Por una comisión de investigación útil tras la DANA: comparezcan todos

La semana en la que se cumplían siete meses desde la tragedia de la DANA que arrasó la provincia de València los valencianos vivimos una jornada marcada por la movilización social —esta vez en forma de huelga general convocada por sindicatos de clase— y por la sexta manifestación masiva que exigió la dimisión del gobierno del PP de la Generalitat Valenciana y del president Carlos Mazón por su gestión negligente. En este mismo contexto, se constituía en el Congreso de los Diputados, por fin, la comisión de investigación sobre la DANA que propusimos desde Podemos, Compromís, ERC y Junts.

Desde Podemos hemos asumido este espacio con toda la responsabilidad que merece. Presentamos nuestro plan de trabajo y la propuesta de más de 90 comparecencias con una idea clara: esta comisión debe centrarse en cuatro prioridades fundamentales para nosotras: Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Se trata, sobre todo, de devolver la dignidad a una sociedad que ha sufrido una de las mayores catástrofes de su historia reciente. Hablamos de 228 vidas perdidas que podrían haberse salvado. Hablamos de una sociedad que se sintió abandonada por unas instituciones que, en muchos casos, no estuvieron a la altura. Y hablamos también de una reconstrucción que, siete meses después, sigue sin llegar, pese a que vivimos en la cuarta economía del euro.

Esta comisión no puede ser superficial ni parcial. Debe ser una investigación completa y rigurosa. Que analice el antes, el durante y el después del 29 de octubre. Necesitamos saber cómo de preparadas estaban nuestras instituciones ante un episodio extremo que, por efecto de la crisis climática, ya no puede considerarse excepcional. ¿Existían planes de actuación? ¿Eran adecuados? ¿Se conocía el riesgo real de inundación de determinados barrios? ¿Se escuchó a quienes venían alertando de estos peligros?

El 29 de octubre debe ser investigado al detalle. Minuto a minuto. ¿Qué información había, quién la tenía, cuándo y cómo se tomaron —o no se tomaron— decisiones? ¿Qué hizo Carlos Mazón el día más importante de su vida como President? ¿Dónde estaban y qué hicieron los miembros de su Consell? Necesitamos una cronología clara que permita establecer responsabilidades políticas. Y si hubo negligencias, que se asuman.

Pero también es crucial abordar lo que ocurrió después del 29 de octubre. Los días y semanas siguientes fueron una auténtica pesadilla para miles de valencianos. Hubo quien tuvo que sobrevivir con ayuda humanitaria durante semanas. Vimos cómo vecinos que dirigían improvisados centros de coordinación de voluntariado daban instrucciones a bomberos y militares que llegaban con días de retraso. La sensación de abandono fue generalizada. Y tiene responsables. La ciudadanía merece saber qué hicieron —y qué no hicieron— todas las instituciones implicadas: desde los ayuntamientos a la Generalitat Valenciana, pero también, por supuesto, el Gobierno de España. Muchos y muchas seguimos preguntándonos por qué Pedro Sánchez no fue valiente y declaró el estado de alarma previsto para este tipo de catástrofes ante la evidente incompetencia y negligencia de Carlos Mazón. Las competencias formales para gestionar las consecuencias de la DANA son de la administración autonómica, pero el último responsable de la seguridad y bienestar de ciudadanos y ciudadanas residentes en territorio español es el Gobierno de España. Sin embargo, los valencianos nos sentimos abandonados por unos y por otros porque PP y PSOE priorizaron una batalla política bipartidista en uno de los peores momentos de nuestra historia reciente antes que hacerse cargo de las necesidades de los afectados y afectadas.

Todo aquel que haya ostentado una responsabilidad pública directa o indirectamente implicada en esta catástrofe debe comparecer y rendir cuentas. No es una opción, es un deber. Se lo deben a la ciudadanía.

Además, esta comisión debe dar voz a los familiares de las víctimas para que puedan contar lo vivido, el dolor sufrido y las exigencias que aún hoy mantienen. También a quienes se autoorganizaron ante la falta de respuesta institucional: voluntarios, asociaciones, organizaciones civiles. Personas que pusieron su cuerpo y su tiempo al servicio de los demás en un momento de emergencia. Este relato colectivo debe ocupar un lugar público, reconocido y visible. No podemos permitir que se silencie.

Sería un error histórico que esta comisión se convirtiera en un trámite vacío. Sería gravísimo que PSOE y Sumar, en un momento de desconfianza de los valencianos hacia las instituciones contribuyeran, como hace la ultraderecha, a banalizar este espacio tan necesario mediante reproches a un solo color político mientras protegen al otro. Ya tenemos el antecedente de la comisión de investigación en Les Corts Valencianes, controlada por la derecha y nacida muerta. No podemos permitir que esta repita ese destino.

No podemos permitir que esta comisión de investigación parlamentaria en el Congreso se cierre en falso. Es imposible construir futuro sin memoria, ni democracia sin rendición de cuentas. Esta comisión no puede ser una oportunidad perdida. Es nuestra obligación garantizar que sirva para algo más que para cubrir el expediente político.

De la misma manera que estamos haciendo en el juicio siendo acusación popular, desde Podemos vamos a trabajar con rigor, con responsabilidad y con compromiso para que esta comisión sea útil, para que podamos conocer la verdad, ofrecer justicia, garantizar reparación y evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse. Y también trabajaremos para demostrar que la política puede estar a la altura de nuestro dolor y de nuestra dignidad. Eso es lo que los valencianos y valencianas merecemos.

*Este artículo de opinión ha sido elaborado por María Teresa Pérez, coordinadora general de Podem y Pau Vivas, secretario de organización de Podem.