La Ley de Vivienda del PP en Cantabria: abrazo al rentismo y 'guante blanco' para la escalada de precios en plena burbuja

La Ley de Vivienda del PP para Cantabria, cuyo anteproyecto se encuentra en proceso de alegaciones hasta el 30 de junio, esconde un 'guante blanco' para la escalada de precios. Y es que en plena crisis de acceso a la vivienda en un contexto de burbuja inmobiliaria, la normativa prioriza “la protección de la propiedad privada” y “la lucha contra una ocupación ilegal” que los datos oficiales minimizan, en lugar de aplicar regulaciones coercitivas al mercado.

En este sentido, las 84 páginas del documento que ha desarrollado la Consejería de Roberto Media (PP), consultado por elDiario.es, no contemplan controles sobre el encarecimiento de los alquileres. Y es que, como dijo el propio titular de Vivienda, “limitar los precios se hace en Cuba y en otros países comunistas”, por lo que Cantabria no aplicará esa medida que contempla la ley estatal.

En su lugar, el anteproyecto del Gobierno autonómico pone en evidencia que el modelo del PP tiene un enfoque continuista con el rentismo, reforzando los intereses del sector inmobiliario privado a través de incentivos fiscales para los propietarios y de una colaboración público-privada que, lejos de frenar la escalada de precios, contribuye a reforzarla.

En este sentido, el texto afirma que, para el mercado libre, la norma “establece medidas concretas que incentivan la construcción, el alquiler y la venta de viviendas” mediante “ayudas económicas y administrativas destinadas a dinamizar el sector y fomentar la actividad inmobiliaria”.

Lo que viene siendo confiar en el dogma liberal de que la 'mano invisible' regula el mercado, de forma que revitalizando la iniciativa privada -con subvenciones, desgravaciones y seguridad jurídica- se aliviará la tensión de precios, sin necesidad imponer límites obligatorios al lucro inmobiliario. Así, lo que el PP presenta como una solución es en realidad ya ocurre ahora y se demuestra, a la vista de los problemas de acceso a la vivienda, como una fórmula fallida.

La ley enumera un paquete de actuaciones para facilitar vivienda asequible: promoción de viviendas a precio tasado, impulso de modalidades alternativas, como coliving o cohousing, y movilización de viviendas vacías mediante programas de incentivos, cesiones y garantías públicas.

Entre ellos, destacan bonificaciones fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para propietarios que participen en programas de alquiler social, así como ayudas a la rehabilitación de viviendas para su inclusión en el mercado de alquiler asequible. Además, se pretende crear un Fondo Público de Garantía para asegurar el pago de rentas impagadas y proteger a los arrendadores.

“Todas estas medidas se instrumentan en régimen de colaboración público-privada, asegurando la rentabilidad social de las inversiones”, subraya el texto, dejando entrever que el marco predominante sigue siendo el de estimular al inversor y al propietario, buscando un equilibrio entre beneficio privado y retorno social, pero sin cuestionar el modelo que sustenta la especulación inmobiliaria.

Tal y como era previsible, la normativa autonómica del PP no cuestiona las reglas del juego del mercado inmobiliario privado, sino que busca orientarlas de manera laxa hacia fines sociales, ofreciendo seguridad al arrendador y ayudas al inquilino vulnerable, pero sin imponer cargas a los grandes tenedores ni sancionar la especulación.

Y es que en la propia rueda de prensa de presentación del anteproyecto, el consejero de Vivienda aseguró que en Cantabria “no hay grandes tenedores”. “Puede haber alguno, pero no es lo normal”, dijo, para posteriormente hacer una apología del rentismo: “Esto [los beneficios fiscales] está pensado para aquel que tiene una vivienda que ha heredado o que compró con la idea de sacar sus 700, 600 o 500 euros como un complemento a su pensión”.

Por otro lado, la normativa del PP contempla un conjunto de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, con la oficina “antiocupación” como iniciativa estrella. No obstante, en ningún punto del texto se aportan cifras de ocupaciones ilegales ni estudios que justifiquen que se le dé tanta importancia a un asunto que los datos oficiales apuntan a que son residuales y van a menos en los últimos años.

Y es que para el consejero de Vivienda, las cifras oficiales de ocupación no son una variable a tener en cuenta a la hora de legislar: “Una ocupación es mucho, porque la propiedad privada es sagrada”, ha asegurado en más de una ocasión.

Así pues, de las afirmaciones de Roberto Media sobre esto último y sobre su defensa del modelo rentista, se explica el notable contraste que existe en este anteproyecto de ley entre la 'mano dura' contra las ocupaciones ilegales y el 'guante blanco' para la escalada de precios, rechazando intervenir el mercado de la vivienda para poner freno a la especulación.