, sin consecuencias.

Sí las tuvo el proceso judicial por acoso laboral a la secretaria del concello lucense de Palas de Rei, ese donde hoy la empresa portuguesa Altri quiere levantar una contestada macrocelulosa. Basándose en informes redactados por Uzal, la Consellería de Presidencia expedientó a la funcionaria, que estaba enfrentada al regidor del PP. La secretaria recurrió y ganó el proceso en 2017.

Uzal, que resultó absuelto, había presentado su renuncia mucho antes, en 2013, bajo el habitual eufemismo de “motivos personales”. Dos años después de la primera sentencia, el Supremo revocó la condena contra el actual alcalde, Pablo Taboada, y su predecesor. Lo que para la Audiencia de Lugo eran hechos claramente delictivos, para el alto tribunal se debían a “una situación laboral tensa, de la que todos los implicados son responsables”.

Ese final del proceso pilló a Uzal ya fuera de la política, en la que todavía tuvo un epílogo. En 2015 reapareció como número dos de la lista del PP de Rianxo (A Coruña) para las elecciones municipales, unos comicios que los populares aspiraban a ganar después de su subida en votos cuatro años antes. Uzal, sin vinculación con la localidad, llegaba como fichaje de relumbrón, pero no fue suficiente. Al año siguiente abandonaba sus cargos como concejal y asesor del grupo en el consistorio, dejando el recuerdo de un opositor dialogante y “nada crispado”.

Hoy, que ha vuelto al foco mediático, nadie en el PP parece recordarlo. Rueda, el mismo con el que compartió vida municipal en Cambados y quien después se lo llevó a su consellería, ni siquiera mencionó su nombre de Uzal cuando le preguntaron por él tras la última reunión de su gobierno. “Va para alrededor de diez años que esa persona no trabaja ya en la Xunta de Galicia. Por lo tanto, los hechos por los que va a ser sometido a juicio no tienen absolutamente nada que ver con su trabajo en la Xunta y, por tanto, nada que decir. La Justicia decidirá lo que proceda cuando recaiga la sentencia”. Aunque, para eso, todavía tiene que arrancar el juicio.