El Gobierno aprueba la regulación para acceder a la jubilación anticipada por profesiones penosas y peligrosas

El Gobierno ha aprobado este martes la regulación para poder acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones para profesiones penosas y peligrosas. Era una de las materias pendientes del último acuerdo de pensiones en el diálogo social, que reclaman varios sectores y actividades, como los de la construcción y las azafatas de vuelo, entre otros muchos. La norma desarrolla el procedimiento para que, si no es posible mejorar las condiciones de trabajo de un determinado colectivo, este pueda ver adelantada su edad ordinaria de jubilación gracias a coeficientes reductores.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros algunos de los elementos más destacados de la regulación, que ha sido consensuada con los sindicatos y patronales mayoritarias en el diálogo social.

“Es un paso adelante en justicia social. El sistema debe ser suficientemente flexible para proteger a estos colectivos”, ha subrayado Saiz, que ha destacado que se ha establecido el procedimiento siguiendo “criterios objetivos” y que sigue la estela también de otros países, como Francia e Italia.

El reconocimiento de esta jubilación anticipada especial va ligado a un incremento en la cotización a la Seguridad Social para el colectivo en cuestión, que se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año. Este incremento consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora. En ningún caso la edad de jubilación puede resultar inferior a los 52 años, precisa la Seguridad Social.

Qué es una profesión penosa o peligrosa

La ministra Elma Saiz ha explicado que se han definido varios “criterios objetivos” para definir la naturaleza de las actividades profesionales que puedan acceder a estos coeficientes reductores de la edad de jubilación por ser especialmente peligrosas o penosas.

En concreto, la Seguridad Social explica en una nota algunos elementos que se tendrán en cuenta para evaluar cuatro condiciones:

Saiz ha destacado que en todo caso el primer paso es tratar de mejorar las condiciones laborales para que “el trabajo sea seguro” pero que, cuando se estime que no es posible, se podrá dar este siguiente paso de optar a una jubilación anticipada sin penalizaciones, como las que ya tienen (y permanecerán sin cambios) profesiones como la minería, trabajadores del mar y de vuelo, y policías locales, por ejemplo.

Para acreditar que concurren estos elementos y que una profesión es penosa o peligrosa, la ministra ha explicado que se ha elaborado “una fórmula” que tiene en cuenta criterios como el número de bajas laborales en el colectivo de trabajadores, así como el número de fallecimientos e incapacidades permanentes de la profesión y la duración media de las bajas, entre otros. 

También se valorarán “otros factores”, ha subrayado Saiz. La Seguridad Social elaborará “un informe de morbilidad y mortalidad”, en el que se evaluarán cuestiones como las “contingencias comunes, las profesionales, la edad, el sexo, la rotación en el trabajo, la parcialidad, el tamaño de la empresa o la distribución geográfica”, indica el Ministerio.

Cómo puede iniciarse el procedimiento

La solicitud para que una profesión tenga reconocida esta jubilación anticipada especial puede iniciarse “conjuntamente por organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y, en algunos casos, por las propias Administraciones Públicas”, explica la Seguridad Social.

Se hará la petición ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, “que emitirá un informe de morbilidad y mortalidad”, y recabará informes de la Inspección de Trabajo y del Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo. “Y, si es para trabajadores públicos, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública”, explica el Ministerio.

Finalmente, dichos informes se remitirán a una comisión de evaluación, en la que estarán presentes los agentes sociales, y que emitirá el informe final sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen el acceso a la jubilación anticipada gracias a estos coeficientes reductores.

Si se estima la petición, el Gobierno deberá aprobar un real decreto “para que la edad ordinaria de jubilación exigida en cada caso pueda ser rebajaba mediante la aplicación de coeficientes reductores en aquellas ocupaciones o actividades profesionales que resultan afectadas”, añade el departamento de Saiz.