Vox pide al letrado mayor de las Cortes de Castilla y León que “recapacite” sobre su puesto, que depende del presidente

El portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro ha invitado a “recapacitar” al letrado mayor-secretario general de las Cortes de Castilla y León, Marcos Herrero, después de que el Tribunal Superior de Justicia haya emitido cuatro resoluciones judiciales que anulan sus actuaciones —algunas de ellas aprobadas en la Mesa— en relación con varios puestos de trabajo y de que esté siendo investigado por acoso laboral contra una funcionaria. El responsable de su posible cese es el presidente de la Cámara, Carlos Pollán, que de momento se ha negado a comparecer ante los medios de comunicación.

Hierro ha rechazado entrar a valorar “cuestiones de gestión” ni si Pollán debería cesarle o no, pero sí ha manifestado que las sentencias “se deben cumplir” y el parlamento debe ser “una institución ejemplar”. “A lo mejor el letrado mayor debe recapacitar sobre si cuatro sentencias en contra de decisiones tomadas por él e incumplidas son buenas para la imagen de una institución como las Cortes de Castilla y León”, ha manifestado el portavoz del Grupo Vox.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves, David Hierro ha comparado las Cortes de Castilla y León con la del Gobierno de España para medir “la ejemplaridad institucional”. “En un momento en que el presidente del Gobierno está acosado por jueces, tribunales, fiscales, casos de corrupción de su hermano, de su secretario general primero, del posterior, de putas y cocaína... Yo creo que en comparación con eso somos una institución realmente ejemplar”, ha sostenido Hierro, que ha zanjado: “No podemos decir que la institución no es ejemplar por los conflictos que haya entre funcionarios”.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha considerado que esta cuestión es “simplemente intolerable” porque no se ejecutó una sentencia de 2024 y eso ha obligado a la Justicia a ordenar la reposición de esta funcionaria en su puesto de trabajo, por lo que ha exigido la dimisión del presidente de las Cortes, al que hace último responsable. “Le hemos preguntado si conocían la sentencia desde 2024 y que por qué no se ha ejecutado, algo que ha conllevado a unas costas que van a pagar todos los castellanos y leoneses. Y el presidente no nos ha contestado”, ha reprochado la socialista, cuyo grupo tiene presencia en la Mesa. “Son cuestiones muy sencillitas y no nos ha sabido responder. Solo nos queda pedir su dimisión”, ha recriminado.

El PP no pide “ni la continuidad ni el cese”

Desde el Grupo Popular, su portavoz, Ricardo Gavilanes, ha asegurado que ellos no han pedido “ni la continuidad ni el cese” del letrado mayor de las Cortes y ha depositado toda la responsabilidad en Carlos Pollán. “Es él quien tendrá que decidir porque es su competencia”, ha manifestado Gavilanes, quien ha afirmado que esta decisión es “subjetiva” y que él desconoce lo que Pollán “tiene en la cabeza”.

Gavilanes también ha asegurado que desconoce el escrito que ha firmado el vicepresidente primero de la Mesa, el 'popular' Francisco Vázquez, en el que piden asesoramiento externo ante la pérdida de confianza en el letrado mayor. “Desconozco ese escrito porque no lo ha presentado el Grupo Popular”, ha apuntado ante los medios.

“No puede ser que todo lo que no sea penalmente punible sea aceptable”

Uno de los más contundentes ha sido el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que se ha preguntado en qué empresa se mantendría a un “tipo” que tuviera “este récord de sentencias en contra”. “En esta que pagan ustedes [los periodistas] y los ciudadanos. Porque si pagara Pollán, probablemente no se mantendría”, ha zanjado.

“No puede ser que en esta comunidad todo lo que no sea penalmente punible sea aceptable. Yo ya no sé a qué esperan el presidente de las Cortes ni la Mesa para tomar una decisión. La Mesa, el poder Legislativo, ha sido condenada reiteradamente y a pagar las costas por no ejecutar una sentencia. Ha vulnerado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de un funcionario”, ha afeado Francisco Igea. También ha criticado que no aparten al letrado mayor mientras avanza la investigación en el Juzgado de Instrucción por un delito de acoso laboral y otro de prevaricación, puesto que todos los testigos que puedan declarar ante el juez seguirán siendo sus subalternos.

Igea ha subrayado la importancia de los Códigos Éticos y ha considerado “vomitivo” mantener al letrado mayor en su puesto en estas circunstancias. “Es un señor que sale del equipo de Almeida [estuvo como asesor un mes] sin solución de continuidad, con los informes más patéticos que he visto en mi vida, que ha perdido una y otra vez, que es incapaz de organizar una votación de Presupuestos o de candidatos al TSJ, perseguido por la Justicia y que ha sido condenado administrativamente. Y sigue teniendo el respaldo del PP y del presidente de las Cortes, de Vox”, ha resumido.

Desde Podemos, el procurador Pablo Fernández ha tildado el auto de “demoledor” y ha criticado que la Mesa pretendiera eludir el cumplimiento de las sentencias previas. “Si el presidente de las Cortes no le cesa, el que tiene que dimitir es el presidente de las Cortes. Esto es de una ignominia y vergüenza ajena insostenible”, ha concluido.