La Mesa de las Cortes de Castilla y León acuerda devolver a su puesto a la funcionaria que denunció acoso

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha acordado este martes por unanimidad, representantes de PP, PSOE y Vox, ejecutar el auto del Tribunal Superior de Justicia que anula la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada en 2024 y repone en su puesto de jefa de servicio a la funcionaria cuyos recursos hacia decisiones laborales del Letrado Mayor de las Cortes investiga un juzgado por si fueran un caso de acoso laboral.

Fuentes parlamentarias han confirmado a EFE que la reunión mantenida este martes, bajo la presidencia de Carlos Pollán (Vox), ha acordado ejecutar el auto conocido ayer a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL), que a la vez acordó remitir esta información al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid por si pudiera estar vinculada a la investigación abierta por acoso laboral.

Se da la circunstancia de que, para ejecutar este auto, la funcionaria que tendría que ser repuesta en sus funciones de jefa de Servicio de Gestión Administrativa ocupa desde el pasado 9 de mayo, en adscripción provisional, la plaza de responsable de la Intervención General de las Cortes de Castilla y León, a la que optó tras jubilarse su titular el pasado diciembre.

Interventora general

Fuentes parlamentarias han confirmado a EFE que la intención de esta funcionaria es optar de forma definitiva a esta plaza de interventora general, por lo que, en la práctica, la ejecución de la sentencia del TSJ estaría ya realizada a efectos de restaurar los derechos reconocidos a esta funcionaria, aunque quedaría pendiente la situación del funcionario que accedió a la plaza de la Jefatura del Servicio de Gestión Administrativa y también la situación del Letrado Mayor, pendiente de los avances en las diligencias previas abiertas por el Juzgado número 4 de Valladolid.

Consultado por EFE a través del Gabinete de Prensa de las Cortes, el Letrado Mayor del Parlamento, Marcos Herrero, ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Fue esta una modificación que las Cortes hizo, según el auto, con el objetivo de “eludir el cumplimiento” de una sentencia anterior -de mayo de 2022- que ya había tumbado esa RPT y con el fin de que otro funcionario, ingeniero, “pudiera participar en la convocatoria para cubrir el puesto de Jefe de Servicio de Gestión Administrativa el que ya fue nombrado en adscripción provisional y después al resolver la convocatoria”.

De este modo, el auto, refleja que con estas modificaciones también se buscaban perjudicar en su carrera profesional a una funcionaria de las Cortes, que ocupaba dicho puesto en la Jefatura de Servicio, y que mantiene abierta la vía penal contra el letrado mayor de las Cortes, Marcos Herrero, por un posible caso de acoso laboral.

Precisamente, en el auto publicado ayer, el TSJCyL también ha acordado remitir testimonio de particulares al Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid que investiga esta causa paralela, “a los efectos de dilucidar si se ha incurrido en responsabilidad penal”.

Finalmente, el fallo también condena a las Cortes a asumir las costas de este proceso judicial y establece que la Mesa de las Cortes es el órgano responsable de la ejecución de la sentencia, algo a lo que esta mañana ha accedido finalmente.

Investigación de acoso laboral

En relación a este posible caso de acoso laboral que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, la Junta de Personal de las Cortes emitió un informe de 44 páginas y siete anexos con abundante documentación que concluía que “no hay evidencias que permitan afirmar un posible acoso laboral a esta funcionaria”, así como “la inexistencia de quejas previas”.

Dentro de este procedimiento, que determinará si la Justicia archiva el caso o abre juicio oral, el Juzgado ha citado el próximo 5 de junio como testigos a los integrantes de la Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León.E